Asistimos a un cambio de etapa donde el escenario que tenemos hoy, tal como advertimos, nada tiene nada que ver con el proyectado por el Gobierno Nacional en el presupuesto 2021. El rumbo económico planificado y el escenario político para este año dista mucho de lo que podemos percibir en la actual convulsionada realidad política. 

Es posible formular al menos tres claves que sostenían la tranquilidad que el ministro de economía ansía para el rumbo de nuestro país: la posibilidad de cerrar las negociaciones con el FMI antes de las elecciones, el control de la pandemia y la confianza respecto al virtuosismo que generaría los rendimientos sociales de la recuperación económica. Sin embargo, ninguna de estas tres claves parece darse en el escenario vigente:

1) El acuerdo con el FMI no cuenta con la rapidez que estimaba a fines del año pasado el Gobierno Nacional que buscaba despejar el asunto antes de llegar a las elecciones de medio término. Más aún, las negociaciones hasta ahora parecen no estar exentas de requerimientos de condicionalidades con lo cual el tema adquiere una complejidad que no fue prevista. La expectativa, de quienes conducen por parte del gobierno nacional las negociaciones para salir de la crisis de sobreendeudamiento heredada de la etapa Macri, consistía en replicar las condiciones acordadas para los acreedores privados. Es decir, despejar la carga de vencimientos para los próximos tres o cuatro años que permitiría la disponibilidad de recursos públicos destinados a alentar el proceso de crecimiento económico. De fondo, prevalecía la visión del ministro Guzmán de interpretar al FMI como un socio de los intereses nacionales.

2) Al contrario de la premisa principal del diseño del presupuesto anual, el año 2021 está muy lejos de tener controlada la pandemia. La segunda ola, la aparición de nuevas cepas más agresivas y contagiosas junto con un ritmo de vacunación lento conforme a la escasa disponibilidad de vacunas, atenta fuertemente contra la idea de habernos quitado de encima el problema de la pandemia. De esta manera nos encontramos en la fase más acuciante de la crisis covid con un número de contagios diarios que está por encima de los 25.000 superando los peores picos del año pasado y con récord en la cantidad de muertes.

3) Los meses de recuperación de la actividad económica no han tenido el efecto favorable en el empleo y en la reparación del cuadro de pauperización social. Por el contrario, el aumento descontrolado de los precios, y en especial de los alimentos y bebidas, ponen en cuestión la intención oficial estableciendo la captura oligopólica del crecimiento experimentado.

Los últimos datos del INDEC a finales del 2020 señalan que, pese a que la recuperación de la economía comienza a darse a partir de mayo del año pasado, esa recuperación se va haciendo cada vez más lenta  y al llegar a diciembre, si bien estamos con niveles de actividad similares a los que existían antes de comenzar la cuarentena que se iniciara el 20 de marzo, la pobreza en el último trimestre abarca al 45,3% de la población.

Es decir, que tenemos a finales del año pasado prácticamente los mismos niveles de pobreza que los que se alcanzaron en el segundo trimestre del 2020 con una caída del PBI del 20%. Es decir, si bien mejoró la actividad, la pobreza no descendió.

Esta reactivación produce como efecto un menor nivel de empleo y, a la vez, exhibe una composición más deteriorada de las ocupaciones con una expansión del cuenta propismo informal incluso superior a la pre pandemia, y con un aumento del empleo no registrado. La categoría del autoempleo de subsistencia volvió a aumentar en el último trimestre del año pasado superando incluso los niveles anteriores a la emergencia en casi 530 mil personas más develando el cuadro de crisis y expulsión de mano de obra del segmento formal de trabajo asalariado. 

Al finalizar el 2020 el conjunto de asalariados registrados fue inferior -324 mil en relación con lo verificado a comienzos de año. La desocupación del 11%, no refleja exhaustivamente la cantidad de personas desocupadas (que en términos estadísticos se mantiene cercana a los dos millones de personas). La población que continúa sin trabajo a pesar de la recuperación económica rebasa los límites de la desocupación y se encuentra hoy también en lo que se considera población inactiva. Más aún, si consideráramos la actividad prepandémica, la tasa de desocupación en este trimestre sería del 14,9% y esos 2 millones se convierten en casi tres millones de personas.

En suma, si agregamos todas las situaciones linderas al desempleo, incluyendo la desocupación oculta dentro de las fronteras del empleo, la tasa de presión efectiva sería del orden del 33,3% afectando a nada menos que 6,6 millones de personas. Como es evidente, una recuperación con estos impactos en el empleo solo puede producir bajos ingresos y por tanto nunca puede contribuir a una reducción significativa de la pobreza.

Es decir, la reactivación fue a engrosar, vía precios, los márgenes de aquellas empresas con posiciones dominantes en los diferentes mercados. La inflación, en la práctica, desarticula la intención oficial de impulsar una recuperación basada en la expansión del mercado interno a partir de una mejora en el poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

Los datos confirman la continuidad del proceso de deterioro del conjunto de conceptos de ingresos de los sectores populares: entre diciembre 2019 y marzo 2021 el monto del haber mínimo y la AUH cayeron un 4,9% en términos reales; el salario mínimo cayó un 16,8% en ese período; en enero los salarios cayeron un 6,4% interanual mientras los del sector público cayeron un 8,7%.