Amnistía Internacional presentó un informe que muestra que los seis principales desarrolladores de las vacunas contra el Covid-19 incumplieron sus responsabilidades de derechos humanos. 

Concretamente, los escritos muestran que AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer se negaron a participar en las iniciativas concebidas para impulsar el suministro global de vacunas y se opusieron a suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual para facilitar la producción de dosis.

Eso generó que menos del 10% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos está totalmente vacunada, frente al 55% de la de los países ricos.

Para evaluar la respuesta de las empresas a la crisis, Amnistía Internacional analizó la política de derechos humanos; la estructura de fijación de precios; el historial de aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología; la asignación equitativa de las dosis de vacunas disponibles, y la transparencia de cada empresa.

De los 5.760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0,3% ha ido a los países de bajos ingresos, y más del 79% va a los países de ingresos altos y medianos altos. Pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas, el Mecanismo COVAX, y colaborar con él, algunas de las empresas evaluadas han seguido reservando el suministro de vacunas a Estados de los que se sabe que las acaparan.

Hasta la fecha, todas las empresas evaluadas se negaron a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se han concebido para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología.

También se opusieron a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.

"Pese a que la mayoría reciben fondos multimillonarios, los fabricantes han perjudicado los derechos humanos de millones de personas que aún no pueden acceder a una vacuna contra la COVID-19 que puede salvarles la vida", remarcó la entidad.

Para fines de 2022, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares. 

“Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando como héroes a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas. Sin embargo, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y devastadora para gran parte del mundo”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Esta distribución desigual está sumergiendo algunas zonas de América Latina, África y Asia en nuevas y más profundas crisis, llevando así al límite a los ya debilitados sistemas de salud siendo las consecuencias miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario y la población en situación de riesgo han recibido la vacuna”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.