Secretos de la Casa Rosada: preocupa el silencio de Cristina

En la Casa Rosada conviven sentimientos encontrados. Por un lado, en el Gobierno existe entusiasmo al confirmar que “Dios es argentino y peronista” como lo muestra el precio de la soja -saltó de poco más de 300 dólares por tonelada hace un año, a los 520 dólares actuales-.

La mejora en las condiciones externas posibilitaría una recuperación de la economía que conduciría a ganar (en lo posible, por amplio margen) las elecciones de medio término y, de esta manera, fortalecer la continuidad del proyecto político del Frente de Todos.

Lo que empaña estas buenas noticias es el resurgimiento de los casos de coronavirus. Argentina ocupa el decimosegundo lugar en el mundo por cantidad de infectados-, con un agravante: sigue creciendo la imagen negativa del Gobierno, situación que limita su accionar para establecer medidas que contribuyan a mitigar los contagios.

 “En realidad, el cierre nocturno no era una mala decisión, ya que no afecta mayormente a la actividad económica”, comentaba un especialista. Sin embargo, hoy la sociedad, en su mayoría, descree lo que dicen los funcionarios. “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, fue la consigna oficial, vale decir las restricciones para salir, trabajar, ver familiares, penar por la falta de ingresos se aplicó para la sociedad, pero excluyó a un vasto sector de la política.

Cabe reiterar que la gran mayoría de dirigencia política, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial no sólo no se recortaron sus salarios, sino que por el contrario los fueron actualizando sin mostrar un gesto de empatía con una sociedad que tuvo que pagar el costo de una brutal caída de la actividad económica y que, con sus impuestos, mantuvo el nivel de vida de los “servidores públicos”.

A pesar de recomendar evitar los encuentros masivos, el Gobierno organizó el velorio de Diego Maradona, no desactivó las manifestaciones por la ley del aborto como así tampoco las aglomeraciones provocadas por los manteros en varias zonas de la Capital, y continuaron las reuniones y actos políticos como si nada pasara.

Es por esta razón que en la Casa Rosada rezan para que se pueda vacunar a la mayoría de la población muy pronto (con qué vacunas aún no queda claro) y se logre que el COVID se desvanezca. Es que son conscientes de la dificultad que hoy tienen para imponer y lograr que se cumplan normas más restrictivas frente al aumento de casos.

El accionar del gobierno está bajo la mirada aguda y crítica de Cristina Fernández. La señora de Kirchner no era partidaria de una cuarentena tan estricta como la finalmente implementada por Alberto Fernández, precisamente por los costos políticos /económicos que provocó, según explicaron en su momento en el entorno de la vicepresidente a Data Clave. Además, porque observaba que los oficialismos venían perdiendo como consencuencia de la pandemia.

Al respecto, la encuesta de Synopsis muestra que ante la pregunta: Si hoy fueran las elecciones legislativas de 2021. ¿A qué fuerza votaría? El 58,5% elegiría otra fuerza política frente a 31,2% que se inclinaría al oficialismo. En julio la misma pregunta arrojaba que 46,3% votaría a otra fuerza política y 38,6% al oficialismo.

Es decir, el gobierno no tiene mucho margen para cometer errores si pretende sacar un buen resultado en las próximas elecciones. 

Para algunos, estas circunstancia puede ser la antesala de un nuevo pronunciamiento de la vicepresidente y principal figura de la conducción.

Es que la falta de aciertos en el combate contra el coronavirus y la continuidad de una difícil situación económica llevan a que siga deteriorando la imagen del Gobierno.

En enero registró “el nivel más alto de desaprobación (58.6%) y el nivel más bajo de aprobación (30.1%) y de todo el ciclo del Frente de Todos”, según la última medición de Synopsis, revirtiendo los altos diferenciales positivos del comienzo de la pandemia.

Uno de los datos más llamativos de esta medición es que el 70% de los encuestados dice que tiene poca o nada de confianza en que el Gobierno pueda resolver los problemas del país. Estos números generan inquietud en el Gobierno y particularmente en el ala kirchnerista.

