Secretos de las elecciones: estalló el modelo kirchnerista

Comenzó el año electoral y el gobierno de Alberto y Cristina tiene un objetivo excluyente: ganar las elecciones legislativas, mojón fundamental para consolidar el camino para garantizarse la continuidad en el 2023.

Si bien el 2023 para el común de la gente es como hablar del siglo que viene, en política el tiempo no se rifa. Bien lo sabe Cristina y se lo recordó con toda claridad a Alberto. En un año electoral no se toman medidas “antipáticas”, no se aumentan tarifas, no se le complica la vida a la gente, se los deja disfrutar, y que la “fiesta” la paguen los que más tienen.

En este marco, se explica que:

-Difícilmente haya un acuerdo con el FMI en el primer semestre. En este punto, ni el gobierno argentino está dispuesto hacer el ajuste necesario ni el Fondo puede avalar cualquier programa. Cabe recordar que el organismo autorizó un préstamo de más de 50.000 millones de dólares que no tuvo ningún resultado. En consecuencia, tanto para el Gobierno como para el FMI, la estrategia de “patear para adelante” el acuerdo sería la solución más conveniente. Esto no significa caer en default con el organismo, simplemente llevar a largas el futuro acuerdo. Puede haber algún pronunciamiento a fines de abril, pero nada sustancial, manifestaron a Data Clave tanto fuentes locales como de Estados Unidos.

- El gobierno se corre de la pandemia, ahora “sugiere”, “recomienda” pero delega la responsabilidad en los gobernadores y ellos también en sus intendentes. Es que el ánimo dela gente muestra con claridad que la capacidad de hacer cumplir las restricciones se encuentra en su nivel más bajo. Un ejemplo: el gobernador Axel Kicillof no pudo ni siquiera establecer pautas mínimas en su territorio.

- Los únicos beneficiarios serán los que menos tienen y algunos de los más ricos. Puede sonar contradictorio, pero en el kirchnerismo siempre supo mantener la adhesión de los sectores de menores recursos y fortalecer al “capitalismo de amigos”.

- Las crisis generalmente afectan más a los sectores medios (unos electorados díscolos) y la pandemia contribuyó a expulsar a muchos de ellos. Argentina en términos internacionales, está muy “barata”, hoy es posible comprar activos por centavos. El mejor ejemplo es la venta de Edenor, pero no será el único ni el último.

- Los “enemigos” de este año: aquellos que puedan levantar una voz crítica. Se detecta entre estos grupos claramente a ciertos sectores de la Justicia, el campo –hoy en paro-, grandes empresarios, algunos gremios y medios de comunicación. En este tema, se están dando peleas como la “reforma del sistema de Salud” que, si bien puede ser que no prospere, sí se tenderá a someter a estos sectores, de manera similar a lo que ocurre en la disputa con el campo. Los servicios de tecnología de la información y comunicaciones también están en la mira. Los gobiernos saben el poder (positivo o negativo) de las redes. En el caso argentino, las limitaciones a las subas de precios y la imposición de planes promocionales son interpretadas por las telco como una forma de debilitarlas y controlarlas. En el sector se recuerda que Néstor Kirchner en su momento quiso comprar al Grupo Clarín.

En este contexto, no sorprende que el Foro de Convergencia –que representa la voz del mundo empresario-, este sábado haya dado a conocer un comunicado alertando sobre esta situación.

Llevando a largas

Si hasta hace un tiempo existían dudas sobre el curso de la política económica, en las últimas semanas estos interrogantes se han ido despejado a partir de la “centralidad” que ha adoptado la vicepresidente Cristina Fernández en la toma de decisiones del Gobierno, ocupando, para algunos, el espacio dejado por el presidente Alberto Fernández. En este contexto, todo indica que el “modo electoral” orientará las medidas –como ya se viene observando-, un escenario en el que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiende a alejarse, al menos hasta fin del año.

“Hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo los de los alimentos y tarifas (…) Acá la actividad económica la mueve la demanda. Y a la demanda no hay otra manera de hacerla que, a través de salarios, jubilaciones, y con precios de alimentos accesibles”, sostuvo Cristina Kirchner en el discurso que pronunció el 18 de diciembre en el Estadio Único de la Plata.

La reacción desde el Poder Ejecutivo no se hizo esperar. Hitos en este sentido fueron la modificación de la fórmula de actualización para las jubilaciones, la extensión del congelamiento de las tarifas públicas (ambos efectos implicarían un gasto adicional cercano a 1% del PBI) y el presidente dio marcha atrás en una actualización de los servicios de la medicina prepaga.

