Techo de cristal: las mujeres son más dentro del sistema judicial pero aún no se llega a la paridad en los cargos de poder
Las mayores diferencias se ven cuando se analizan las cámaras federales de distintos lugares del país. El informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema hace foco en que las mujeres acceden a fueros relacionados con la idea de “lo femenino” como el derecho de familia y tienen poco acceso a fueros como el penal y el electoral.
2021. Cámara Federal de Apelaciones de General Roca: bajo su órbita no hay mujeres. Tampoco las hay en la Cámara de La Plata o de Mar del Plata. El mismo tribunal, pero en Rosario tiene 11 camaristas: solo una es mujer. En Bahía Blanca pasa algo similar: de diez integrantes, solo una es mujer. La Ciudad de Buenos Aires no se queda atrás: la Cámara de Casación Nacional (la que revisa las sentencias de homicidios, robos, abusos ocurridos en el ámbito de la CABA) no está integrada por ninguna mujer.
El análisis realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema sostiene que existen 126.036 personas dentro del sistema judicial, si se tienen en cuenta a los y las integrantes de la Corte, la Procuración de la Nación, la Defensoría, la Justicia Nacional y Federal y los sistemas de justicia provinciales. Si bien el 57% de todos esos planteles eran mujeres, sólo el 31% de las máximas autoridades (ministros, procuradores, defensores) eran mujeres.
El número se amplía un poco si se tienen en cuenta a las personas a cargo de juzgados, tribunales, fiscalías o defensorías: las mujeres representan allí un 45%, aunque aún están por debajo de la paridad de género. Todos estos números no reflejan, por supuesto, los lugares vacantes, que de acuerdo a estimaciones llegan a alrededor del 30% de la justicia federal. Si a esto se le suma que la mayoría de las ternas conformadas en el Consejo de la Magistratura tienen mayoría de hombres (cuando no es la totalidad directamente), se ve difícil revertir la situación.
No obstante, entre 2011 y 2021, la participación de las mujeres en estos cargos aumentó: pasó del 39% en 2011 a 45% el año pasado. El trabajo de la OM es una radiografía del sistema judicial y se publica desde 2010. La oficina fue creada tras la llegada a la Corte de la primera mujer nominada democráticamente a integrar el Máximo Tribunal: Carmen Argibay.
Dentro del informe se habla de dos ejes a analizar. Por un lado, lo que se denomina como “segregación vertical”, lo que generalmente se relaciona con la idea de techo de cristal. Es decir, la dificultad de quebrar hacia arriba cierta resistencia, de acceder a los espacios de decisión.
El “techo de cristal” aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a los máximos niveles de autoridad. “Si bien no es requisito ser funcionaria/o del Poder Judicial para acceder a los últimos rangos ya que es un sistema abierto, a modo de ejercicio, se observa que, dentro del Poder Judicial, en el año 2021, los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en magistrados, procuradores, fiscales o defensores y 3,4 veces más posibilidades de convertirse en máximas autoridades que sus pares mujeres funcionarias en el sistema de justicia argentino”, explica el informe.
Pero también hay otro tipo de diferenciación: en el trabajo se resalta que las mujeres tienen mayor presencia “en aquellas materias vinculadas al rol de cuidado, de la protección y de lo doméstico, tareas asociadas a los estereotipos de lo femenino”. Usan como ejemplo el derecho de familia, históricamente relacionado con “las cuestiones de mujeres”. Mientras tanto, en otros fueros vinculados con el poder como el penal y electoral, están mayoritariamente ocupados por varones, lo que da cuenta también de la “segregación horizontal”.
Esto se ve con claridad en los fueros y las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. En la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (la Cámara Federal de Py) y en la Cámara Nacional Electoral no hay mujeres directamente. Las Cámaras Civil, Laboral y de Seguridad Social aparecen como las más cercanas a la paridad, aunque todavía no la alcanzan.
“Puede conjeturarse que esta segregación se vincula con estereotipos de género, ya que la Magistratura es predominantemente masculina en los fueros penal, penal económico y en la Cámara Nacional Electoral, es decir, en las materias con mayor poder político y vinculado a lo público, mientras que las mujeres logran mayor presencia en este cargo en las temáticas más vinculadas culturalmente al género femenino (seguridad social, trabajo y derecho civil)”, se marcó en el trabajo. Esto se relaciona directamente con el labor del Consejo de la Magistratura, que hace algunos años intenta una mayor participación de mujeres en las ternas y que ha tenido discusiones en torno a la paridad en la representación.
¿La mayor presencia de mujeres garantiza un sistema judicial con perspectiva de género? No necesariamente. “Es importante que haya mujeres con perspectiva de género. Cuando a mí me dicen que tendría que haber más mujeres en la justicia, les digo 'momentito”'(risas). Tendría que haber más mujeres con perspectiva de género, muchas más. No se olviden que casi todas nosotras hemos sido educadas en una universidad que está formada por hombres y a partir de las experiencias de los hombres –y la inclusión de las mujeres es muy reciente en la historia de la universidad–”, dijo Carmen Argibay en una entrevista que dio en 2010, cuando ya era integrante de la Corte.
Pero un sistema sin mujeres en puestos de poder y decisión queda evidenciado que no representa a la sociedad. “La participación profesional de las mujeres en el sector de la justicia es tanto un derecho humano como un componente crucial de la buena gobernanza”, dice el Grupo de Alto Nivel sobre Justicia para las Mujeres de ONU Mujeres.
Además de promover una mayor participación y transparencia en los concursos, el sistema judicial necesita una renovación en cuanto a cómo tomar decisiones con perspectiva de género. Los reclamos se multiplican: que las personas que se acercan a hacer una demanda civil no sean tratadas de forma automática, como si todos los casos fueran lo mismo. Que no se entregue una restricción de acercamiento de manera random sin analizar la situación de cada una de las mujeres. Que se escuche a las víctimas en los procesos penales y no se las revictimice. Que se tengan en cuenta las diferencias salariales y los roles de cuidados en las presentaciones en el fuero laboral. Que se profundicen los controles en pos de garantizar una actuación judicial en tiempos razonables y que no se demore años en tomar una decisión. “Hay mucho que pelear para llegar a un verdadero respeto de los derechos de las mujeres. En los tribunales, la situación está mejorando, pero falta mucho. Parar es retroceder”, dijo Argibay hace nueve años, una conclusión que se mantiene hasta ahora.