Ésta semana salieron los datos de la actividad económica de Argentina del último mes del 2020 y nos permitió tener una cruda radiografía de la situación en la cual nos encontramos. Lamentablemente, fuimos ejemplo regional, nuevamente, de lo que no hay que hacer en materia político económica.

En el 2020 la Argentina acumuló una caída del 10,0%, habiendo tocado un piso en abril de 2020 con el 25,4%. Éste número es muy similar al del 2002 que evidenció una caída del 10,9%. Efectivamente, nos encontramos ante una de las peores crisis de la historia de nuestro país.

Obviamente, muchos abogaran de que la pandemia implicó un shock exógeno de oferta negativa, que luego pasó a ser un shock de demanda que afectó, por primera vez en el mundo, al 90% de los países, según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, basta con mirar los mismos números de actividad en el resto de nuestros vecinos regionales para darnos cuenta de que algo (mucho) hicimos mal. Por regiones, en 2020, Brasil cayó 4,05%, en Chile la caída fue del 6,0%, en Colombia la caída fue del 6,8%, en México 8,5% y en Perú del 11,1%. Evidentemente, haber cerrado la economía durante casi 9 meses no fue la mejor idea.

El acuciante ritmo de pauperización que se produjo del tejido productivo desde marzo de 2020 no hizo más que empeorar la calidad de vida de los argentinos.

Es más, desde la Fundación Libertad y Progreso elaboramos un Índice de Empobrecimiento de los Trabajadores (IPT) para poder adelantarnos mes a mes a la evolución de la pobreza de los asalariados y los datos no hacen más que estremecer.

El Índice de empobrecimiento mide la evolución de los salarios de los trabajadores argentinos, deflactado por la evolución de la canasta básica total y lo hace desde abril de 2016, porque durante la gestión de Cristina Fernández se dejó de publicar la CBT. Al ser un índice de variación mensual se puede analizar si desde que se publicó el último dato de pobreza, la situación ha mejorado o ha empeorado.

De acuerdo a este índice, la situación se ha agravado en el segundo semestre de 2020. Es más, si lo comparamos con octubre del 2017, cuando se registró cierta recuperación de los salarios en relación a la canasta básica, podemos ver una corrosión de más de 20 puntos porcentuales.

Son números que ponen en relieve la mala gestión económica del 2020 en el que no se priorizó, otra vez, el futuro de los argentinos. Obviamente, no es algo que inició en 2020 sino hace casi dos décadas atrás cuando se decidió incrementar desde el 2003, el gasto público en 20 puntos porcentuales. No es solamente la muestra de una política fiscal expansiva sino el ejemplo de que el Estado se volvió más dependiente de los recursos del sector privado.

Entre el 2003 y el 2015, el número de empleados públicos subió en 2,0 millones y se mantuvo hasta nuestros días. Si comparamos 2003 vs 2018 vemos que la cantidad de empleados públicos se incrementó en un 55% a nivel Nacional, 117% a nivel municipal y 77% a nivel provincial.

Además, hubo 3 millones de personas que no habían aportado y se jubilaron por la moratoria previsional; lo que profundizó un importante déficit dentro del sistema previsional. Además, hay que agregarle la suba de los haberes mínimos jubilatorios.

Asimismo, se generó un incremento de los planes sociales que se convirtieron en un instrumento de captación política. Por último, cuando en 2002 se gestó la devaluación, se congelaron las tarifas y éstas se retrasaron.

Para aumentar el tamaño del Estado, se aplicaron, a grandes rasgos, dos tipos de políticas: i) política fiscal expansiva vía endeudamiento del Estado para financiar la suba del gasto público; y, ii) política monetaria expansiva.

La política fiscal expansiva sólo genera en el corto plazo un recalentamiento de la economía, con una estructura productiva muy dependiente de la inyección artificial del gasto. Cuando el Estado reduce su ritmo de endeudamiento, la economía entra en una fase de estancamiento. Aquellas actividades infladas por la suba de gasto inicial quiebran. Así el sector privado se ve forzado a entregarles sus ahorros al Estado para financiar su endeudamiento.

Finalmente, en el mediano plazo sólo conseguimos que un grupo de burócratas dilapide recursos del sector privado que podrían ser utilizados para favorecer las inversiones, innovaciones y aumentar la productividad, con su posterior impacto sobre los salarios.

Es primordial aclarar que no existe ninguna evidencia empírica que una unidad adicional en el sector público compense la pérdida que se ocasiona en el sector privado.

Por otra parte, la política monetaria expansiva ya sea reduciendo los tipos de interés artificialmente o inyectando billetes en la economía tampoco provoca efectos deseables. Si se reducen los tipos de interés con el objetivo de incrementar la liquidez, que los individuos puedan endeudarse más y, por ende, gastar más; puede que se corra el riesgo de entrar luego de la fase expansiva en una fase depresiva mayor a la inicial o, sin el efecto inicial, que incentive al Estado a endeudarse más. Por otro lado, si se opta por expandir la oferta monetaria, que no corresponda a su respectiva suba en la demanda de dinero, el resultado es la corrosión de la moneda. En resumen, se acelera la inflación.

Como mencionamos inicialmente, a pesar de la evidencia, nuestro país se caracterizó por llevar adelante todo éste tipo de políticas cuyo resultado ya describimos con datos. Ahora la pregunta sería: ¿cómo salimos de ésta decadencia? A través de la libertad, el respeto a la propiedad privada y garantizando instituciones fuertes.