Sorpresivo retiro del paquete fiscal de la Ley Bases. El gobierno reconoce la imposibilidad de aprobar las reformas con los partidos aliados. El saldo de esta claudicación parcial aumenta la probabilidad de aprobación de la Ley Ómnibus, aunque su texto queda devaluado sin el eje de la estrategia económica. Aún así, el Ejecutivo pondera el envión positivo en materia de expectativas que puede implicar una sanción rápida de la Ley y se juega de lleno a compensar los menores recursos con un ajuste más fuerte. 

El paquete fiscal de Caputo incluía una serie de medidas que propendían al equilibrio de las cuentas públicas balanceando el aumento de los recursos tributarios y la rebaja de partidas significativas del gasto público. La prudencia fiscal es la principal señal macro que el gobierno de Javier Milei ofrece al mercado en el primer año de gestión, para poner en caja las expectativas. Es un enfoque rupturista, que implicaría un cambio de régimen para un país que acarrea 14 años consecutivos con déficit primario. 

Pero Milei va aún más allá y promete suprimir toda necesidad de financiamiento, alcanzando para 2024 un superávit equivalente al monto de los intereses de la deuda. En este punto surge el problema de consistencia. La magnitud del ajuste necesario para la consolidación fiscal en un solo año es excesiva. Esto genera un dilema político, porque las acciones necesarias para reducir el gasto en esa escala pueden socavar la viabilidad política del programa. Con todo, la marcha atrás de esta semana podría profundizar ese hipotético problema. La narrativa, por el momento, es que el ajuste fiscal no se negocia y se va a mantener.

La recaudación impositiva en Argentina anotó cuatro registros consecutivos a la baja. En el primer mes de gestión Milei la retracción alcanzó un 17%, con el peor retroceso desde la pandemia. Esta merma de los recursos genuinos se puede profundizar este año por la caída de la producción y la debilidad de los ingresos privados, parcialmente compensada con los impuestos del comercio exterior. 

En el Proyecto de Ley Bases se proponía el aumento de retenciones, un blanqueo de capitales, una moratoria impositiva y el adelanto del impuesto a los bienes personales. En un texto paralelo también se proponía restituir el impuesto a las ganancias en base a parámetros previos a la reforma del 2018. De todo esto, a priori, no quedaría nada. Se trata de ingresos extra que el Ejecutivo proyectaba en casi 1,5 puntos del PBI para este año, y ahora deberán ser compensados con otros recortes. 

Se mantiene, en cambio, el incremento de la alícuota del impuesto PAIS en el 17,5% para el segmento bienes (con excepciones). Es un pésimo impuesto por su carácter distorsivo y su sesgo anti comercial, pero no deja de ser fácil de recaudar y su incidencia no para de crecer. Entre los rubros “tachados” por el Ejecutivo existen diferencias notorias. La suba de retenciones fue automáticamente resistida por los representantes de las Provincias, que tienen capacidad de bloqueo. Por su flaqueza legislativa, el Gobierno de Milei encuentra un límite a la hora de trasladar los costos del ajuste a sectores con arraigo territorial. La motivación oficial con los derechos de exportación es aprovechar su facilidad de recaudación y cobro automático, a la vez que no son coparticipables.

El ajuste va a ser mayor

En 2024 está garantizado un diferencial de recursos superlativo, atento a la reversión de la sequía que compensa en exceso los menores precios internacionales. Distinto escenario se configura para el impuesto a las ganancias, que recogía tanto críticas como adhesiones. Entre los primeros estaban los gobernadores de Provincias con salarios arriba del promedio. Entre los segundos se encuentran quienes observan la integralidad del sistema tributario. 

La otra cara de la moneda son las erogaciones del sector público nacional. Dada la rigidez de los ingresos por los obstáculos políticos, el Gobierno deberá acelerar en el recorte de partidas para alcanzar el objetivo fiscal. La dinámica reciente del gasto marca un derrotero bajista para los últimos cinco meses, que se aceleró en diciembre con una caída real del 6,2%. De hecho, en el último año y medio solo se registraron dos períodos con gastos viajando por encima de la inflación. Obviamente este ajuste previo es más un piso que un techo. En los próximos meses el gasto real deberá caer a razón del 15% a 20% promedio mensual para dar cumplimiento a la meta. 

Esta profundización de la austeridad fiscal puede colisionar con la inflexibilidad a la baja de algunas partidas, que afectan a grupos específicos con alta cohesión y capacidad de imponer sus posiciones. Por caso, restringir aún más las transferencias corrientes a las Provincias o la inversión de capital vinculada a obra pública podría generar tensiones políticas con los gobiernos locales. Forzar un ahorro limitando la asistencia a colectivos vulnerables podría ser problemático, dado el deterioro creciente del contexto social.

El único criterio de la Ley Bases que hacía la diferencia en materia de aplicaciones era el tratamiento sobre la fórmula de movilidad jubilatoria. El debate previsional amerita un informe específico pero, en lo concreto, la oposición dialoguista no estuvo dispuesta a convalidar un recorte superior al 20% por la eventual omisión del IPC de enero en el empalme al nuevo esquema de actualización. 

Es así que se abren dos alternativas para el Ejecutivo mientras siga rigiendo la fórmula actual. Una posibilidad es seguir otorgando bonos y actualizarlos por inflación para preservar el poder adquisitivo de un segmento amplio del universo de beneficiarios. La otra posibilidad es discontinuar los bonos o mantener su monto nominal, lo cual redundaría en una licuación de proporciones sobre un tercio del monto de la mínima. 

Más allá de lo valorativo, cuesta pensar que Luis Caputo no vaya a trabajar sobre estas partidas. El gasto en seguridad social explica 60% del Presupuesto, con 45% de las partidas aumentando en función a la fórmula de movilidad. Es imposible cumplir el target fiscal sin ajustar fuerte este segmento. 

Concluyendo, consideramos que el programa fiscal de Caputo puede sufrir turbulencias tanto por la agresiva hipótesis de convergencia, como por aspectos exógenos que alteren el recorrido. Aún así, el Gobierno muestra un compromiso firme con la señal de austeridad, a la que se aferra para anclar las expectativas. Un interrogante hoy insondable, es sobre el grado de desvío que el mercado y los agentes pueden considerar “tolerable” VS el que se consideraría como un “fracaso”. El margen entre uno y otro resultado puede ser acotado, y las implicancias macroeconómicas pueden ser trascendentales.