Secretos de la crisis económica: ¿dónde está el piloto?

“Nadie quiere pesos: el colapso de la moneda argentina”, tituló Bloomberg el viernes pasado. Según la agencia, “la batalla de Argentina por controlar su moneda está volcando la segunda economía más grande de América del Sur, causando estragos en todo, desde las finanzas del hogar hasta la producción y venta de bienes comunes”.

La tensión en el mercado de cambios siguió en el nivel máximo en los últimos días, con el dólar blue superando los 190 pesos. La respuesta del Gobierno consistió en empoderar al ministro de Economía, Martín Guzmán, concentrando en su persona la máxima autoridad en el manejo de la coyuntura. El problema es que las medidas siguen sin convencer y por lo tanto se tiende a acortar el margen de maniobra del Gobierno a medida que sigue la pérdida de reservas y, por lo tanto, aumenta el riesgo de una devaluación descontrolada del peso.

Hasta el momento, las medidas oficiales para calmar al mercado han venido fracasando. El 15 de octubre pasado se cumplió un mes del “cepo reforzado” y, según los cálculos del economista Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, los resultados son los siguientes:

- La brecha entre el dólar oficial y los alternativos que promediaba a mediados de septiembre 70%, superó el 110%.

- Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre las reservas líquidas cayeron más de 1.900 millones de dólares a 5.700 millones.

- Si se descuenta el oro y los derechos especiales de giro, las reservas netas son negativas en 400 millones de dólares.

- Los depósitos en dólares cayeron más de 2.000 millones.

- El riesgo país subió de 1.100 a 1.400 puntos básicos.

Tras recibir la batuta de la economía, Guzmán adoptó medidas para tranquilizar el mercado de cambios flexibilizando las normas. Así, redujo el “parking” para la operación con bonos, reabrió la operatoria de contado con liquidación para los inversores extranjeros y anunció licitaciones de bonos por 750 millones de dólares.

Estas disposiciones se conocieron en un insólito comunicado del Palacio de Hacienda en que esta cartera anticipó una resolución del Banco Central (para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados) – cuando por carta orgánica el BCRA es independiente –.

Pero además afirmó que "las regulaciones implementadas el 15 de septiembre han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas". Este párrafo no solo le cayó mal al titular del Banco Central sino también a varios miembros del gabinete que, irónicamente decían que a Guzmán parece que se le olvido que integra un gobierno.

Es que las medidas cuestionadas en la comunicación de Economía fueron impulsadas por el titular del Banco Central, Miguel Pesce quien, según dicen en la Casa Rosada, “no ha renunciado hasta ahora porque así se lo ha pedido su amigo, el presidente Alberto Fernández”.

La cuestión central es que los mercados no le creen al ministro de Economía. En este sentido, el economista Leonardo Chialva, de Delphos, realizó un interesante cálculo a partir de los datos implícitos en las cotizaciones de los bonos. Así, los operadores esperan que de aquí a un año la inflación sea de 41%, contra 29% que prevé el proyecto de presupuesto, que la brecha se mantenga elevada, superior al 70% -es decir reflejando una elevada incertidumbre - y que el contado con liquidación alcance a 208 pesos.

¿Y el plan?

En este contexto es que tanto los empresarios locales como los acreedores externos siguen insistiendo en que la Argentina defina un programa económico.

Parece ser que no solamente el público entendido demanda una hoja de ruta. En una reciente encuesta de Giacobbe y Asociados el 62% de los encuestados considera que el Gobierno no tiene ningún plan económico y que va improvisando (contra sólo 27% que opina que tiene un plan económico claro y definido).

Y en este contexto tiende a crecer la incertidumbre. Siguiendo con Giacobbe, el 72% de los encuestados indica que deben ser desalojados aquellos que toman tierras ilegalmente. Pero, en un contexto de indefinición de la línea gubernamental, los analistas sostienen que tienden a crecer las preocupaciones de buena parte de la población en cuestiones tan profundas como el respeto de la propiedad privada.

Cuesta abajo

Los últimos datos económicos dan cuenta de una cierta fatiga en la recuperación de la economía y tensiones preocupantes tanto en materia de precios como de ocupación.

Esta semana el INDEC dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica que mostró en agosto un avance de 1,1% contra el mes anterior. Si bien se registra una mejora por cuarto mes consecutivo, la recuperación va perdiendo fuerza, pese a que la actividad se encuentra más de 10% por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia.

Distintas razones condicionan el futuro de la producción. En lo inmediato, la tensión cambiaria lleva a que las autoridades dificulten las importaciones, según denuncian los empresarios, complicando la operatoria de las industrias e impactando en los precios.

Asimismo, está empeorando la situación sanitaria en el interior del país, de donde es de prever cierres de actividades en localidades que hasta el momento pudieron evitar el confinamiento.

Desde el punto de vista de la demanda, no hay razones para esperar una recuperación del consumo. A la pérdida de cerca de 3,7 millones de puestos de trabajo desde que se desató el coronavirus, se suma el deterioro de los salarios –particularmente en los sectores informal y cuentapropista-.