Quienes no están a gusto con la gestión del Poder Ejecutivo esgrimen numerosas razones:

- En lo inmediato, critican la falta de precisiones sobre el plan de vacunación contra la pandemia. Argumentan que no se sabe exactamente con cuántas dosis contará el país, en qué momento y cómo se aplicarán. Señalan que según un ranking de la agencia Bloomberg (datos al 14 de enero) Argentina está entre los países que menos dosis ha aplicado. A la cabeza se ubica Israel, con 24 inyecciones cada 100 habitantes, en tanto que en el caso argentino la relación es 0,37. Dicho de otra forma, sólo 37 de cada 10.000 argentinos fue vacunado.

- Mientras tanto, siguen sin prosperar iniciativas como la planteada por la Unión Industrial Argentina en el sentido de colaborar realizando vacunaciones en las plantas fabriles. Iniciativa que el Poder Ejecutivo podría conversar con otros sectores productivos o incluso extenderlo a Universidades, Clubes, entre otros grandes establecimientos.

- El manejo de la educación -la falta de clases presenciales- es otro de los aspectos más cuestionados, aunque las responsabilidades son atribuidas en esta materia mayoritariamente a los gremios docentes. Vale decir, el Gobierno nacional cedió (por presión o por convicción) la política educativa de los argentinos. Y hoy está claro que no fue estrictamente por razones sanitarias. En agosto del año pasado la Organización de las Naciones Unidas había emplazado a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus colegios, institutos y universidades en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una "catástrofe generacional".

- La falta de planificación del transporte público. Intendentes del Gran Buenos Aires plantearon allá por mayo pasado la conveniencia de escalonar los horarios de trabajo de forma tal de evitar aglomeraciones en los medios de transporte. Nada se hizo y la gente sigue viajando apelotonada en los horarios pico. Y, aún continúa vigente la disposición por la cual sólo pueden viajar los trabajadores esenciales.

- La falta de ejecución abarca hasta incluso temas relevantes para el propio Gobierno. Por caso, el llamado impuesto a la riqueza se sancionó el 4 de diciembre y todavía no fue reglamentado. Se impuso una ley que fue criticada por casi todo el espectro empresario, que tiene falencias, que dará lugar a demandas al Estado, que desalienta la inversión nacional y todo este costo para que aún no esté vigente porque no está la reglamentación. “Se ve que tanta plata no necesitan”, ironizaba un empresario.  

- Precisamente en materia impositiva, los contadores formulan numerosas críticas a la forma en se relaciona la AFIP con los contribuyentes. Los cuestionamientos van desde las dificultades “permanentes” en la conexión con la página del organismo recaudador, hasta cuestiones normativas que son difíciles de explicar cómo que: “los miles de contribuyentes que se adhirieron a la moratoria deban presentar una segunda declaración manifestando no poseer bienes en el exterior (algo que se podría haber planteado en el trámite original”. Otro desatino: “el absurdo que quienes de trajeron al menos 5% de los fondos radicados en el exterior el año pasado y los mantuvieron depositados por un año en un banco, ahora tengan que volver a sacarlos del país y luego volver a ingresarlos para lograr este año beneficios impositivos”. Más allá de que no se entiende por qué no se fomentó que ese dinero inmovilizado pueda volverse a reactivar en actividades como, por ejemplo, la construcción.

- En el entorno de la vicepresidenta se escuchan con asiduidad críticas a la gestión de Mercedes Marco del Pont al frente de la AFIP. Por esta razón, resultaron llamativas las declaraciones formuladas en los últimos días por Ricardo Echegaray, el ex titular del ente recaudador durante la gestión presidencial de Cristina. Echegaray afirmó que es posible aumentar sensiblemente la recaudación impositiva y afirmó que este tema lo conversaba tanto con Oscar Parrilli como con Cristina.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que podría denominarse problemas de gestión, o ministerios que no funcionan como supo decir en su momento la vicepresidenta. Desde el Instituto Patria las críticas a las áreas de Producción, Educación, Salud, Agricultura también continúan en un año donde no hay margen para dar pasos en falso.