La ruta trazada por la vicepresidente perfila enviar a un callejón sin salida al intento de consolidación fiscal esbozado por el ministro de Economía, Martín Guzmán y, en consecuencia, a dificultar un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cabe señalar que Guzmán cada vez más olvida su traje académico y calza con gusto el de político. Ya hace tiempo vio que para tener éxito es necesario ocupar casilleros y lo viene haciendo paso a paso.  Su último desembarco fue colocar a Diego Bastourre como director de Banco Central desplazando al representante de Roberto Lavagna, Carlos Hourbeigt. También se garantizó ocupar una poltrona en el Consejo Económico Social, con Aroldo Montagu, lugar donde buscará restar el peso de los otros dos sectores: empresarios y sindicalistas.

Es que, por mucho que haya cambiado en los últimos años, la preocupación central del FMI sigue siendo recomponer la capacidad de pago de los países, lo cual lleva inexorablemente –según la religión del organismo– a un “ajuste”, algo que se presenta como indigerible para un Gobierno preocupado por ganar las cruciales elecciones de medio término.

Las negociaciones ya venían difíciles antes de las directivas de Cristina. Baste recordar que el proyecto de presupuesto presentado por Guzmán contempla un déficit de 4,5 puntos del PBI, cifra que mereció la objeción de los técnicos del organismo multilateral, según señalan informaciones provenientes desde Washington. Y este cálculo no tiene en cuenta el –previsible– aumento de los gastos públicos para atender el rebrote de los casos de Covid 19.

Más aún, el Gobierno necesita disponer de margen de acción para impulsar la obra pública y tomar otras medidas que permitan lograr la recuperación de la economía. Y el centro de interés se encuentra en la provincia de Buenos Aires, que representa el 37% del electorado y es el bastión del kirchnerismo.

Al respecto, no es casual que casi la mitad de los fondos discrecionales otorgados por el Tesoro Nacional en los 11 primeros meses del año pasado –46%- hayan tenido como destino el territorio bonaerense (la segunda beneficiaria fue Córdoba, pero muy a distancia, con el 6,3%), según Synopsis (en el 2019 Buenos Aires había recibido sólo 19%).

Para bailar un tango se necesitan dos. Y en esta danza, el FMI tampoco parece interesado en acelerar los tiempos. Por un lado, porque no podría aceptar por parte de Argentina un programa en extremo laxo como demandan los tiempos electorales, ya que sentaría un precedente negativo.

Pero, por otra parte -y no menos importante-, la información que llega desde Washington da cuenta que, pese al cambio de administración en los Estados Unidos, el principal socio del FMI no tendría interés en facilitarle las cosas a la Argentina.

Especialistas en política internacional señalan que la relación con Venezuela es el punto de mayor interés de la política exterior estadounidense con relación a Latinoamérica y, en este terreno, la conducción argentina “sigue enviando señales contrarias a los intereses norteamericanos”. Así, sostienen que fuentes del Departamento de Estado criticaron la visita de un representante argentino al Congreso venezolano cuya conformación es cuestionada por los EE.UU, ya que surgió de elecciones que la primera potencia (y buena parte del mundo) considera fraudulentas.

Postergar un acuerdo con el FMI la consecuencia será tensionar la relación con los organismos multilaterales de créditos. Con estos acreedores el país debe afrontar vencimientos, entre capital e intereses, por algo más de 10.000 millones de dólares (FMI: 5.072 millones, Club de París: 2.895 millones y otros organismos: 2.369 millones).

Sin embargo, el primer vencimiento importante con el Fondo se producirá hacia septiembre, es decir después de las elecciones primarias, y demandaría cerca de 2.500 millones de dólares, una cifra que el país podría afrontar, si siguiera contando con condiciones favorables en los mercados internacionales. Para el resto de los organismos, la decisión oficial consistiría en extender las negociaciones o realizar mínimos desembolsos.

De esta forma, Argentina continuaría con una situación externa irregular que difícilmente permita bajar el riesgo país, pero esta alternativa aparece como un mal menor para los estrategas oficiales más preocupados por asegurar el resultado electoral, según se comenta en fuentes cercanas al Gobierno.  

Más regulaciones

La adopción del “modo electoral” supone una creciente intervención del Estado en la economía. En lo inmediato, el Gobierno sigue aplicando restricciones a las importaciones –el Banco Central recientemente restringió el acceso al mercado de cambio para la compra externa de bienes suntuarios- y todo indica que seguirá administrando el comercio exterior.

Estas, junto con otras medidas (como la posibilidad de inversión en instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio, posibilitaron descomprimir la presión sobre el dólar.

Tras haber llegado a un mínimo de menos de 4.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad, en las últimas semanas el BCRA logró recomponer unos 1.000 millones de dólares, una cifra menor pero que cambió la tendencia de fuerte pérdida de divisas que se registró hasta noviembre pasado.

