En los últimos días, el Gobierno ha protagonizado una serie de episodios que bien podrían calificarse como “errores no forzados”: el escándalo con la criptomoneda $Libra, el nombramiento en comisión de dos jueces de la Corte Suprema relegando al Senado de esa decisión y el pedido  informal (vía X) de intervención en la provincia de Buenos Aires ante los hechos de inseguridad.

Los últimos dos eventos probablemente nazcan de la necesidad del Gobierno de recuperar la agenda que había perdido con el escándalo cripto, pero a riesgo de generar un claro deterioro  institucional. 

Sin embargo, en todos los casos, las repercusiones políticas y económicas han sido menores y, al menos por ahora, los costos asumidos no parecen justificar la aplicación de ese rótulo. Es que, también por ahora, los logros económicos en términos de desinflación, junto con un pasado reciente que aún genera temor, respaldan decisiones del Gobierno que, en otro contexto, serían cuestionables.  

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella muestra que, aunque se deterioró en el margen respecto de los niveles iniciales, el nivel sigue siendo superior al de  administraciones anteriores en sus primeros 13 meses gestión. Además, las primeras encuestas de cara a las legislativas de este año lo muestran en una posición de mayor fortaleza, en buena parte explicada por una oposición súper fragmentada y sin poder encontrar un espacio consolidado dentro del tablero político, que no le permite capitalizar estos errores. 

Más allá de esto, entendemos que los mayores riesgos para el Gobierno siguen estando en el frente externo. Un contexto internacional más incierto, a partir del avance de Trump en su política arancelaria, está teniendo impacto en los mercados y  particular arrastre en los activos argentinos.

Habíamos mencionado que el margen para mejoras continuas en el riesgo país parece más acotado, aun cuando el rumbo económico elegido pueda seguir gustando. El mercado, que no reaccionó con fuerza a los mencionados errores no forzados, sí podría estar demandando mayores precisiones sobre el programa económico. 

Había anticipado un clima más favorable para el oficialismo y la coyuntura ha mostrado que podría faltar recorrido hasta octubre y la cautela se ha transformado entonces en un humor menos agradable que repercute en  las cotizaciones 

En el cierre de febrero, el riesgo país EMBI trepó a 780 pbs, nivel que no se observaba desde noviembre, y aleja la posibilidad de volver a los mercados para financiar los vencimientos. La contracara es una mayor dependencia al acuerdo con el FMI, para financiar una brecha cercana a los USD 8 MM para lo que queda del año. 

La suba del EMBI debería también traducirse en presión al alza de los dólares financieros. Si este efecto no se ve es por la presencia directa del BCRA interviniendo en títulos para sostener paridades y por el impacto del dólar blend derivado de las mayores liquidaciones del agro, aprovechando la baja de retenciones y la oportunidad de carry (intervención indirecta del BCRA).

Así, la brecha se mantiene en la zona del 15%, techo implícito al que parece haber adherido el Gobierno desde mediados de diciembre. Estas intervenciones son a costas de reservas y no logran consolidarse en el balance del BCRA. Las netas siguen en terreno negativo (-USD 7 MM aproximadamente) y reflejan una mejora menor respecto a los -USD 11 MM  heredados, aun después de haber contado con un superávit comercial de USD 19 MM y pagos de deuda acotados durante todo el año pasado.  

Esto es, en definitiva, lo que entendemos que suma incertidumbre a nivel local y frenó la baja del EMBI. El Gobierno ya ha dado muestras también de preocupación al respecto. Intenta aumentar la oferta de dólares en el MULC vía la baja de retenciones para anticipar liquidaciones y a través de la  habilitación a los bancos a otorgar préstamos a personas/empresas con ingresos no dolarizados (que por norma deben liquidarse en el MULC). 

También sobrefinancia vencimientos pagando tasa más alta para sostener la demanda de pesos y evitar que se vaya a brecha. Esto sucedió en la licitación de esta semana donde Finanzas convalidó un aumento de tasas para las Lecaps más cortas consiguiendo una tasa de rollover del 165%.  

Todas estas medidas parecen estar enfocadas en ganar tiempo hasta que se logre un acuerdo con el FMI en el corto plazo y hasta que los dólares que generen los sectores beneficiados por el RIGI empiecen a madurar. El gobierno ya cuenta con la buena carta de presentación que le deja haber llevado a cabo un ajuste fiscal superior al demandado por el Organismo, pero eso no lo exime de las eventuales correcciones en materia cambiaria que viene anticipando el FMI en las revisiones del programa. 

Desde nuestro lado, las dudas siguen estando en el timing de esas correcciones (las que descartamos que se hagan voluntariamente antes de las elecciones de octubre) y en la política cambiaria que prevalecerá una vez eliminadas las restricciones cambiarias que operan actualmente y que, muy probablemente demandará el FMI.