El “matrimonio gobernante”, Alberto Fernández y Cristina Fernández, cumplió el 10 de diciembre su primer aniversario -las bodas de papel- sorprendiendo a todos al  mostrarse juntos en un acto en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En lo que ya parece un nuevo estilo, la vicepresidente Cristina Fernández recordó la fecha con una carta en la que no nombró al presidente Alberto Fernández -de manera formal se refirió al Poder Ejecutivo, no a “nuestro gobierno” como esperaban en la Casa Rosada- en la que ponderó lo actuado por este poder y el legislativo, para luego denostar al tercer pilar de la República, la Justicia.

En este contexto, la presencia de Cristina en la ESMA se explica más por el gesto de “mostrar a la Corte Suprema un gobierno unido en los poderes ejecutivo y legislativo que por un acercamiento al presidente”, se interpreta.

El primer mandatario, por su parte, se sumó a lo planteado por la señora de Kirchner afirmando que el Tribunal se comporta con “un nivel de discrecionalidad pasmoso que no puede tolerarse y debe ser corregido”.

Para la revista The Economist se trata de “un matrimonio sin amor”, pero la información obtenida por Data Clave, tanto en fuentes del “albertismo” como del “cristinismo” descarta un divorcio. Podrá ser una convivencia incómoda, cuyas tensiones necesariamente sentirá el país, pero como se viene señalando desde esta columna, nadie piensa en una ruptura.  

La impresión predominante en el entorno más cercano del presidente Fernández es que en este primer año “las cosas se hicieron muy bien, teniendo en cuenta que no pudimos desarrollar nuestros planes iniciales porque debimos enfrentar la emergencia desatada por el Covid”. Agregan, como muestra del éxito, que “a ningún argentino le faltó asistencia ante la pandemia” y rematan con la expectativa de una sustancial mejora a partir de la adquisición de vacunas.

Al menos una buena parte de la sociedad no coincide con el diagnóstico oficial. Es la que recuerda que la Argentina está entre los 6 países con peor desempeño cuando se combinan los datos de caída de actividad -cerca de 11% en el año- y cantidad de muertos por habitantes provocados por la pandemia.

Postal de la fórmula presidencial en el último acto en la ex ESMA, en el Día de los Derechos Humanos y del retorno democrático en Argentina.

Ataque

La carta de Cristina se caracterizó por una frontal crítica al desempeño de la Justicia y particularmente de la Corte Suprema, a la que acusó de lawfare, es decir utilizar causas inventadas para combatir a gobiernos populares (el caso más resonado, Lula Da Silva en Brasil).

Desde la oposición evalúan que, en realidad, la vicepresidente se pronuncia de manera contundente contra la Corte por los avances que están teniendo los juicios en su contra y en contra de funcionarios de su anterior gobierno. En este sentido interpretan la decisión de Casación de ratificar la constitucionalidad de la ley del arrepentido, dejando vía libre para el juicio oral, como así también la condena al ex vicepresidente Amado Boudou.

Efectivamente, en este año de gobierno del Frente de Todos no se observan novedades que favorezcan la situación judicial de Cristina de Kirchner y su familia.

En estos círculos se considera que el Poder Judicial es el único capaz de poner freno al avance de la vicepresidente. El partido gobernante no sólo controla el Ejecutivo, sino también el Legislativo, como acaba de demostrar – indican – el reciente apoyo de los diputados de Córdoba al recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una provincia en donde el kirchnerismo registra un alto índice de rechazo, y su gobernador, Juan Schiaretti, fue imaginado por algunos referentes del justicialismo como la persona más indicada para agrupar al peronismo en un intento de poner límite al kirchnerismo. Sin embargo, especulan, las necesidades  financieras del territorio parece que pudieron más. Lo mismo habría sucedido con Jujuy, provincia gobernada por la oposición.

El hijo en el medio

Tanto en la Casa Rosada como en el entorno de la vicepresidente se señala que la carta de Cristina “no apunta a debilitar a Alberto, sino al contrario, a fortalecerlo”.

Cerca del primer mandatario señalan que hay coincidencia en cuanto a que en muchos aspectos la Justicia está fallando, como señaló el propio Alberto Fernández el jueves al recordar que ya lleva 25 años la causa de Río Tercero (las explosiones intencionales ocurridas en las instalaciones de la planta de esta localidad cordobesa de Fabricaciones Militares, en un intento de encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, según lo determinado tiempo después por la Justicia). Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. “La Justicia no está funcionando bien”, aseveró Alberto.

Dicho sea de paso, el presidente cuestionó la falta de avances en la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo (estancada en Diputados), una propuesta que, sostienen, apunta mejorar la justicia federal en aspectos que no sólo tienen que ver con la corrupción, sino también con otros de sumo interés para la gente común como los delitos por narcotráfico.

