Secretos de la Casa Rosada: Ahora Cristina se aleja y cuestiona a Guzmán
Se recrudece la interna oficialista y pasó más de un mes desde la última comunicación entre Alberto Fernández y la vicepresidenta. A su vez, la titular del Senado mostró señales políticas que marcan diferencias con el titular del Palacio de Hacienda. El Gobierno apunta a la recuperación industrial, pero el arco empresarial ya le advirtió por los "efectos colaterales" del impuesto a la riqueza. A su vez, la misión del FMI sostuvo que los problemas argentinos recaen más en lo "político" que en lo "económico".
“Yo hablo con ella (Cristina Fernández) cada vez que necesito hablar”. “No tengo exactamente cuándo fue la última vez, pero sí hablamos cuando necesitamos hablar. Que eso sí esté claro”, señaló el presidente Alberto Fernández hacia mediados de la semana. “La última vez que se comunicaron fue hace 31 días”, precisó uno de los colaboradores más cercanos al primer mandatario a Data Clave.
La interpretación del círculo íntimo del presidente es que esta falta de comunicación responde a que “Alberto está empoderado”, es decir que se siente respaldado y capacitado para tener más juego propio.
Citan en tal sentido que, aunque muchas veces no se conozca, incrementó el ritmo de las reuniones con intendentes y gobernadores tanto del oficialismo como de la oposición. Asimismo, continúa con encuentros en estas últimas semanas de manera virtual, tanto con empresarios como con sindicalistas.
En este juego “más autónomo” el primer mandatario le dio centralidad al titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán en lo concerniente a la toma de las decisiones económicas, relegando a otras figuras como el ministro de la Producción, Matías Kulfas y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, pese a tratarse de “hombres del riñón” de Alberto.
Con este antecedente, generó mucho ruido político la decisión de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, de reunirse con Martín Redrado. Que la ex presidente ahora se haya reconciliado con Redrado -un crítico de la gestión oficial que en más de una oportunidad planteó la necesidad de contar con un programa económico integral- se interpretó como un tiro por elevación contra el ministro Guzmán. Un dato a tener en cuenta es que el encuentro fue filtrado a los medios por fuentes del Frente de Todos.
Guzmán tenía una fluida relación con Cristina. Solía concurrir a su departamento en la Recoleta para informarla sobre sus planes. Ahora este vínculo se ha enfriado.
Cabe recordar que la ex mandataria fue la responsable de bajarle el pulgar a Redrado al comienzo de la actual gestión, porque este economista fue uno de los que declaró en contra de Cristina en la causa judicial por la venta de dólar futuro al final del segundo mandato de la señora de Kirchner, según se comentó en su momento.
Otros indicios dan cuenta de tensiones en la relación entre el ministro Guzmán y la vicepresidente. Una semana atrás el jefe del Palacio de Hacienda se enteró en el palco del Senado que el presupuesto no se sancionaría ese día. Y, más recientemente, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti le sumó una restricción al margen de maniobra del ministro al incorporar un artículo prohibiendo financiar gastos corrientes con deuda externa en el proyecto presentado para que el Congreso intervenga en las operaciones de crédito en moneda extranjera y la negociación con el FMI.
Con todo, especialistas relativizan esta limitación “Fernández Sagasti ignora que por omisión todo resto del endeudamiento puede ir a gasto corriente, desconoce que el dinero es fungible y que el financiamiento del FMI va al Banco Central y no al Tesoro, y que el Tesoro le da Letras al Central y se lleva los dólares”, precisó un experto a Data Clave.
Fuego amigo
Lo anterior no ayuda al jefe del Palacio de Hacienda en momentos en que lleva adelante una intensa batalla para dominar las cotizaciones alternativas del dólar -un problema estrictamente vinculado con la falta de confianza que se percibe en el mercado-.
Los analistas también realizaron una lectura negativa de la carta difundida por el bloque de senadores oficialista en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Para el oficialismo se trató de un juego estratégico que apunta a fortalecer la posición negociadora del país. Pero no pocos interpretaron que no será sencillo lograr el acuerdo político que el Fondo requiere para otorgar la rápida asistencia a que aspira el Gobierno argentino.
Como tampoco contribuye a calmar los ánimos la media sanción que la Cámara de Diputados dio al impuesto que grava los bienes de los argentinos más ricos que con mucha premura se desempolvó en el Congreso. Todo indica que el Senado lo convertirá en ley.
El arco empresario salió duramente a cuestionarlo, entre ellos la Asociación de Empresarios Argentinos, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina, los sectores agropecuarios, resumiendo prácticamente todos los sectores que son los que pueden invertir y generar empleo.
Los ánimos se podría resumir en esta frase del comunicado de AEA: “El proyecto genera un profundo desaliento en la comunidad empresaria por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”.
Si bien este impuesto no afecta a las empresas de origen extranjero en off the record también manifestaron su preocupación.
Cabe señalar que el proyecto de impuesto a la riqueza no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquel compuesto por activos financieros o inmuebles.
En consecuencia, “las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, sostiene un documento de la Unión Industrial Argentina y agrega que “combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación”.
Al respecto señalan que el número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace cuatro años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída de -11% en el período mencionado.
El cierre de empresas viene de la mano de la destrucción de empleo. En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el mismo mes de 2015.
En tren de encontrar soluciones, la UIA propuso excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos y la posibilidad de dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.
Hasta el momento no se sabe que estas inquietudes hayan tenido eco, lo que lleva a los empresarios a preguntarse “por qué nos convocan al diálogo si después nuestras iniciativas no son tenidas en cuenta”.