En tanto, los analistas prevén una aceleración de la inflación, a un rango del 3% mensual o algo más. Por lo pronto, los empresarios señalan que distintos sectores se guían por el comportamiento del dólar libre cuya suba alienta remarcaciones de precios.

Al respecto, un dirigente empresario sostiene que las bocas de expendio de alimentos suman unas 270.000 en el país, de las cuales las cadenas grandes, es decir sobre las que el Gobierno tiene control para aplicar su política de precios, representan sólo el 30%.

Los directivos de firmas líderes se quejan, por su parte, de que los precios controlados por el Estado están atrasados. Puntualizan que las materias primas subieron en los últimos meses entre 25 y  40%, junto con otros costos como los logísticos (23% para los productos frescos, 30% en el caso de las bebidas).

Otra forma de ver la expectativa de suba de precios es la suba de las importaciones de rubros como computadoras o celulares – que el mes pasado aumentaron 50% -, no porque haya mucha más demanda, sostienen en el sector, sino porque se espera que el dólar oficial suba y por lo tanto se encarezcan.

A todo esto hay que sumar que a medida que la economía vaya retomando la normalidad, por el levantamiento de las medidas de aislamiento, la mayor demanda de determinados bienes y servicios provoque aumentos de precios. Y la corrección de las tarifas públicas, como ya viene sucediendo con los combustibles.

Los empresarios también anticipan que en los próximos meses – y sobre todo a partir de la culminación de la doble indemnización- aumentarán los despidos. Sostienen que más de una empresa está pensando en recortar o dejar su operatoria en la Argentina, y no sólo por razones locales, sino porque distintas multinacionales están redefiniendo sus negocios a escala global.

Por esta razón es que se están manteniendo discretas conversaciones entre funcionarios y representantes del Gobierno pensando en mejorar la legislación laboral.

Un directivo de la industria de la alimentación señaló a Data Clave que en su empresa uno de cada cuatro obreros no está yendo a trabajar por las restricciones que impone el Covid-19, es decir por tratarse de personal de riesgo (con problemas de sobrepeso, mayores de 60 años, entre otras causas). Una de las ideas que ha planteado el sector patronal, en este sentido, consiste en implementar una suerte de jubilación anticipada para estos casos.

Y también consideran que debe darse una urgente respuesta para los jóvenes, el sector más castigado por la desocupación, flexibilizando las condiciones mediante contratos para la emergencia.

Cambia, todo cambia

En este contexto circularon en los últimos días versiones sobre la posibilidad de un cambio de gabinete. Los trascendidos daban cuenta de la posibilidad que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pudiera pasar a ocupar la jefatura de Gabinete. En el entorno de este dirigente se desmiente la especie.

En conversaciones privadas, importantes dirigentes empresarios consideran que el problema no se resuelve con un cambio de figuras, sino que abogan por que “el presidente Fernández fije con claridad un rumbo”. Algunos atribuyen la debilidad de la conducción de Alberto Fernández  al “co gobierno” con Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, otros piensan que este factor puede jugar en contra pero que lo que falta es una conducción clara y firme. “Este es un gobierno presidencialista y lo peor que puede pasar es que se dude de la fortaleza de quien está en la Casa Rosada”.

Donde las críticas coinciden es que “existe un problema de gestión”, muchas decisiones se demoran o existen marchas y contramarchas que no responden puja de intereses sino a impericia o burocracia.

El temor a que esta situación termine provocado desbordes. Aunque no queda claro cómo serían. Un factor que desde la política se rescata es que “con la ayuda alimentaria, los sectores más bajos están relativamente contenidos” y que “hasta ahora no hay detonantes para la clase media, como fue el corralito en 2002”.

Sin embargo, son conscientes de que la situación social es muy complicada y “cualquier episodio como un hecho de inseguridad o una convocatoria en las redes sociales pueden provocar reacciones fuertes”, sostuvo.

Otros analistas temen que se sigan “zafando” o mejor dicho “ganando tiempo” mientras continua la decadencia de Argentina. “Sin un acuerdo de todos los sectores dirigenciales será difícil establecer políticas de mediano plazo”, se lamentan.  

En este sentido, muchos dirigentes ven, con preocupación, como la grieta es alimentada tanto por el oficialismo como por sectores de la oposición.

En las recientes apariciones periodísticas, Mauricio Macri no se privó de cuestionar al peronismo y al kirchnerismo. Pero también minimizó o ninguneo a Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio o Emilio Monzón quienes siempre tuvieron un discurso más moderado y de apertura hacia otras fuerzas políticas.

Es más, rescató a su ex jefe de gabinete, Marcos Peña y admitió que continua en dialogo con el ex Ministro de Economía, Nicolás Dujvone, dos funcionarios que no cosecharon precisamente mucha aceptación, incluso dentro de Juntos por el Cambio.

En vastos sectores, tanto de la dirigencia política, sindical y  empresaria coinciden que, de continuar por este camino, inexorablemente el país enfrentará una crisis muy severa cuya cara más visible es la económica pero cuya raíz más profunda es política.

Y, advierten que, hoy por hoy no se observa que el gobierno de Alberto Fernández tenga conciencia de la gravedad de la situación. En este sentido, se teme que el choque es inexorable ya que “la dirigencia suele recién reaccionar cuando está frente al abismo”.