¿Estos primeros atisbos de desaceleración inflacionaria pueden constituir un quiebre de tendencia, volviendo a un régimen de inflación moderada? Si estás corto de tiempo, la respuesta es NO.

Lo que está pasando se parece más a un respiro tras la sobrerreacción de los meses previos, que a un real cambio estructural. En las próximas líneas proponemos analizar las razones de esta moderación parcial de la dinámica de precios, las perspectivas para los próximos meses y los desafíos en la posterior etapa, donde será indispensable aplicar un programa con reformas económicas.

Para un cambio de régimen inflacionario que nos saque del esquema de súper inflación hace falta mucho más que un alivio coyuntural. El primer paso deberá ser la normalización en el funcionamiento de las variables que hoy presentan mayores interferencias. Un programa de estabilización debería empezar dando tratamiento al mercado de cambios, que es la fuente principal de las distorsiones.

Sin condiciones de posibilidad para una unificación plena al inicio de gestión, se deberá construir un recorrido previsible para ir quitando restricciones sin resignar el control macroprudencial necesario para evitar una apreciación cambiaria espuria, como ocurrió en 2017. El siguiente paso exigirá equilibrar los precios relativos que mantienen desfasajes muy marcados. Textiles, tecnológicos, vehículos y propiedades forman parte del lote que quedó caro. En cambio, alimentos, alquileres y salarios se atrasaron en moneda dura y en poder de compra. Recuperar racionalidad de precios relativos será complejo.

Junio dejó un IPC 2,4 puntos menor que el pico de abril. Ayudó la moderación de subas en productos estacionales, que solo aumentaron 1,8% promedio nacional el mes pasado. Este rubro, mayormente compuesto por alimentos como frutas y verduras, está revirtiendo algo de la escalada previa. Las malas cosechas vinculadas a la sequía, pero también a heladas tardías y algunas plagas habían producido una disparada en la primera parte del año.

Es por esto que en el último año los estacionales crecen 137,9% contra el 115,6% promedio general. En resumen, este segmento sigue desacoplado del resto, por lo cual en los próximos meses posiblemente siga haciendo las veces de amortiguador. Distinto patrón mostraron en junio los bienes y servicios regulados, donde se destacan los valores de los servicios y el transporte. La recomposición tarifaria en el marco de la quita parcial de subsidios le pone un piso alto a esta categoría, corrigiendo el atraso de los períodos anteriores.

La gestión Massa registró dos segmentos bien diferenciados en materia de precios: una primera etapa de alivio, signada por las expectativas que gatilló su incorporación al gabinete ejecutivo. En esos primeros meses se procedió a una estabilización mínima de las variables y los mercados, incluyendo un sinceramiento tarifario y una racionalización del gasto primario. Así, se sobrecumplieron en el margen los objetivos con el FMI, propiciando un recorrido más ordenado para los dólares paralelos. También contribuyó la primera etapa de implementación del programa Precios Justos, cuando el grado de cumplimiento por parte de los supermercados era mucho mayor.

Plan llegar e inflación

En el mes de noviembre el Ministro de Economía “se engolosinó” con los resultados del primer cuatrimestre de gestión y lanzó el compromiso de romper a la baja el 4% para abril. Craso error. Con una economía muy inestable y sin anclas nominales, se debe evitar comprometerse en un número para un período determinado.

En todo caso se puede fijar un número como horizonte, o un plazo para la reducción gradual sin explicitar un número. Fijar ambos criterios puede resultar perjudicial. En contraste, desde diciembre la trayectoria del IPC volvió a ser alcista. Primero tuvo lugar la efervescencia de precios de cada fin de año, con un consumo privado que todavía tiraba fuerte a causa del repudio a los pesos. Posteriormente tuvo lugar el impacto de la sequía.

La conexión entre los magros resultados de la cosecha y la aceleración inflacionaria viene dada por la escasez de dólares en la economía. Reservas más acotadas redundan en expectativas de devaluación en el corto plazo. Acto seguido, surgen pasajes a precios por cobertura por parte de quienes buscan anticiparse frente a un contexto de incertidumbre. Al imponderable climático se debe agregar una mala gestión monetaria en el primer cuatrimestre del año.

La tasa de interés de referencia seguía corriendo por detrás de la inflación, quitando incentivos a permanecer en vehículos financieros en pesos. Con todo, se vivieron circunstancias críticas entre marzo y abril, con incrementos semanales del IPN que llegaron hasta el 4,5%. En ese momento los riesgos de espiralización estaban latentes y ningún episodio disruptivo podría descartarse.

El panorama empieza a clarificar de cara a los últimos meses de la administración Fernández. El escenario de desplome irremediable de la demanda de pesos y crisis institucional terminando en una hiperinflación parece descartado. No obstante, ninguno de los problemas sistémicos se resolvió en esta gestión. Los eventos exógenos de la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía de este año agudizaron las inconsistencias macro. Tras cartón, los errores no forzados agudizaron las contradicciones. El Ejecutivo tardó demasiado hasta unificar la conducción de su política económica y no logró consolidar un orden definitivo para la dinámica fiscal, monetaria y comercial.

A pesar de esto, la cohesión que hoy da un Ministerio de Economía omnipotente con la figura de Massa como factor de unidad del oficialismo de cara a las elecciones, despeja la posibilidad de que se precipiten las variables. No es menos cierto que el piso del IPC sigue siendo elevado, dada una inercia del régimen que no se rompe con gradualismo ni apelando solo a las mejores expectativas en el mercado. Sin posibilidad de usar atajos a corto plazo, Massa sabe que mantener el IPC en la zona del 5% al 7% es un resultado aceptable. El 2023 cerraría con una aceleración de entre 30 y 40 puntos. 

Si bien son niveles exorbitantes, se trataría de una suba menor a la del dramático 2022. Habrá que esperar. En cualquier caso, la economía argentina se debe un reseteo general de política económica para abordar la integralidad del problema inflacionario. Deberá atacarse con un programa, con consistencia y preferentemente con un paquete legislativo que busque consensos amplios, para minimizar los vaivenes en cada cambio de administración.