En el mismo sentido, la Cámara Argentina de Comercio elevó una propuesta proponiendo modificaciones al proyecto que será tratado por el Senado.
“Casi todos los tributaristas han cuestionado esta iniciativa, por los serios problemas técnicos que contiene”, comentan. Es más, suelen señalar empresarios y expertos que “si el objetivo es recaudar, ¿por qué no escuchar las propuestas de quienes son los que efectuarán el aporte?”.
Algunos creen que “es un proyecto tan mal elaborado que parece hecho mal a propósito para que sea rechazado por los que tienen que aportar”, sostenía un experto tributarista.
Una posible explicación a la firme postura de no modificar nada la aporta, con ironía, un avezado político: “Miren a los ricos, a los empresarios, ven que no son solidarios con los que menos tienen. Porque de otra manera, en un país con el 50% de pobreza, será difícil mantener el relato que con el peronismo el pueblo está mejor”, explicaba este dirigente.
En tanto, los empresarios recuerdan que apenas comenzó la pandemia se organizaron tras la campaña “Seamos Uno” que logró entregar “un millón de cajas de alimentos”. También afirman que los cuestionamientos no son por no querer ser “solidarios”, sino porque el proyecto es “un desatino”.
Algunos expertos sostienen que abarcará a muchos más contribuyentes de lo que se reconoce públicamente. “El dueño de una pyme mediana con una casa y un auto tendrá que tributar”, anticipan expertos. Al tiempo que vaticinan que se generará una demanda de juicios en contra el Estado.
Viento a favor
El distanciamiento entre Alberto y Cristina y las consiguientes internas que se generan en las líneas medias no logran empañar el entusiasmo oficial por los “índices claros de recuperación de la industria, en términos interanuales, que se registraron desde septiembre y continuaron en octubre y noviembre”, según se ocupa de repetir el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También levanta el ánimo la suba del precio de la soja y de otros commodities, precios que se estiman se mantendrán en alza.
De los precios que prefieren no hablar son los internos. En la primera quincena del mes el índice de precios al consumidor subió 4,3%, según Ecolatina, consultora que prevé una suba del orden de 3,5 -4% para el presente noviembre. Se explica por la eliminación de algunos precios máximos en alimentos no básicos que se combinará con aumentos en el resto de bienes no esenciales y con algunos servicios privados en los próximos meses.
Asimismo, en los últimos días se han registrado valores muy elevados de la hacienda en pie en el Mercado de Liniers que preanuncian subas en el precio de la carne para los consumidores .En el sector se señala que los valores de la carne vacuna tienen un retraso y se afirma que podría aumentar hasta 20%.
Por su parte, Jorge Vasconcellos de la Fundación Mediterránea señala que los precios de la carne bovina han aumentado un 55% en los últimos 12 meses, muy por encima de la variación del nivel general de precios (37%). Esta dinámica supone un ajuste en términos reales del 12%. En tanto en lo que va de noviembre, afirma el economista, los precios medios de la hacienda acumulan una suba de entre el 5,9% (vacas) y 8,6% (vaquillonas) respecto a octubre, en el mercado de Liniers.
Los precios mayoristas -que suelen anticipar la suba en los minoristas- se ubicó en 4,7% en octubre, por encima del registro de septiembre (3,7%) y confirmando lo adelantado por Data Clave en cuanto a la aceleración de este indicador. En los próximos meses podría observarse una dinámica de precios mayoristas por encima del 4% ante la continuidad en la emisión monetaria y una posible aceleración del ritmo devaluatorio, advierte la consultora ACM.
Un dato particularmente preocupante fue que la Canasta Básica Alimentaria que mide el límite de la indigencia, aumentó en octubre 6,6% en un país con un elevado índice de pobreza. Nada indica que en futuro próximo este indicador vaya a disminuir, más bien lo contrario. Agustín Salvia lo sintetizó este problema de la siguiente manera: "Tenemos tantos pobres como la población total que teníamos en 1973".
Otro factor que contribuye a la suba de precios es el dólar. Hasta el momento el Gobierno no ha logrado cerrar de manera significativa la brecha que separa al dólar oficial de las versiones alternativas, como tampoco pudo recomponer las reservas del Banco Central, de donde las tensiones cambiarias siguen con un final abierto. Las reservas netas se ubican en 3.200 millones de dólares, cuando en junio rondaban los 7.000 millones, según la economista Marina Del Poggetto.
A nivel oficial se muestran confiados en la recuperación del consumo, aunque en el sector empresario y también sindical dudan que las negociaciones paritarias permitan una recuperación del salario.
Mientras el Gobierno se queja por la “falta de solidaridad de las empresas”, algunos analistas señalan que una buena parte de la sociedad percibe un divorcio entre las necesidades de la gente y la clase dirigente.
Un ejemplo de ello es que en ningún momento el Poder Ejecutivo dio un ejemplo de una reducción de los sueldos de los funcionarios jerárquicos ni tampoco de los gastos. Tampoco lo hicieron los poderes Legislativo y Judicial, tres sectores que sienten que sus ingresos son intocables, olvidándose que es el sector privado es quien aporta los recursos.
Tampoco se observan intenciones de avanzar en una convocatoria a diversos actores de la sociedad para acordar políticas de mediano plazo.
Justamente lo que la misión del FMI que estuvo hasta este fin de semana en el país se cansó de escuchar en cada encuentro es que los mayores problemas de la Argentina no son de índole económica, sino política. Es más, analistas internacionales tienen hoy más en cuenta la situación política que los fundamentals de la economía.
Quienes no parecen darse mucha cuenta aún de la importancia de celebrar un acuerdo es justamente la dirigencia política.