Algunos interpretaron que este reproche iba dirigido tanto a Sergio Massa como a Máximo Kirchner y también como una (lavada) crítica a que el Parlamento no funciona tan bien como afirma Cristina en su carta.

Cuando desde el cristinismo sostienen que la crítica al Poder judicial de la vicepresidente apunta a defender a Alberto, argumentan que “la Corte está jugando políticamente en contra del Gobierno”.

Postal de la Corte Suprema de Justicia, la piedra en el camino del kirchnerismo

Al respecto, sospechan que el máximo tribunal podría pronunciarse en contra de la decisión del Poder Ejecutivo de restarle recursos coparticipados a la Ciudad de Buenos Aires. Otro tema caliente que tiene en sus manos el máximo tribunal es el pedido de inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a los ingresos brutos sobre las Leliqs que dispuso CABA. Más aún, consideran conveniente que Cristina juegue el rol de “comisario malo”, dejando para Alberto el papel de “comisario bueno”, dadas sus dotes de negociador.

Más allá de estas especulaciones, en el ámbito oficial se confirma que hace casi dos meses que el presidente y su vice no se hablan. Peor aún, desde el entorno de Cristina sostienen que ella ahora “se entera por los diarios” de algunas medidas.

Los allegados a la ex presidenta señalan que en todo momento Cristina “lo dejó gobernar a Alberto, al punto que ni pisó la Casa Rosada”, pero también se lamentan que el primer mandatario “no aproveche la experiencia de alguien que gobernó durante ocho años al país”.

Algo que pocos saben es que el principal puente entre el presidente y la vice es Máximo Kirchner. Quienes conocen la entretela de estos vínculos recuerdan que hacia 2008, cuando Alberto dejó de ser jefe de Gabinete, Máximo siguió teniendo contacto.

El hijo de Cristina suele hacer equilibrio entre ambos, una tarea difícil ya que, señalan, se trata de dos personas de carácter. “No es fácil conciliar -agregan- cuando de un lado está tu madre y del otro está Alberto, al que conoce desde hace muchos años y le tiene afecto”, sostienen.

Con más casi dos meses sin conversar de asuntos de Estado, desde el lado del presidente hay quienes interpretan que “esta es la forma que tiene Alberto de consolidar su liderazgo”, toda vez que no se han detectado gestos de acercamiento por el lado del primer mandatario.

De todas formas, se insiste tanto en la Casa Rosada como en el Instituto Patria, “hemos aprendido que divididos perdemos” ratificando que, con sus altibajos, la coalición seguirá unida, sobre todo teniendo en cuentas que buena parte de la suerte del gobierno se juega en las elecciones del año próximo.

Más profundo aún, desde el entorno más cercano a Cristina se señala que la estrategia de la líder del kirchnerismo es apostar en 2023, tanto a la relección de Alberto en la presidencia como de Axel Kicillof en la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Errores

Hablando de Kicillof, en el entorno de Cristina se sabe que sigue siendo el principal referente económico de la vicepresidente, en momentos en que también se observa un distanciamiento con el jefe del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán. En cambio, el ministro de Economía cuenta con un respaldo pleno del presidente.

Desde el entorno de Cristina lo consideran un buen técnico, pero también señalan que “le falta calle y conocimiento de los actores, no sabe quién es quién en el poder económico”.

Son varios los “errores” que el cristinismo atribuye a Guzmán, pero uno de los que más ha preocupado es lo que consideran “la grave equivocación de retirar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de un ponchazo”, ya que “deja desprotegido a un vasto sector de la sociedad que no accede a la ayuda estatal”.

Preocupado por la situación fiscal, el ministro Guzmán impulsó la eliminación del IFE, una asistencia que alcanzó al 20% de la población, según un informe realizado por el ANSES (8.857.063 beneficiarios). Ni la vicepresidente ni por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo estaban de acuerdo con este abrupto corte de la asistencia. Se inclinaban por reducirlo y, en todo caso, aplicarlo a planes que generen trabajo, pero consideraban que la eliminación del IFE supone dejar sin ayuda a un sector importante de la sociedad que no recibe ningún otro apoyo estatal.

El ministro "técnico" pero "sin calle"

Esta posición chocó con la opinión de los movimientos sociales, que presionaron por que la eliminación del IFE fuera reemplazada por aumento de las ayudas sociales en los planes que ellos manejan, señalan.

Dicen que uno de los dirigentes que más jugó en este sentido fue Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita. Y que Alberto Fernández cedió para no tener más conflictos, dada la capacidad de movilización de estas organizaciones.

