Volvió al centro de la escena el debate sobre márgenes empresariales, después de una nueva escalada inflacionaria y pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La insatisfacción con la situación económica es generalizada, en el contexto de un Gobierno que nunca le encontró la vuelta al combate contra la inflación, incluso habiendo abordado el problema con diferentes estrategias.

Llegado este punto el desánimo es generalizado, y prima el escepticismo sobre la posibilidad de romper la dinámica de precios ascendente. A pesar de los incipientes resultados que obtuvo el nuevo equipo económico, la inflación sigue galopante y sin perspectivas de anclaje.

El disparador del debate sobre márgenes fue el mensaje de Cristina Kirchner, frente al dato de caída de la pobreza junto con aumento de la indigencia. La vicepresidenta ponderó los esfuerzos del Ministerio de Economía, pero pidió una intervención “más precisa y efectiva” en el sector de alimentos.

También caracterizó al aumento de precios actual como propio de un problema de oferta en vez de demanda, además de pedir un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria que posiblemente se materialice en una Ley de Refuerzo de Ingresos sobre el segmento de indigentes.

Después de la expresidenta se sucedieron comentarios del Gobernador Axel Kicillof, de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, del Secretario de Industria José De Mendiguren y hasta del viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, aunque su mensaje fue difuso y más parecido al de un analista que al de un funcionario con responsabilidades de revertir la situación actual.

Indagar sobre los márgenes empresariales es una tarea siempre compleja a nivel técnico, porque la información no abunda. Una primera estadística relevante es la cuenta de generación del ingreso que elabora el INDEC, y muestra su distribución por sectores.

Según este indicador, el excedente de explotación bruto (la ganancia empresarial) se quedó con el 47,8% de la torta en el primer trimestre de este año. Esto representa 1,1 puntos porcentuales más que el año pasado, 3,8 puntos porcentuales más que en 2019 y 5,6 puntos porcentuales más que en 2016.

El sector empresario ganó participación en la renta total, a expensas de los ingresos de los asalariados y cuentapropistas. En el análisis por segmento de actividad, son el sector de hotelería (+15,6 pp), el sector agro (9,4 pp) y el sector comercio (+8,3 pp) los que muestran mayores aumentos para el acumulado de los últimos seis años.

En el 70% de los segmentos empresarios subió la participación del margen de ganancias como porción del valor agregado. El saldo de esta mayor remuneración al capital no necesariamente se dio a expensas del consumo privado, que sigue mostrando un crecimiento incesante y ya toca niveles máximos desde el tercer trimestre del 2018.

Este proceso se puede explicar por factores asimétricos en el consumo, que no presenta una homogeneidad entre los diferentes deciles del ingreso, pero sí aumenta en el agregado.

También puede ser una expresión del repudio a la moneda, dado que para muchas familias el consumo es un vehículo para preservar el poder adquisitivo de los ingresos en el contexto de alta inflación. Este fenómeno es típico en los momentos con elevada inestabilidad nominal.

Qué pasará con la macro

De fondo en este debate siempre está gravitando la valoración sobre la distribución de la renta en una sociedad y cuánto tiene que intervenir el Estado para equilibrar la puja entre empresarios y trabajadores. No parece dominar en el oficialismo una demonización sobre las ganancias que generan los propietarios del capital, pero sí una crítica de que el proceso de recomposición de márgenes se produzca de manera desordenada. Un Gobierno tendría un rol esencial para mejorar la coordinación y evitar que se trunque un proceso de recuperación de la actividad, dado el daño que causa una carrera de precios y salarios desordenada.

De hecho, en estos tres años se amagó reiteradas veces con convocatorias a consensos económicos y sociales amplios, además de haber implementado acuerdos de precios esporádicos, siempre con escasa cobertura. En toda oportunidad que esta gestión perdió para liderar con efectividad el proceso de coordinación con el sector privado, el Gobierno se fue consumiendo la credibilidad.

Un diagnóstico recurrente cada vez que se recalientan los precios es la falta de controles de los ‘abusos’ por parte de las empresas que incumplen los programas básicos, como el voluntario Precios Cuidados, e incluso una imputación directa a las empresas por cierta caracterización de codicia sin límite. En este punto parece evidente que las capacidades de un administrador del comercio interior para reducir la volatilidad de precios son muy bajas, en un contexto tan delicado. Seguir poniendo carga simbólica en las acciones de esta oficina pública solo deslegitima al Ejecutivo, aumentando la insatisfacción y la desaprobación sobre la gestión.

El origen macroeconómico del problema inflacionario es insoslayable, tanto como que la sociedad ya no está dispuesta a esperar los tiempos del ordenamiento gradual, habiendo pasado tantos años donde fracasaron recetas variadas y la inflación nunca se pudo moderar.

El gran interrogante de cara a los próximos meses es si el Ejecutivo podrá influir para ordenar mínimamente la puja distributiva o si llegado este punto no queda espacio para sentarse con el gran empresariado productor de alimentos y demás productos básicos, porque ya no hay hilo en el carretel para que un acuerdo ‘de caballeros’ se pueda llevar adelante.

El diálogo con el sector privado no debería darse solo en base a una premisa voluntarista que apele a una vocación filantrópica. El sector empresario hoy hace frente a una demanda que no está deprimida y eso es fruto de que los niveles de actividad son aceptables y el empleo ha crecido significativamente. La alternativa de cualquier Gobierno para disciplinar un régimen de súper inflación es a través de un Plan de Estabilización de shock. Dependiente la forma de implementación, eso podría implicar un parate fuerte sobre la producción. Las empresas también saldrían dañadas de un proceso de normalización inflacionaria “por la fuerza” donde se termine matando a la gallina de los huevos de oro del crecimiento económico. Clarificar sobre estos riesgos es necesario y evita la simplificación de plantear que una vez resuelto el problema inflacionario se terminan todos los problemas macro y sociales. En cualquier escenario los años que vienen son complicados y ningún sector va a recuperar lo perdido después de una crisis tan severa solamente con un chasquido de dedos.