El Presidente Javier Milei no le dijo la verdad completa al Wall Street Journal cuando declaró que “no hay Plan B”. En la práctica, el mandatario argentino ya cerró la primera etapa de su gobierno y comenzó la segunda. El Plan B ya está en marcha.

Después de aceptar que el Congreso no aprobará la megambiciosa “Ley Ómnibus”, el Presidente hizo que “Toto” Caputo simulara liviandad e indiferencia ante la eliminación del “paquete fiscal”.

No se sabe si Milei efectivamente está exultante, como dicen, convencido de que ha sido un triunfo y no una derrota legislativa; pero ya mandó su mensaje a las provincias sin ambigüedades: “se van a tener que ajustar sí o sí, porque no van a recibir ni un peso más por fuera de lo que les corresponde por la coparticipación”.

Efectivamente, la nueva etapa del gobierno argentino se basa en el modelo del “Federalismo Inverso”, donde el gobierno central se fortalece y las provincias se debilitan.

Ya en diciembre, Milei se ocupó de sentar las bases para la etapa que ahora comienza, cuando aumentó brutalmente el Impuesto PAÍS del 7,5% al 17,5%. Es toda recaudación para las arcas nacionales porque ese tributo no se coparticipa. Nada para las provincias.

Hay que reparar que en 2023 la recaudación del impuesto PAÍS creció sostenidamente, mes a mes, llegando a duplicar los ingresos por retenciones en algunos períodos.

Pero además, en un movimiento silencioso que pasó casi enteramente desapercibido, al terminar el año pasado el nuevo gobierno decidió ajustar al menos 35.000 millones de dólares del Presupuesto Nacional, con el sencillo pase mágico de prorrogar la Ley de Presupuesto 2023.

Así funcionará lo que en las últimas horas Milei denominó “la licuadora”: recauda impuestos con precios nuevos y gasta de un presupuesto con precios viejos.

Con esa base de menos gastos y más ingresos para el gobierno central, el Presidente avanza en el plan para secar a las provincias, convencido de que el gasto de los gobiernos subnacionales es lo que engendra el déficit fiscal global.

Ese plan contra las provincias incluye una serie de decisiones que ya comenzaron con la definición oficial de no compensar a las jurisdicciones provinciales por la merma en la recaudación del impuesto a las ganancias, a consecuencia de la eliminación de ese tributo sobre el salario de los trabajadores.

Es una pérdida de aproximadamente 1,7 billones anuales, que podría compensarse con la coparticipación del 30% del impuesto al cheque; o con sólo un tercio del incremento previsto en la recaudación del impuesto PAÍS, luego del significativo aumento de su alícuota. Pero la decisión es no entregar ni un centavo de eso.

Además, a partir del 1 de febrero las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos provinciales para pagar salarios o cubrir déficit.

Desde hace varios años se viene autorizando esa operatoria, pero la última prórroga aprobada por el Banco Central en enero de 2023 (Comunicación “A” 7674) no será renovada.

Ya no habrá más obra pública financiada por el gobierno central en las provincias. Pero, si hasta hace unas horas se mantenía la alternativa de que los gobiernos provinciales pudieran recurrir a fondos de organismos internacionales para avanzar con nuevas obras de infraestructura, ahora esa posibilidad también se cortará.

Más aún, el gobierno nacional asegura que tomará esos créditos para contribuir a que las cuentas nacionales alcancen el equilibrio fiscal.

También se prevé limitar todas las transferencias destinadas a compensar y equilibrar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales, las que oportunamente no se armonizaron con el sistema nacional de la ANSeS.

Por otra parte, está decidido no agilizar la formulación, aprobación y ejecución de nuevos proyectos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que financia obras en todas las provincias, pero por fuera de los recursos del Presupuesto Nacional.

Para desalentar mecanismos de financiamiento autónomo, no se rescatarán las cuasimonedas emitidas por las provincias, además de que no se aceptarán esos bonos como medio de pago para cancelar impuestos nacionales.

Si se cumple la promesa presidencial de no enviar a las provincias ni un solo peso más de lo que corresponde por las transferencias automáticas de la Coparticipación, ingresarán en zona de riesgo las transferencias no automáticas. Entre ellas, los denominados ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que constituyen el 1% de la masa coparticipable.

Pero hay otras transferencias de ese tipo (no automáticas) que son más sensibles y socialmente delicadas. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, por ejemplo. Se trata de recursos que cada mes se usan para pagar un refuerzo salarial a los docentes de todo el país.

¿También van a cortar o limitar ese Fondo de Incentivo Docente? Sería un atentado a la paz social, perpetrado desde el poder central.

No resulta nada extraño, entonces, que lo que habría escuchado el ex Ministro Ferraro en una reciente reunión de gabinete sea totalmente cierto. Parece que Milei quiere dejarlos sin plata y fundirlos a todos.

También va tomando volumen y peso real la frase jamás oficializada: “si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias",

¿Qué harán ahora los gobernadores de todos los signos políticos? ¿Van a facilitarle la aprobación de los retazos sueltos de eso que alguna vez fue la Ley Ómnibus?

Parece que algunos necesitan ir mirando encuestas de imagen para calcular el ritmo y el contenido sus posicionamientos.

Deberían saber que tienen enfrente a un gobierno central que ya decidió cortarles la cabeza ¿Y todavía están pensado aprobarle alguna delegación de facultades en el Congreso?

En el fondo, el discípulo Milei recupera la filosofía de uno de sus principales padrinos, quien predica hasta el hartazgo que el “pecado fiscal” argentino comienza y termina en las provincias.

Ellas, sostiene eternamente el padrino, siempre son las responsables del déficit fiscal y fueron las culpables de la crisis argentina en 2001. Un año inolvidable, por cierto.