La política concentrada en cosechar votos

“Ya no hay duda alguna Cristina, está al frente del Gobierno” comentan en super off the record algunos miembros del oficialismo. “Cristina in command” se tituló esta columna el 9 de mayo pasado y desde entonces se ha ido acentuando la participación de la vicepresidente preocupada por la falta de resultados en áreas clave como la economía, antes de las elecciones de medio término.

Comentan que la vicepresidente sigue con particular atención no solo la situación del sector más vulnerable, que están relativamente bien asistido, sino también los sectores de menores ingresos que están inmediatamente por encima de la población carenciada –los que no reciben planes–.

Si bien en mayo se desaceleró la inflación, el 3,3% que arrojó el índice elaborado por el INDEC -48,8% anual - sigue encendiendo luces rojas en el Gobierno. Por más que el ministro de Economía, Martín Guzmán, considere que están dadas las condiciones para una baja de la inflación, la mayoría de las consultoras privadas opina que los precios subirán cerca de 3% en los próximos meses.

Precisamente la persistencia de una alta inflación es lo que está haciendo que desde este segmento vulnerable haya cada vez más gente que cae en situación de pobreza, en un contexto en el que, por más que la economía se recupere, no dan los tiempos para que perciban una mejora en los ingresos antes de las elecciones.

El segmento de la población más pobre y que no recibe planes sociales atraviesa por una situación muy compleja, caracterizada por un elevado endeudamiento (demoras en los pagos de servicios públicos, créditos, saldo de tarjeta de crédito, expensas, entre otros pasivos).

Así, no extraña que el senador Oscar Parrilli (mano derecha de Cristina) y otros hayan presentado dos proyectos para limitar las tasas de interés por mora aplicadas por las empresas prestadoras de servicios públicos, entidades bancarias, tarjetas de crédito, medicina prepaga y empresas privadas de servicios en general.

También el secretario de Energía, Darío Martínez, anticipó que no habrá aumentos de servicios públicos ni de combustible en lo que resta del año.

En tanto, se anunció un refuerzo de unos 6.000 pesos para poseedores de asignación universal por hijo (AUH) y planes sociales y se avanza en el estudio para otorgar un bono “extraordinario” a los jubilados.

También se oficializaron los cambios en el impuesto a las Ganancias que, en la práctica, significa una mejora sustancial para el personal en relación de dependencia. Se trata de menores retenciones, en el sueldo y el aguinaldo, a lo que suma la devolución  de montos retenidos. 

Y la diferencia se sentirá. A modo de ejemplo, para un trabajador soltero que gana $150.000 brutos le representará un ahorro de $9.600 por mes. La contracara: un comerciante o profesional autónomo que tenga ganancias de $150.000 por mes debe pagar casi $ 25.000 de impuestos por mes.

En cambio, los sectores informales, de menores ingresos son los que prácticamente no están siendo tenidos en cuenta por la política, tanto el oficialismo como la oposición. “Es que históricamente son los que no tienen capacidad de movilización”, comentaba sin tapujos un experimentado político al tiempo que alertaba que las redes sociales los están visibilizando. Al respecto, puso como ejemplo el movimiento de Padres Organizados, agrupación que surgió por el reclamo de la apertura de las escuelas.

Además de las ayudas, el Gobierno continuará intentando frenar la suba de precios a través de los planes Precios Cuidados, Super Cerca y Cortes Populares y otros planes similares que, hasta ahora, vienen demostrando magros resultados.

En tanto, las paritarias comenzaron a trepar: camioneros cerró con un aumento del 45% y el gremio de encargados de edificios (Suterh), que tenía un acuerdo paritario de 32%, acordó pagos adicionales hasta febrero próximo que significarán un incremento del 44,8%. Este último aumento impactará en las expensas, un tema que afectará a los ingresos de la clase media.

Dos miradas

Estas iniciativas son reveladoras de un tema más profundo: en el oficialismo parecería haber dos miradas de la realidad. Por un lado, miembros del gabinete nacional creen que la inflación puede ubicarse por debajo de 40% en el año. Lo dice el ministro Guzmán, al tiempo que con informes demuestra que esta pauta podrá ser posible.

Están convencidos de que se logrará una recuperación del salario real -lo afirma en cuanto reportaje otorga el Jefe de Ministros, Santiago Cafiero que, en la práctica, oficiará de jefe de la campaña para las elecciones-. Y, para rematar, creen que la reactivación se está consolidando.

Justamente estos temas más los avances en la vacunación, serán los ejes de la campaña. Este viernes, durante un largo almuerzo con sus colaboradores, el  presidente Alberto Fernández se puso al frente de la etapa que viene caracterizada por el tono electoral. Dio una orden precisa  a su gabinete “se acabó el silencio”, de ahora en más “todos los ministros saldrán a comunicar”.

Este mensaje presidencial esconde la hipótesis que el malestar con el Gobierno obedece más a la falta de comunicación que a un problema de gestión. En el fondo, en la Casa Rosada creen que los males no son culpa del Gobierno, sino consecuencias de la pandemia.

Sin embargo, los números que elaboran los analistas económicos proyectan la inflación del año en torno de 46%/50%, porcentajes que implicarán que una gran parte de los asalariados no tendrán una mejora sensible en el poder adquisitivo. La recuperación se concentra en  la industria, pero en buena medida por una sustitución “forzada” de importaciones, dadas las restricciones oficiales. Ni el agro, ni la construcción y menos aún los servicios muestra datos positivos.

Uno de los puntos más importantes para la política en un año electoral es el consumo. En este sentido, el consumo masivo (alimentos, bebidas, cosméticos y artículos de limpieza) medido en volumen retrocedió  9,6% en el primer cuatrimestre del año en comparación con igual período de 2020, según la Consultora W.

