Una vez más, el proyecto de respuesta integral al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, que buscaba actualizar la actual Ley Nacional de SIDA (23.798), vigente desde 1990, perdió estado parlamentario.

La iniciativa había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, a cargo de Pablo Yedlin (FdT), y luego obtuvo el aval de la Comisión de Presupuesto, conducida por Carlos Heller (FdT), pero deberá ser presentada nuevamente el año entrante.

Hace más de seis años que las organizaciones y entidades civiles luchan para lograr la aprobación del Congreso. En 2016, el entonces diputado Jorge Rubén Barreto presentó una primera versión, la cual obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud, pero perdió estado parlamentario. Lo mismo sucedió con la iniciativa impulsada por la actual directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.

Manuel Ferreiro, coordinador de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) en Capital Federal, explicó que la ley actual "data de 1990, es decir, casi una década después que aparece la epidemia de VIH y el SIDA". Y continuó: "En aquel momento fue una respuesta bastante inmediata y vanguardista, pero hoy 30 años después se evidencia que no es una respuesta suficiente".

El texto, que recibió el consenso y el apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, busca actualizar el marco legal y dar una respuesta “integral e intersectorial”. “Hoy darle sólo un enfoque biomédico no es suficiente y se tiene que entender un poco más lo que implica el acceso a la salud”, detalló en diálogo con Data Clave.

Desde que se presentó el primer proyecto han muerto más de 15.000 personas por causas asociadas al SIDA, según datos de las organizaciones. “Son muertes absolutamente evitables”, dijo Ferreiro y advirtió que las personas “siguen viendo obstaculizado el acceso a la salud”.

Ferreiro resaltó, asimismo, que se trata de un “colectivo muy golpeado”. Durante la gestión del presidente Mauricio Macri se denunciaron faltantes de medicamentos para los tratamientos y reactivos. Durante la pandemia, el sector infectología se activó para dar respuesta a la situación sanitaria, pero estas áreas también son los lugares donde los pacientes “recurren necesariamente” para los cambios de esquemas, chequeos y controles.

La propuesta legislativa también hace especial hincapié en la prohibición de la oferta y la realización de la prueba diagnóstica en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral. Dispone, en concreto, que no podrá condicionarse las ofertas de trabajo ni el ingreso, la permanencia o promoción en los puestos a la realización o al resultado de esta prueba.

En este sentido, Ferreiro expresó que la confidencialidad de los diagnósticos “se viola constantemente en todos los ámbitos”, y además "se discrimina y estigmatiza". “Una persona que vive con VIH puede realizar exactamente cualquier trabajo que alguien que no vive con VIH”, añadió.

Asimismo, el proyecto declara de “interés público nacional” la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para la producción pública nacional de medicamentos e insumos que “garanticen la sustentabilidad de las políticas públicas vinculadas y la defensa de la soberanía sanitaria nacional”.