Este pasado martes 4 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la abstención de la ministra Highton de Nolasco, y el acuerdo de sus pares Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, en un fallo histórico que sienta jurisprudencia más allá del debate coyuntural, ratificó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia de administración educativa, igualando así a esta jurisdicción con el resto de las Provincias de nuestro país.

De este modo, el máximo tribunal zanja, al menos en la vía judicial, la disputa que comenzó a gestarse a mediados de abril, entre el Presidente Alberto Fernández, y el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Sin duda alguna hoy, al menos desde el aspecto jurídico, es este último el que tuvo, tiene y tendrá, la palabra definitiva sobre la apertura o cierre de las instituciones educativas porteñas.

El fallo fue contemplado por diversos analistas políticos y por la prensa en general, como un triunfo del Jefe de Gobierno, y, en tal sentido, como una conquista clara en las aspiraciones de éste para convertirse en el candidato obvio de parte de la oposición, para enfrentar a la fórmula que presente en 2023 el sector hoy contenido bajo la bandera política del Frente de Todos. Sin embargo, ciertos aspectos esenciales parecen haberse desatendido y es fundamental exponerlos de cara a ese crucial 2023, sobre todo en el marco de la enorme crisis por la que atraviesa nuestro país.

En tal sentido, cabe traer a colación las declaraciones del pasado 24 de abril, de la actual ministra de educación de la Ciudad, Soledad Acuña, para el programa que conduce el periodista Pablo Sirvén en LN+. En dicha entrevista, escoltada por la Co-Fundadora de la ONG “Padres Organizados”, María Victoria Baratta, la actual ministra señalaba: “Fuimos aprendiendo a medida que iban sucediendo las cosas y a tomar decisiones viendo las evidencias que iban surgiendo; a partir de agosto nosotros empezamos a decir que necesitábamos volver a la presencialidad al menos en algunos espacios de presencialidad (sic) que fue lo que empezamos a reclamar al gobierno nacional”, para luego rematar con: “Obviamente, con los números de hoy, con el conocimiento de hoy, podríamos haber sido más audaces […] pero nosotros en agosto ya veíamos que era posible, no solo necesario, que era posible […]”.

La pregunta que en este punto se vuelve obvia es: ¿si era posible y si era necesario hace casi diez meses atrás, por qué no se hizo? Y concomitante con este interrogante, también se sucede necesariamente este otro: ¿a qué “números de hoy” se refiere la ministra? ¿A los de las tasas de contagio, que por aquél entonces eran incluso menores a los de este presente? ¿O a los de las encuestas que señalan que el fastidio de los ciudadanos por las escuelas cerradas ya se ha vuelto prácticamente absoluto, justamente en un año electoral?

Desde ya que ni la ministra ni su conductor inmediato pueden aducir que desconocían la autonomía de la Ciudad en esta materia. El fallo de la Corte Suprema de las últimas horas, no hizo otra cosa más que darle la razón al planteo que la propia Ciudad hizo semanas atrás; planteo que su equipo jurídico pudo presentar también hace diez meses cuando, como también admite la ministra en dicha entrevista, la experiencia internacional ya demostraba que esta apertura era necesaria y posible.

Así como el gobierno de la Ciudad no puede, por tanto, aducir desconocimiento sobre su autonomía, tampoco puede hacerlo sobre el enorme impacto negativo que las escuelas cerradas tienen no solo para el presente de los niños y jóvenes, sino para su futuro. No puede hacerlo, básicamente, porque ese ha sido el argumento principal de la ministra Acuña, toda vez que, frente a distintas coyunturas conflictivas, los gremios docentes de esta jurisdicción han procedido a cerrar las escuelas de facto, al no presentarse al dictado de clases.

La falta de audacia que la ministra admite en la entrevista de Sirvén, no se explica entonces por el desconocimiento de la capacidad manifiesta de su gobierno para implementar dicha apertura, ni por la incapacidad para predecir el funesto efecto que las medidas de lockdown educativo tienen sobre la población que conducen, sino por otro factor que pensadores de la talla del alemán Jürgen Habermas o del italiano, Giovanni Sartori, entre muchos otros, han señalado durante casi toda la segunda mitad del siglo pasado: el drenaje conceptual de la política y su giro hacia una praxis vacía de convicciones.

Decíamos anteriormente que esta circunstancia bajo análisis resulta fundamental con miras hacia ese 2023 que tanto obsesiona a unos y otros, dentro del establishment político actual. En tal sentido, Argentina atraviesa, como también dijimos anteriormente, una crisis que en gran medida parece terminal. No solo en el aspecto económico (tal vez el único muchas veces percibido por la ciudadanía y los analistas), sino en otros considerandos que hacen a un país en verdaderas vías de desarrollo: seguridad, educación, salud, transparencia y fortaleza de las instituciones, etc.

Doblegar la triste tendencia al declive que nuestra nación sostiene hace décadas, implicará necesariamente no solo enormes cuotas de audacia, sino también la convicción íntima y profunda en paradigmas absolutamente alternativos a los sostenidos hasta el día de hoy, siendo como son éstos, inevitablemente, los vehículos que nos trajeron por este derrotero de fracaso y miseria.

Si quienes conducen, de un lado y otro del espectro político, siguen tomando decisiones solo a partir de los controvertidos números que marcan las encuestas, poca esperanza queda para un país sediento de verdadero liderazgo y honestidad intelectual.