El Centro por una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP) presentó el informe “Las violencias por razones de géneros en barrios populares”, realizado en el Núcleo Habitacional Transitorio Av. del Trabajo y el asentamiento Santander de la Ciudad de Buenos Aires, conocida popularmente como Villa 15 o Ciudad Oculta, ubicada en la Comuna 8.

El objetivo del trabajo es aproximarse a un diagnóstico sobre las violencias por razones de géneros durante la pandemia de COVID-19 en los barrios populares donde el organismo trabaja, "contribuir a la visibilización de la problemática y difundir información sobre los derechos, recursos y herramientas disponibles para brindar protección a quienes atraviesan violencias de géneros". 

El informe recordó diagnósticos anteriores realizado por ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud, donde se detalló que las medidas establecidas para abordar la pandemia que repercuten en los medios de vida y en el acceso a los servicios, aumentan los riesgos de las mujeres y las niñas que sufren violencia.

En este sentido el informe refirió a “las tensiones de carácter sanitario y económico existentes en el hogar —que incluyen la pérdida de ingresos o del medio de vida de las mujeres, un acceso limitado a los servicios básicos y la imposibilidad de huir de una situación de maltrato—; las tensiones relacionadas con el aislamiento social o las cuarentenas; y el confinamiento de las mujeres en el hogar con parejas violentas, que pueden aprovechar las restricciones ligadas al COVID-19 para ejercer todavía más poder y control sobre ellas”.

Del total de las consultas recibidas en lo que va de la pandemia de COVID-19 el 19.42% se refieren a consultas de asesoramiento para iniciar reclamos de alimentos. 

De ese total de casos sobre reclamos de alimentos entre 2020 y 2021, el 89% fueron realizados por mujeres. El 11% restante refiere a consultas realizadas por varones que requerían asesoramiento frente a instancias de mediación iniciadas por sus ex parejas frente al incumplimiento de los deberes alimentarios hacia sus hijos en común. Es decir que fueron reclamos iniciados también por mujeres aunque en otros espacios de atención legal.

Asimismo, el total de las consultas recibidas sobre violencia de géneros durante el primer semestre de 2021 el 44,4% también requirió la solicitud de alimentos en favor de sus hijos porque los agresores no cumplían sus deberes alimentarios.

Además de poner de resalto la afectación directa de los derechos de les niños, los datos expuestos evidencian que las mujeres son las principales cuidadoras de los hijos en común con varones, recae sobre ellas la responsabilidad de acompañar su crecimiento, cuidarles y sostenerles económicamente, mientras que los varones incumplen sus responsabilidades parentales fácilmente.

De este modo, las mujeres sufren una sobrecarga ya que no solo son las que desarrollan las tareas de crianza y cuidado personal de sus hijos -que no son remuneradas-, sino que también tienen que salir al mercado laboral para sostener sus hogares. En muchos casos las consultantes, además de ser las únicas responsables de las tareas de cuidado familiar, son también trabajadoras de casa particular, ámbito laboral que registra altos índices de informalidad, vulneración de derechos y despidos, y que fueron especialmente elevados durante la pandemia.

El incumplimiento de los deberes alimentarios y de las responsabilidades de crianza y cuidado personal de hijos en tanto principal responsabilidad ma/parental, es una problemática estructural que vulnera los derechos de los niños y niñas, y afecta a las mujeres de forma diferencial con respecto a los varones en Villa 15.