En Tierra del Fuego se estableció, con un amplio consenso político, que los empleados públicos se jubilen a los 55 años, hasta el 31 de diciembre del 2027. Actuarialmente, incumplible. La medida es otra evidencia de que la decadencia es producto de los consensos en torno a políticas equivocadas. Asimismo, se establecieron reglas que aumentan los haberes y se fijó un mínimo de 30 años de aporte, de los cuales 25 tienen que ser hechos en la provincia, mientras que los restantes pueden ser cubiertos con aportes nacionales o de otros sistemas.

La Caja de Previsión Social de esta provincia sufre una crisis de financiamiento, como le ocurre a la mayor parte de la previsión social en nuestro país. Ya para el 2017, se intentó paliar los problemas con una resistida reforma, tendiendo hacia una armonización parcial con los parámetros jubilatorios del régimen nacional. Aunque, con la norma recientemente sancionada, se generó una ventana hasta el 2027 para que los empleados públicos se sigan retirando a los 55 años de edad.  

Para ponerlo en perspectiva, una persona se retira a los 55, con 30 años aportes. De los cuales, 25 tienen que ser como mínimo en la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego. Según el boletín demográfico de la CEPAL, en la Argentina, la esperanza de vida a los 55 años de edad es de aproximadamente 85 años. Estos datos implican que la persona estará jubilada durante más tiempo que el que hizo aportes a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego.

Lo que queda en evidencia es la profunda inconsistencia de estas reglas previsionales. Se asume el compromiso de pagar jubilaciones por más tiempo del que se aporta. Por otra parte, el haber se incrementa de manera que, en la mayoría de los casos, la jubilación es superior a la media del salario sobre el que se aportó. En pocas palabras, para que esto sea financieramente consistente, el trabajador activo debería  destinar más de la mitad de su remuneración al sistema previsional.

Lo que se esgrime, para justificar la medida, es que la Caja de Previsión actualmente es superavitaria, en un sistema previsional relativamente joven como el fueguino. Claramente, con apenas 40 años de operación, todavía disfruta de una baja proporción de jubilados respecto de trabajadores activos (7 mil contra 23 mil). No obstante, es una medida cortoplacista, siendo que el gasto previsional ya representa el 15% del total del gasto público de la provincia. Comparativamente, la inversión en educación primaria y secundaria de Tierra del Fuego representa el 22% del gasto público provincial. De esta forma, sería factible que, en 2028, el gasto en jubilaciones de los empleados públicos sea equivalente al gasto en educación básica.

En síntesis, la falta de precaución en la política previsional no es un hecho aislado. Es un fenómeno generalizado y de larga data. En Córdoba, en 1990, se aprobó, con un consenso también unánime, una norma previsional de similares contenidos. Con posterioridad, el desequilibrio previsional desestabilizó las finanzas públicas de esa provincia, generando una crisis económica y política y daños institucionales. El caso de Tierra del Fuego es una evidencia de que en materia administración del Estado no hay grieta. Lo que hay son consensos que sostienen políticas erróneas y con consecuencias considerables. En la medida en la que no se expliciten y cuestionen estos consensos equivocados y se impongan criterios más responsables y racionales en la organización y gestión del Estado, no habrá posibilidades de salir de la decadencia.