A partir del decreto 215/2024 el Gobierno Nacional, con buen criterio, intervino los fondos fiduciarios y dispuso auditorías a cargo de la SIGEN para evaluar cómo se aplicaron esos recursos que son de todos los argentinos. Las mismas coincidieron con nuestros resultados mostrando ausencias o errores en las rendiciones de cuentas, normativa y manuales de procedimiento; también fallas de administración y hasta incumplimientos de los objetivos de los contratos.

En consecuencia, se dispuso la liquidación progresiva de diferentes fondos por ser considerados “curros de la política”, que sin duda perjudicaron a toda la sociedad constituyendo una estafa económica y moral, ya que los fideicomisos del Estado obtienen ingresos de fondos provenientes por tasas, cánones, aranceles y/o impuestos.

En ese sentido desde marzo de 2024 se liquidaron varios fideicomisos y fondos reservados avanzando primero sobre los creados por decretos del PEN y dejando algunos vigentes por cláusulas contractuales, derechos adquiridos y obras en marcha en provincias. Quedan casos más complejos por su origen en leyes donde, al no tener el gobierno mayoría parlamentaria, necesita acuerdos concretos con la oposición cosa que no ha resultado fácil. Ante esto, el control sobre estos fiduciarios por parte del Estado debe intensificarse de manera de evitar los abusos ya conocidos y demostrados, hasta que llegue la mejor solución.

Así, fueron eliminados engendros de magnitud como el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria o el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor. Luego, en enero se disolvieron varios creados con objetivos de dudosa viabilidad, como el Fideicomiso Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Los motivos van desde haber alcanzado plazos y/u objetivos parciales del negocio subyacente (inexistencia de elementos para mantenerlos activos) hasta el incumplimiento parcial o total de los objetivos planteados en su creación.

Oportunamente, acompañamos la decisión de cerrar los fondos que no hayan cumplido con los objetivos contractuales o que hayan demostrado faltas de idoneidad, desvíos o ilegalidades, ya que no solo generan un grave perjuicio para la sociedad sino que también dañan la imagen del instituto del fideicomiso.

En nuestro carácter de especialistas, somos promotores del fideicomiso como herramienta de valor diferencial para los proyectos del sector real productivo, con ventajas comparativas frente a las empresas tradicionalmente estructuradas (independencia patrimonial, flexibilidad en la gestión, baja del riesgo inherente a la firma, versatilidad y adaptación al negocio, etc.) y que, conducidos por un fiduciario que revista idoneidad y experiencia, serían el vehículo ideal para afianzar el despegue económico y cultural que el país ha iniciado.

Sin embargo, en enero se publicó el decreto n. 4/2025 que prorroga el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) hasta diciembre de 2027. Este fondo fue constituido por el Estado a través de la Ley 25.997 para financiar políticas relacionadas con el turismo en el país y posee diversas fuentes de financiamiento como los aportes del Tesoro Nacional, gobiernos provinciales y municipales, además, donaciones, legados, aranceles y tasas específicas a lo que se agrega un impuesto del 7% sobre los pasajes internacionales. 

La administración del FONATUR está a cargo de la Secretaría de Turismo que actúa como la “autoridad de aplicación” (figura inventada en los fondos fiduciarios sobre la cual somos muy críticos) y quien tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia en el uso de los recursos, priorizar los proyectos con impacto significativo y supervisar la correcta ejecución de los fondos asignados.

Pero sorprende y no gratamente que, frente a lo demostrado en nuestras investigaciones a las que se agrega el resultado de las auditorias de la Sigen encargadas por este gobierno, se haya decidido la prórroga de este fondo en particular, que obtiene sus recursos de los contribuyentes y encarece el valor de los pasajes. Obviamente, esto contradice medidas como la eliminación del impuesto PAIS pero más aún, se opone a la línea política definida por el Presidente hacia una economía más libre, desregulada, competitiva y con menor presión fiscal. Vale aclarar que la crítica focaliza en el mal uso que hace el Estado del fideicomiso, que no dudamos que, bien aplicado, es generador de alto valor para la concreción de las políticas públicas que benefician a la población.

Si bien estábamos a la espera de novedades sobre la intervención de otros fondos de abuso discrecional como es el caso del FISU (fondo de integración socio urbana) sobre el cual ya hemos aportado una contundente evaluación técnica negativa, mientras, nos preocupa la ratificación del Fonatur sin justificarlo en relación con sus objetivos y performance. 

En consecuencia, sería importante realizarle una auditoría que muestre si los fondos fueron aplicados a proyectos y en que actividades, cuál fue su performance, qué valor agregado se generó y como ayudaron a la expansión del sector privado productivo. De no superar esta prueba ácida, este fondo debiera liquidarse al igual que otros donde quedó demostrado que bajo la supuesta noble intención de ejecutar políticas públicas para el bien común, en realidad se buscaron fines prebendarios y clientelistas.