Cada millón de dólares de inversión en infraestructura pública (tendido eléctrico, rutas, escuelas, hospitales, agua y saneamiento) en países emergentes, puede generar hasta 17 empleos. El nivel de empleo mejora de manera directamente proporcional cuando aumentan, dentro de la inversión, los componentes de investigación y desarrollo (I&D) ambiental. De manera que en tiempos de contracción y crisis generados por el impacto de la pandemia del COVID-19, la obra pública tiene la potencia para revertir el sentido del ciclo económico. 

Esta afirmación puede tener poco de novedosa: lo novedoso es que ahora también la comparte el FMI, en un documento de reciente publicación (1). El giro de ciento ochenta grados, respecto de sus posiciones tradicionalmente fiscalistas, tal vez sirva para ilustrar la gravedad de la crisis que nos toca atravesar.

“El sector de la construcción es único, ya que los gobiernos pueden estimular la demanda y la creación de empleo directamente a través de la inversión pública en infraestructuras”, afirma, a su vez, un informe de la OIT fechado a principios de este año (2). “Además, abarca múltiples actividades, por lo que puede absorber trabajadores de otros sectores, y los proyectos pueden enfocarse en las zonas más necesitadas de ayuda”.

El panorama sigue siendo crítico a nivel global y la recuperación que ha comenzado, es aún incipiente. Durante el año 2020, producto de la pandemia de Covid-19, se perdieron el 8,8% de las horas laborables a nivel global, el equivalente a 255 millones de empleos de tiempo completo, casi cuatro veces lo que se perdió en la crisis financiera de 2009 (3). Pero esta crisis no golpea a todos por igual: la sufren más los trabajadores de menor calificación, las mujeres, las juventudes, y los países emergentes. 

Con plena conciencia de esta emergencia laboral global, el Gobierno Nacional formuló un presupuesto 2021 que refleja con claridad criterios y prioridades. Una inyección de recursos en obras públicas que incide en la creación de empleo, como lo demuestran las estadísticas recientes. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (OEDE-MTEySS), en 2021 existen más de 360 mil puestos de trabajo registrados en la construcción. El promedio de aumento interanual es del 15,3% y 12% respectivamente, revirtiendo una tendencia a la baja que data de los primeros meses de 2019, mucho antes de la pandemia. 

Otro tanto ocurre con  los principales insumos para la construcción, cuya demanda experimentó importantes incrementos interanuales: hierros redondos y aceros (182%), asfalto (325%), hormigón elaborado (1054,6%) y ladrillos huecos (1012,2).

Para maximizar y dirigir el impacto positivo allí donde es más urgente, en este contexto, es central contar con información  precisa acerca del proceso y sus particularidades. El Estimador de Empleo y Obra Pública, desarrollado por la Dirección Nacional de Transparencia, enriquecido con los aportes de las instituciones que integran el Observatorio de la Obra Pública, está llamado a ser termómetro y, a la vez, hoja de ruta, para encontrar el camino más eficiente hacia la recuperación del empleo.

En esa misma línea, la Dirección acaba de publicar el nuevo “Informe de coyuntura sobre trabajo y obra pública” (3). Entre sus conclusiones se destaca que del conjunto de tipologías de obras efectuadas por el Ministerio de Obras Públicas, sus empresas y organismos descentralizados, las obras que generan más empleo por peso invertido son las de infraestructura social (salud, educación, género y cuidados), respecto a las vinculadas a la infraestructura física (agua y saneamiento, vial, hídrica).

Además, si bien las estimaciones corroboran la fuerte masculinización del sector de la construcción para los empleos generados directamente por la obra, la participación de las mujeres es considerablemente mayor en el empleo indirecto. 

A partir de las estructuras de costos y los efectos multiplicadores en los distintos sectores de la economía, la metodología empleada indica que el empleo indirecto femenino es, en promedio, del 37,8%, destacándose las obras de Infraestructura Sanitaria y las relativas a Agua y Saneamiento, cuya participación asciende a 39,3% y 40,9% respectivamente.