El peor contexto económico para una elección de los últimos diez años
El gobierno decidió que una parte importante de su respuesta al resultado electoral sea económica pero sin cambiar los nombres que llevan adelante esas políticas. Los mismos objetados por la vicepresidenta serán los encargados de ejecutar una política algo más expansiva del gasto público que la que hubo en la primera parte del año.
El escenario de las últimas elecciones PASO no ameritaba mucha discusión por los indicadores: era el peor contexto económico para una elección de los últimos diez años. A pesar de ello, la oposición nucleada en Juntos por el Cambio tuvo dificultades para capitalizar esa situación luego de su fallido paso por el gobierno. Eso se tradujo en una elección atípica, con un duro resultado para el gobierno que quedó matizado por la escasa participación electoral en los mismos circuitos electorales donde perdió la mayor parte de los votos.
El gobierno, una vez reorganizado políticamente el gabinete nacional, tomó nota de este escenario y se concentró en mejorar la capacidad de consumo de distintos sectores sociales. Durante los primeros meses del año, se impuso la cautela fiscal como eje de la política económica. Defendida desde una visión ortodoxa para reducir la inflación, implicaba costos en la propia base electoral del Gobierno y corría el riesgo de entorpecer el proceso de reactivación sin lograr el efecto deseado en los precios.
Esa etapa del gobierno parece, al menos por el momento, haber quedado atrás. Sin embargo, con el avance del plan de vacunación y la normalización de las actividades, surge la oportunidad de lanzar un programa de fuerte reactivación con eje en la infraestructura social y que genere puestos de trabajo en los sectores críticos (construcción, seguridad, salud, educación). Cada 1% del PBI destinado al sector de construcción, se crean 269 mil empleos directos e indirectos. Es una forma concreta de realizar el declamado cambio de los programas de asistencia social por trabajo.
Distintas visiones plantean objeciones a los programas de reactivación ambiciosos por las restricciones que tiene la economía argentina. Desde las posiciones más heterodoxas, se entiende que la restricción de divisas es la principal limitación que surge para sostener el crecimiento. En la actualidad, la mayor parte de las discusiones giran en torno a generar dólares por la vía comercial o financiera pero se toma como un dato el fenómeno de la dolarización y el destino que tienen los dólares que la economía argentina genera. El programa de reactivación debe ir acompañado de un programa de estabilización heterodoxo para atacar la inercia inflacionaria y avanzar en alternativas de ahorro para sectores informales que les permita cubrirse de la inflación sin necesidad de tener al dólar como única alternativa.
El gobierno decidió que una parte importante de su respuesta al resultado electoral sea económica pero sin cambiar los nombres que llevan adelante esas políticas. Los mismos objetados por la vicepresidenta serán los encargados de ejecutar una política algo más expansiva del gasto público que la que hubo en la primera parte del año. Con esto, se hará lugar a parte del reclamo que hizo público Cristina Kirchner para modificar la performance electoral. De todos modos, el horizonte es más largo que la próxima elección en Noviembre y de esta coyuntura pueden salir decisiones que apuntalen a todo el Frente de Todos de cara a 2023.
A la semana siguiente de publicar sus diferencias con parte del Gobierno, el Ministerio de Economía publicó, sin hacer mucha publicidad, los datos oficiales del resultado fiscal. El déficit fiscal primario al mes de agosto resultó del 1% del PBI en lugar del 2,1% que se señaló en la carta por lo que la distancia hasta el 4,5% (el valor previsto en el Presupuesto 2021 y que reclamó CFK) es todavía mayor. Al enviarse el Presupuesto 2022 se incorporaron nuevas proyecciones para el presente año y allí se postuló que el déficit fiscal primario sería 4,0% del PBI en el 2021. Aún considerando que los últimos tres meses son siempre los más deficitarios por razones estacionales, parece difícil que se llegue al 4%.
Sin embargo, la discusión debe ir más allá de un determinado número de déficit fiscal para reactivar la economía. El crecimiento no puede basarse sólamente en transferencias directas hasta alcanzar un determinado número de déficit fiscal sin dar respuesta a otras demandas sociales concretas y sin incorporar el impacto distributivo que tienen las políticas aplicadas. El modelo de crecimiento basado en la inyección de recursos, sostenido de 2011 a 2015 con un creciente déficit fiscal, también se enfrentó con fuertes restricciones y debe ser anotado como una experiencia a superar por los proyectos populares. La forma de superarlo es con un ambicioso plan de infraestructura social que dé respuesta a las demandas sociales concretas, genere puestos de trabajo en los sectores críticos (construcción, seguridad, salud, educación) y tenga la menor demanda de divisas posible para no dificultar todavía más la restricción externa.
Las demandas sociales pasan fundamentalmente por la necesidad de vivienda digna, mejoras medioambientales en los barrios populares (la limpieza de las grandes cuencas del Matanza y Reconquista tendría un impacto altísimo en el hábitat de millones de personas), seguridad, educación y salud. La desigualdad de género requiere una infraestructura propia destinada a las tareas de cuidado para ser atendida. Dar respuesta a estas demandas requiere una infraestructura con la que el Estado hoy no cuenta y necesita generar.
La construcción y los servicios sociales son las actividades económicas a apuntalar. Tienen, además, dos virtudes adicionales. El impacto en puestos de trabajo por cada peso invertido es superior al resto de las actividades. Además, para su impulso la necesidad de divisas e importaciones es mínima. La inversión de 1% del PBI en el sector de construcción genera 269.000 puestos de trabajo entre los empleos directos e indirectos.
Durante gran parte de la gestión, este tipo de iniciativas tuvieron que relegarse por las medidas de restricción que directamente prohibían la actividad y por la prioridad puesta en incrementar la capacidad del sistema de salud. El éxito en el plan de vacunación ya permite pensar en otro tipo de programas más ambiciosos. Está abierta la posibilidad de tomar la iniciativa en materia política y económica de la mano de un plan de reactivación popular. Aquellas tareas que quedaron pendientes al inicio del mandato, pueden ser retomadas en el período 2022-2023 y renovar la confianza de la base electoral del Frente de Todos. Lo que está por delante es la oportunidad de cumplir esas expectativas.