Hasta 1994, la ciudad de Buenos Aires votaba a su Intendente; pero la provisión de sus servicios públicos, de salud, educación, justicia y seguridad dependían del gobierno nacional. Por ello, no tenía asignada una porción de la Coparticipación Nacional, sino que se detraía de lo que iba la Nación. Con la Constitución de 1994, la ciudad pasa a tener un Jefe de Gobierno electo y un estatus de provincia; por lo que debía recuperar los servicios que le correspondía, para lo que se pautó que la Nación los devolviera, pero con los recursos necesarios para sustentarlos. Por eso, se demoró la transferencia de la seguridad, porque durante el “kirchnerismo” no querían cumplir con dicho mandato constitucional.

Por otro lado, la nueva Carta Magna mandaba que, antes de fin de 1996, el Congreso debía sancionar una nueva ley de Coparticipación Federal, que obviamente debía tener en cuenta al nuevo gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, hace 24 años que nuestros legisladores incumplen “alegremente” con el mandato constitucional. De esa forma, hoy los recursos coparticipables de los habitantes de la Capital Federal dependen de un simple decreto presidencial.

Antes de la quita que les hizo el Mandatario Alberto Fernández a los residentes de CABA, de cada $100 que les correspondía por lo que entregaban a la Coparticipación, recibían sólo $31. Es decir que transferían $69 a otras provincias; lo cual, por lo visto, al Presidente le parecía poco solidario. Dada la mala administración de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional le ha transferido el 48% de los recursos que arbitrariamente asigna de sus arcas para los estados provinciales; lo que no parece razonable y, por ende, es imposible de aumentar. Así que la solución fue fácil, le sacó por decreto $9 más a los ciudadanos de CABA, de gestión opositora, y se los dio al gobernador Kicillof, kirchnerista. Así los primeros pasan a recibir sólo $22 y les ceden a las otras provincias $78. ¡Cómo no van a apoyar todos los otros gobernadores peronistas (excepto honrosas excepciones) que hoy se benefician del saqueo de los bolsillos de quienes viven en la Ciudad! La Nación podrá enviarles más fondos a ellos. Una actitud vergonzosa por donde se mire.

De todas formas, el mal de fondo está en otro lado. Un país en que sus políticos y habitantes se llenan orgullosamente la boca de la palabra “Federalismo”; pero tiene un sistema tributario que lleva al centralismo. No sólo eso, incentiva una pésima gestión de las provincias; ya que sus autoridades pueden hacerse del beneficio del gasto sin tener que pagar el costo político de recaudar los recursos necesarios, eso le corresponde a la Nación. El incentivo perverso es peor para aquellos distritos más pobres, por eso no extraña que sean cada vez más pobres a pesar de las enormes transferencias que reciben de las más prósperas.

Un gobernador de un distrito pequeño que va a recibir solamente $3 por cada $100 que se recauden en su provincia de impuestos coparticipables, pero que recibe muchísimo por el 3% que se paga en otros lugares, le conviene gastar todo en empleados públicos y asistencialismo clientelista. Esos votantes van a responder a él a diferencia de los que están en el sector privado. Por otro lado, para qué promover el desarrollo local, si cada $100 recibirá $3, que lo hagan otros al esfuerzo y le manden la plata que a él le toca. Así es como se construyen los feudos provinciales.

Por eso, desde la Fundación “Libertad y Progreso” proponemos ir a un verdadero “Federalismo”, donde sea responsabilidad de sus coprovincianos el controlar la administración de los recursos que ceden a su gobernador y donde el beneficio político de gastar tenga su contraparte en tener que pedirles que paguen más impuestos. A continuación, resumimos la propuesta:

Transferir a los gobiernos provinciales la recaudación de los impuestos generados en su territorio comprendiendo los siguientes: Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos. 

Reemplazar el impuesto provincial a los Ingresos Brutos por otro a las Ventas Finales y calibrar la alícuota de éste con la del IVA (nacional) para lograr un resultado de distribución primaria entre la Nación y el conjunto de Provincias que no altere y que empalme con la que resulta del régimen de Coparticipación vigente.

Suprimir así la Coparticipación vertical entre Nación y provincias.

Compatibilizar el resultado luego de la reforma, con la distribución secundaria establecida en el régimen actualmente vigente, mediante un Fondo de redistribución horizontal entre provincias, con porcentajes compensatorios que luego se mantendrán inalterados en el tiempo. Este Fondo se alimentará con el impuesto a la Transferencia de Combustibles. Esto hará posible la aceptación de la reforma ya que ninguna provincia ganará ni perderá en el empalme con el cambio.

Al quedar inamovibles esos porcentajes, cualquier aumento de gasto de una provincia, por sobre su recaudación, le exigirá colocar impuestos provinciales adicionales. De esa forma: a) se alinearán los incentivos para que los gobiernos provinciales gasten menos y más eficientemente; b) Los ingresos tributarios de cada provincia serían previsibles; c) El Gobierno Nacional no podría ejecutar actos abusivos como reducir el porcentaje de distribución secundaria de una gobernación políticamente adversa (hoy la CABA) 

Según la Constitución Nacional, sólo debe haber Coparticipación si hay impuestos coparticipables a distribuir, pero desaparece su necesidad si no los hay. Por ende, esta propuesta es viable constitucionalmente y llevaría a la Argentina a un verdadero federalismo, evitando medidas centralistas como la recientemente tomada por el gobierno nacional. Además, generaría los incentivos y sistemas de control ciudadano para que los gobernadores gestionen bien los recursos que surgen de la imposición de sus coprovincianos. Hay que exigir ir a un esquema como este cuanto antes. Si te interesa profundizar en la propuesta, podés hacerlo en el siento de la fundación.