En la segunda semana de diciembre aún no hay avances concretos que hagan pensar que la economía empezará el 2022 en un régimen acordado con el FMI. El gobierno empezó tardíamente la negociación con el Fondo y ello costó USD 7.000 M de dólares que podrían estar alimentando las reservas netas del BCRA, las cuales hoy no llegan a un punto del PBI. 

Esta demora quitó todo poder de negociación frente al organismo dado que el país queda en una situación complicada al estar cerrando un programa contrarreloj. Así y todo, ahora es esperable que el gobierno empiece con acciones de saneamiento previo a la implementación de un acuerdo, es algo tradicional en estos procesos y el solo hecho de no ver esas acciones hacen pensar en lo lejos que se está de cerrar el acuerdo. 

En el medio está la ley de presupuesto 2022 que no contempla en sus supuestos metas que estén consensuadas con el FMI. Es por ello que se está degradando la misma ley al saber que el presupuesto sufrirá una actualización una vez que aparezcan las metas cuantitativas impuestas o acordadas con el organismo multilateral. 

Parte de las correcciones previas que deberían esperarse una vez que el programa esté en marcha son dos: desarmar el control de precios y corregir la brecha cambiaria. Sobre lo primero aún no se ven acciones concretas y la inflación por encima del 3% pone al gobierno en una situación poco cómoda. La segunda también parece de difícil resolución, la brecha se logró estabilizar, pero en niveles muy elevados y llegados a este punto queda la alternativa de desdoblar o de unificar. Desdoblar formalmente puede ser una opción transitoria pero ese carácter es difícil de abandonar una vez implementada la medida. La unificación con pocas reservas y muchos pesos es arriesgada. 

Así queda como opción la medida previa al acuerdo de provocar un salto discreto en el tipo de cambio o de acelerar el crawling peg. El salto discreto sin corrección de variables reales solo llevaría a una nominalidad más alta y podría dejar una inercia inflacionaria que deja la economía operando con una inflación superior al 50% de este año y el riesgo de inestabilidad cambiaria y bancaria. 

Avanzar con el crawling peg no es más que dejar de deteriorar los fundamentals de la economía que la misma directora del FMI apuntó como uno de los objetivos del programa de Argentina. Es una estrategia no exenta de costos, hoy el tipo de cambio moviéndose a menos de un tercio de la inflación funciona como un ancla sobre los precios. 

Bajo este panorama es que uno no puede esperar un 2022 con inflación inferior al 60%. Lo curioso es que yendo a esta nominalidad tan elevada el gobierno insiste en decir que la inflación irá cediendo año tras año. Esta falta de sinceridad es la que atenta contra el objetivo de ‘calmar la economía’ que pretende el ministro y sobre la capacidad de coordinar expectativas. Será otro año de sorpresa inflacionaria para algunos agentes. 

La inflación cuando es anticipada tiene unos costos distintos a cuando toma por sorpresa. En el segundo caso se producen efectos distributivos que no son deseables, básicamente transferencias de riqueza no provocadas por el esfuerzo relativo de distintos actores sino por el mero hecho de la posición patrimonial de cada unidad decisoria. 

Estamos así por ingresar a un año crucial para el gobierno, sin pandemia y sin elecciones no hay excusas para un año de vivir sin un norte hacia donde guiar la política económica. No es el FMI quien tutela a la Argentina, sino que es la falta de reflejos del gobierno la que obliga a que el Fondo imponga un programa para reordenar la cuestión económica. Puede ser una estrategia, el ‘malo de la película’ será el FMI, pero también puede hablar de cierta impericia. Como sea, más allá de los culpables, la economía argentina tiene un 2022 complejo para transitar desde un punto de partida muy deteriorado.