Los analistas del mercado consideran que la situación sigue siendo delicada, ya que son muy bajas las reservas en poder de la autoridad monetaria, pero también señalan que el Gobierno va ganando tiempo apuntando a llegar a marzo/abril, cuando la oferta de dólares aumenta por el ingreso de las divisas generadas por las exportaciones de la cosecha gruesa.

Paralelamente, y siguiendo la directiva de Cristina de alinear salarios, jubilaciones y precios, el Gobierno presiona a los productores de alimentos para que morigeren los precios (en este contexto se explica el cierre de las exportaciones de maíz) al tiempo que difiere los aumentos de tarifas.

Las medidas de “represión” de precios están provocando reacciones del empresariado que ha advertido sobre los problemas que estas medidas pueden llegar a causar en el tejido productivo. La industria alimenticia, a través de su entidad gremial COPAL, advirtió que mientras se mantienen regulados los precios finales, “se han verificado persistentes incrementos de costos, en algunos casos superiores al 100%, que han dejado a nuestras industrias en una crisis sin precedentes, donde se ha puesto en jaque la sustentabilidad de muchas empresas y empleos”.

En casos extremos, como la medicina prepaga, los directivos advierten que está en riesgo la continuidad de la actividad.

Con respecto a las tarifas de los servicios públicos, en fuentes oficiales se señala que se articularán ajustes diferenciales consistentes en mínimos o bajos retoques tanto para las pymes como para los consumidores con menores ingresos, e incrementos superiores para las grandes empresas y usuarios con alto poder adquisitivo.

Uno de los problemas serios que se plantea en el Gobierno es el manejo del tipo de cambio. Las consultoras privadas estiman que en diciembre pasado la inflación se ubicó en torno de 3,5/4% y que en los primeros meses del año difícilmente descienda de 3%. Si las autoridades quisieran cumplir con el compromiso de no retrasar el dólar, deberían ajustar en esta proporción la paridad oficial, con el inconveniente que estos incrementos establecerían un piso a las subas de precios, dado el carácter referencial de la divisa norteamericana.

En suma, el Gobierno intenta transitar por un estrecho sendero imponiendo restricciones al mercado de cambios y crecientes controles de precios, que le permita llegar en las mejores condiciones a las elecciones de medio término.

Algunos prevén que no le irá bien. “Creemos que el partido de Gobierno perderá terreno en el mediano plazo, desencadenando un proceso de recriminación y disputa dentro de las facciones centristas y de izquierda de la coalición gobernante que dañará la gobernabilidad y provocará más malestar laboral y social”, acaba de señalar un informe reservado de The Economist Intelligence Unit.

Sin autoridad

El fuerte aumento de los contagios de coronavirus es uno de los mayores problemas inmediatos. Si bien las nuevas cepas de la enfermedad son mucho más contagiosas que las primeras, hasta ahora no ha aumentado la mortalidad, al menos en los países desarrollados, y los laboratorios sostienen que las vacunas son efectivas también para estas variantes.

Estas esperanzas chocan con una dura realidad en la Argentina en donde los Gobiernos (tanto nacional como provinciales e intendentes) han perdido autoridad para imponer nuevas restricciones a la circulación, como revelan las últimas decisiones emanadas del Ejecutivo.

A diferencia de lo sucedido al comienzo de la pandemia, cuando se coordinó e implementó un severo confinamiento, ahora y ante el hartazgo de la sociedad, las medidas quedaron libradas a las decisiones de gobernadores e intendentes. Y nadie parece dispuesto a ser riguroso fundamentalmente porque las encuestas revelan que si las normas son muy restrictivas, la gente simplemente no las obedecería. En este sentido, la política habría subestimado las consecuencias del estricto encierro que se dispuso el año pasado. Así, los especialistas advierten que se abre un escenario incierto y riesgoso sobre cómo evolucionará la situación sanitaria.

Sin embargo, el Gobierno cuenta con cartas a favor. Una importantísima es la situación internacional, en donde los precios de las materias primas han tenido una notable recuperación. Desde principios de noviembre el petróleo subió más de 40%, la soja 30% y el maíz 25%.

Cierto es que los excedentes agropecuarios están amenazados por las condiciones climáticas – la sequía derivada de “La Niña” estaría provocando una caía del orden de 7% en la cosecha-. Pero, si como se espera, el fenómeno fuera moderado, los ingresos por las exportaciones del complejo sojero podrían crecer este año un 37% y llegar a 22.580 millones de dólares, debido a la suba del precio internacional de la oleaginosa y sus derivados industriales, según una proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario. Serían unos 6.100 millones de dólares más que lo despachado durante el ciclo 2019/20.

De esta forma, y como sucedió con el gobierno de Néstor Kirchner, la actual administración contaría con la suerte de altos precios internacionales. Tal vez, y como afirmó el economista radical Mario Brodershon, Dios no sólo sea argentino, sino también peronista.