La otra visión

La segunda mirada corresponde a Cristina Fernández y el kirchnerismo más duro que tiene una visión mucho más crítica de la realidad, en buena medida en función de lo que trasmiten los intendentes que son permanentemente consultados por la vicepresidente.

Por esta razón, en el entorno de la señora de Kirchner se comenta que dio una instrucción clara: no aceptará ninguna medida oficial que afecte el poder adquisitivo de los salarios y que pueda afectar el resultado electoral.  

Las últimas mediciones de intención de voto que circularon en el oficialismo trajeron intranquilidad. Los estrategas electorales del kirchnerismo ven con preocupación la aparición de la alternativa de un voto peronista disidente como el que podría encabezar Florencio Randazzo. 

Preocupa que el ex ministro de Transporte pueda captar adhesión de un segmento moderado de la población que no votaría a opciones de derecha (allí ubican a  Juntos por el Cambio), pero que están desencantados con la gestión de Alberto Fernández (cerca de 20% de los votantes de 2019, según consultoras privadas).

En este sentido, Cristina no olvida las derrotas que le provocaron en territorio bonaerense competidores de esta naturaleza, como fueron Francisco De Narváez, en 2009, y Sergio Massa, en 2015.

Peleas

A favor de las chances electorales del oficialismo juega la feroz interna que se ha desatado en Juntos por el Cambio ya que –interpretan en este ámbito- muestra una oposición “más preocupada por los cargos políticos que por los problemas de la gente”.

Se comenta en el mundillo de la política que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Guillermo Seita son dos de los hombres que más escucha Horacio Rodríguez Larreta. Dicen que son los que le habrían aconsejado al jefe de Gobierno, a principios de año, que salga a pelear el liderazgo de la oposición a Mauricio Macri. Por esta razón Horacio busca que María Eugenia Vidal compita con Patricia Bullrich (dicen que es la que más mide) en la Capital y manda a Diego Santilli a la provincia territorio que aspira Jorge Macri.

“Solo logramos debilitarnos con esta interna”, sostienen algunos dirigentes de la propia fuerza, en tanto, en el oficialismo saben por experiencia que las divisiones se traducen en menos votos.

A su vez, en contra del Frente de Todos puede jugar el acercamiento que está teniendo Juntos por el Cambio con expresiones de la derecha (José Luis Espert). En el terreno que más importa, la provincia de Buenos Aires, las encuestas muestran que la derecha tiene un grado de adhesión nada despreciable, del orden del 8 a 9%.

Por cierto, las poco felices declaraciones de Alberto Fernández han contribuido a deteriorar la imagen del oficialismo y particularmente de su persona. La imagen negativa del presidente sufrió un salto de 5 puntos y se ubica en 66%, de acuerdo con la última medición de Synopsis.

Si las elecciones se realizaran hoy, el oficialismo cosecharía a nivel nacional cerca de 35% de los votos, según esta consultora, un resultado que no sólo no le permitiría lograr quorum propio en Diputados, sin que además implicaría la pérdida de algunas bancas en la cámara baja.

No obstante, resulta prematuro hacer pronósticos ya que, si el Gobierno sigue avanzando con la vacunación y mantiene en consecuencia de un grado de apertura que permita un mejor desenvolvimiento de la actividad económica, pueden mejorar sus chances electorales.

Peleas II

Con el propósito de que los ingresos no resientan, la vicepresidente Cristina Fernández se opone enérgicamente a la suba de las cuotas de las prepagas, sostienen en su entorno. Pero, este “noble propósito” esconde un proyecto más ambicioso, sostiene un experimentado político.

Esta semana Cristina  volvió a señalar la necesidad “repensar el tema de salud y debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen, publico, obras públicas y prepagas”.

La Unión Argentina de la Salud, a través de una dura carta, alertó a la sociedad que “si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria”. Y lo demuestran con números:

Aumentos desde el 2012 hasta 2020

Inflación: 1.450%

Costo salud: 1.950%

Medicamentos: 3.000%

Aumento prepagas: 1054%

A esto se suma que las prepagas y obras sociales están obligadas de brindar más prestaciones. Además, la pandemia las sobrecargó de trabajo pero por el otro lado les impidió prestar otros servicios médicos.

Pero ¿que esconde este interés en las obras sociales y las prepagas? Se habla que el ataque a las prepagas es por la “caja”, pero en este caso no es correcto porque el aporte es voluntario. Claro que si el Estado se apropia bien puede “obligar” a su pago, reflexionaba un viejo dirigente político.

“El objetivo final del kirchnerismo es disciplinar al sindicalismo” explicaba. “Es un camino indirecto para debilitar a las obras sociales”. Es que los sindicatos utilizan  servicios de clínicas y prestadores médicos privados para derivar a sus afiliados.

Hoy estos establecimientos se ven severamente afectados porque las prepagas no están pudiendo hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma, sostienen en el sector. Aportan un dato contundente, sólo en Córdoba cerraron 200 clínicas.

La pelea con los sindicatos y otros sectores se explica porque “el kirchnerismo no comparte el poder” sostienen quienes dicen conocerlo. “Pero Juntos por el Cambio tampoco buscó consensos cuando fue gobierno”, advierten los analistas.  

En contra de estas posiciones individualistas, la experiencia internacional demuestra que los países que salieron delante de situaciones complicadas -alta inflación, retroceso económico-, lo hicieron a partir de acuerdos. Así lo recordó esta semana el ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov y puso como ejemplos a Israel, España y Chile. Para dar una idea de lo difícil que será volver a una senda de crecimiento sustentable basta un solo ejemplo: en la última década no se ha creado empleo privado.