En el gobierno responden que Alberto defiende a su gabinete porque desprenderse de los funcionarios mencionados en su momento por su compañera de fórmula, sería un gesto de “debilidad”.

Sin embargo, algunos en la Casa Rosada temen que, a la vuelta de sus vacaciones en Calafate, Cristina vuelva a pronunciarse dejando poco margen a Alberto para hacerse el distraído.

De menor a mayor

Con el frente cambiario al menos contenido, en el Palacio de Hacienda existe creciente preocupación por la inflación. A medida que pasan los meses, los índices van de menor a mayor -diciembre arrojó una suba de 4% - y la mayoría de los economistas coincide en que durante los primeros meses del año difícilmente la inflación sea inferior a 3,5/4%.

Una vieja broma dice que las estadísticas son como las bikinis, muestran mucho pero ocultan lo más interesante. El Gobierno puede argumentar que el cierre del año pasado, con una suba de 36%, arroja una inflación del orden de los 20 puntos por debajo de la dejada por la anterior administración. Pero también se podría argumentar que comparando la inflación de comienzos de año (del orden del 30% anual), 2020 termina con una duplicación de la tasa.

La apertura de los distintos capítulos del índice muestra marcadas disparidades que anticipan nuevas presiones inflacionarias ya que, como sucede históricamente en el país, los precios sólo corrigen en un sentido, hacia arriba.

Así, la indumentaria fue el sector que más impacto tuvo en los precios con una suba interanual del 60%, seguida por los alimentos que treparon 42%. En contraste, el rubro comunicación tuvo un ajuste de sólo 7,6%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 17,6% y educación 20,1%.

Es claro que el congelamiento tarifario jugó un importante papel en la desaceleración de la inflación del año pasado, a costa de acumular “un atraso significativo en los precios de la luz, el gas y el agua y en otros precios regulados”, según Ecolatina. Dado que las tarifas de servicios públicos no se actualizan hace más de un año y medio y permanecerán congeladas al menos, hasta marzo, esta consultora señala que se disparó el gasto en subsidios -alcanzó 2,6% del PBI en 2020, 1 punto más respecto del año anterior-.

Si, como ha trascendido, el Gobierno decidiera limitar a un dígito la suba de estas tarifas durante 2021, se daría un nuevo aumento en los subsidios que debería ser cubierto con emisión monetaria (ante la falta de otras fuentes de financiamiento). Esta sería, además, una de las razones por las cuales se dilataría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Paralelamente, en el caso de canasta alimentaria también conviven distintas realidades. El Gobierno implementó controles sobre los valores de distintos alimentos y bebidas que subieron poco más de 20% en el año. La industria de la alimentación se queja porque los costos aumentaron mucho más, argumentan que el retraso de los precios es de 35% y hay analistas que ya advierten sobre la posibilidad de faltantes de productos.

Las restricciones a la importación también están generando tensiones en distintos precios, según señalan fuentes empresarias. Debe tenerse en cuenta que, por cada punto de aumento de la actividad, las compras externas suelen subir entre dos veces y media y tres veces (un crecimiento de sólo 4% del PBI implicaría un aumento de por lo menos 10% en las importaciones). De ahí que, frente a la falta de dólares, la expectativa en el sector privado es de crecientes restricciones.

Por último, pero no menos importante, el ministro de Economía, Martín Guzmán, descarta un ajuste importante del dólar, pero ratifica su decisión de mantener el tipo de cambio alineado con la inflación. Como los precios se vienen moviendo en el rango del 3 al 4%, el dólar oficial tendría que continuar siendo actualizado en esta proporción, pero este ajuste tendería a mantener entonado el ritmo general de aumento de los precios.

Algunos especulan con que el Gobierno trataría de sostener el tipo de cambio en los primeros meses del año para intentar cierto retraso a medida que se acerquen las elecciones, una apuesta no exenta de riesgos en momentos en que, si hay algo que falta en las arcas oficiales, son dólares.