Pero hay sectores dentro de la coalición gobernante que cuestionan la decisión. “En el mismo barrio convivirán familias que recibirán hasta 60.000 pesos por planes sociales y otras que sólo tendrán un plato más de comida”, comentan, señalando que los destinatarios de las broncas por estas diferencias, serán los cuadros políticos del gobierno, particularmente los intendentes.

Aquí vuelve a plantearse el conflicto entre organizaciones como La Campora y los intendentes, por un lado, con los movimientos sociales, por otro. “Están dentro del Gobierno, pero juegan su propio partido, buscan rédito para su gente, pero no se comprometen políticamente”, cuestionan los primeros. 

Para compensar esta situación -y evitar un diciembre “caliente”- en la provincia de Buenos Aires se decidió reforzar en 2.900 millones de pesos la ayuda alimentaria que se brinda en las escuelas y duplicar la entrega de alimentos a 2 millones de personas (a través de instituciones, comedores, etc.). Cómo asimismo otorgar 1 millón de cajas navideñas (municipios comunidades religiosas, entre otras) con un presupuesto de 6.000 millones para atender precisamente a los que no tienen cobertura, según explicó un funcionario a Data Clave.

Tensa calma

El mercado de cambios vivió una tensa calma en los últimos días, según los operadores. El ministro Guzmán señaló que se registró “una significativa baja” en la brecha que separa al dólar oficial de las versiones alternativas -efectivamente se pasó de una diferencia superior a 100% en el peor momento, a algo más de 70% en los últimos días-.

La estrategia oficial -consistente en evitar a toda costa un salto discreto en el tipo de cambio oficial- se vio favorecida por las condiciones internacionales -pérdida de posición del dólar, suba de las materias primas, entre otros-.

Y también por cuestiones internas ya que la mayor demanda estacional por pesos (pago de aguinaldos) junto con la absorción de dinero mediante instrumentos dólar link por parte de las autoridades, restó presión compradora al mercado de cambios.

También jugaron en este sentido las férreas restricciones que las autoridades imponen a las importaciones. Tanto es así que hasta hay negocios de electrodomésticos que llenan las vidrieras con cajas vacías, ante la falta de productos.

Pero esto no significa que la situación se haya normalizado. Si bien las reservas se recompusieron marginalmente, las “netas” siguen siendo muy bajas -menos de 4.000 millones de dólares- según cálculos privados.

En este marco, nadie se anima a predecir en el mercado de cambios que no vuelva a presentarse tensiones en los dólares paralelos con el comienzo del año. Siguen sobrando muchos pesos -los billetes y depósitos subieron más de 70% en el año-. Si este excedente se canalizara a los bienes se aceleraría la inflación, y si va al dólar subirían las tensiones cambiarias.

En lo inmediato, la conducción económica está siendo exitosa en su tarea de cerrar la brecha entre el dólar oficial y los alternativos, pero, como se señaló, a costa de restringir las importaciones con el consiguiente impacto negativo en la actividad.

La quietud también es considerada “artificial” por la represión que imponen las autoridades sobre determinados precios. Según el sector de consumo masivo, los “precios máximos registran un retraso de entre 20 y 25%”.

Entre los economistas existe consenso en cuanto a que para estabilizar el mercado de cambios es necesario recrear la confianza, particularmente que las empresas vuelvan a tener interés en invertir en el país -y no esperar a la oportunidad de girar dólares al exterior, como sucede con no pocas en la actualidad-.

En este sentido, en el mundo empresario se tomó como una señal negativa la firme decisión del ministro Guzmán de no bajar impuestos en virtud de las exigencias fiscales, según quedó en claro en un contrapunto que tuvo con Paolo Rocca. Cuando CEO de Techint retrucó señalando que, si bien comprendía las exigencias derivadas de la pandemia, era necesario alentar la inversión privada, Guzmán optó por destacar el rol dinamizador del Estado. En suma, “no nos dio ningún horizonte para la baja de impuestos y nos presentó más Estado, en lugar de pensar en reducir el gasto público” señaló un importante dirigente empresario mostrando su desaprobación.    

Estas afirmaciones se suman a otros hechos que los empresarios consideran perjudiciales, como el impuesto a la riqueza, la ley de manejo del fuego, la ley de góndolas o la extensión de prórroga de la doble indemnización por despidos. En este clima de malhumor se explica que los empresarios, poco dispuestos a efectuar pronunciamientos políticos, hayan salido, a través del Foro de Convergencia, a respaldar al Poder Judicial (pese a que más de uno reconoce que muchos los jueces no estuvieron a la altura de las circunstancias). Y se preguntan, ¿honrará esta vez su tarea?

Rocca y Guzmán, en el último coloquio ProPyme