México va a las urnas para renovar Congreso y gobernaciones con la violencia política como marco
La gestión de Andrés Manuel López Obrador enfrenta unos comicios clave para determinar cómo deberá transitar la segunda mitad de su mandato. En el medio, un informe revela que 91 dirigentes fueron asesinados y otros 800 recibieron amenazas, agresiones y hasta secuestros.
México enfrenta la elección más grande de su historia, en la que se elegirán 21.383 cargos, entre los que destacan 15 gobernaciones y los 500 miembros que conforman la Cámara de Diputados. La gestión de Andrés Manuel López Obrador enfrenta los resultados de su primera mitad de gestión en un contexto de violencia política donde ya se registraron 91 muertes de dirigentes políticos y otras 800 amenazas, agresiones y hasta secuestros.
De acuerdo al padrón confeccionado por la Instituto Nacional Electoral (INE), unos 94.800.000 personas están habilitadas para votar en todo el país y elegir: todos los legisladores federales, gobernadores para 15 de los 32 estados del país, 1.926 ayuntamientos (una autoridad menor a una intendencia) y juntas municipales, 30 congresos locales (1.063 diputaciones) y 30 entidades.
En las elecciones federales se elije la totalidad de la Cámara de Diputados, que se renueva cada tres años. De esas 500 bancas, 300 se adjudican por mayoría directa y 200 por un sistema de representación proporcional, una combinación que permite que un presidente pueda contar con un respaldo parlamentario aún mayor que los votos que obtuvo para la primera magistratura.
Esta mayoría calificada es vital para que el Gobierno de López Obrador avance en su promocionada Cuarta Trasformación, que implica cambios estructurales que alimentaron la grieta política que revitalizó a los desprestigiados partidos tradicionales, los centroderechistas Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) y, en menor medida, el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De las 15 gobernaturas que se renovarán, ocho están en manos del PRI, cuatro son del PAN, dos de Morena, una del PRD y la restante es independiente.
En el país hay una suerte de línea imaginaria que divide al norte industrializado y con mayor oposición al Gobierno de AMLO, del sur, con más desigualdad y más pobreza, que es el margen de la grieta donde se hace fuerte el líder de Morena. El nuevo mapa político de México se definirá con el voto de casi 95 millones de personas, cinco millones más que en 2018.
Por otra parte, habrá diez estados en los que será posible votar electrónicamente desde el extranjero: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco, donde se elige a un diputado migrante.
Sigue la violencia política
Un total de 91 dirigentes políticos, 36 de ellos candidatos y precandidatos, fueron asesinados en el proceso electoral y cerca de 800 recibieron amenazas, agresiones y hasta secuestros, en una muestra de cómo el narcotráfico contaminó a la política en las últimas décadas y presiona para ocupar lugares que protejan o faciliten sus negocios ilegales.
La violencia no es un problema de esta elección, sino que se arrastra desde hace décadas. Los grandes carteles del narcotráfico, a su vez, tienen hacia abajo bandas delictivas regionales que manejan otros negocios y que, si no están directamente infiltrados, buscan tener peso propio en las decisiones políticas que se toman en cada alcaldía o ayuntamiento.
De los 91 políticos asesinados en el período para las elecciones de mañana, 40 estaban afiliados a los partidos de la alianza opositora Va por México, que integran el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que 25 de las víctimas mortales pertenecían a la alianza opositora oficialista, Juntos Haremos Historia, liderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Además de los 91 dirigentes asesinados, también lo fueron 11 de sus colaboradores y 35 de sus familiares, así como 99 servidores públicos de todas las jerarquías, de los tres niveles de Gobiernos y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
"La violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios", afirmó el informe de Etellekt.
Los ejemplos de ataques a candidatos son numerosos y llevan a analistas consultados por la agencia de noticias ANSA a considerar que el crimen organizado intenta convertirse en una suerte de "gran elector" de estos comicios.
Uno de los ejemplos para graficar el estado de cosas ocurrió en la noche del 8 de mayo, cuando un grupo de pistoleros disparó a mansalva contra la camioneta de Guillermo Valencia, candidato del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno de Morelia, capital del estado de Michoacán.