El gobierno de la provincia de Mendoza fue condenado a pagar una millonaria indemnización a la familia de una adolescente de 14 años que fue asesinada a fines de 2020 porque la operadora de la línea de emergencias del 911 no derivó la llamada con el pedido de auxilio y cortó la comunicación.

La Justicia Civil provincial hizo lugar al reclamo de la familia de Florencia Romano, la adolescente de 14 años asesinada en la localidad de Maipú, y condenó al Estado mendocino a pagar una suma de casi 12 millones de pesos.

El crimen se podría haber evitado porque la comisaría más cercana estaba apenas a tres cuadras del lugar y además había patrulleros circulando por la zona, por lo que podrían haber llegado en unos minutos.

La conjueza Marina Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3, consideró que hubo una evidente responsabilidad estatal en el femicidio e hizo lugar parcialmente a la acción entablada por daño y perjuicios por los padres y el hermano de Florencia.

De este modo, terminó condenando al Gobierno mendocino a pagarles la suma de pesos once millones novecientos setenta y seis mil quinientos veinte ($11.976.520), más los intereses establecidos.

El reclamó se basó en que un vecino había llamado al 911 para alertar que oía gritos de auxilio de una chica en una casa vecina, pero la operadora del CEO desestimó la llamada, cortó el teléfono injustificadamente y no derivó a ningún móvil o efectivo al lugar.

En el fallo civil, la magistrada consideró que si la operadora del CEO actuaba conforme lo indica el protocolo “el femicidio con fuerte probabilidad se podría haber evitado, en tanto existían recursos materiales y humanos para resguardar la vida e integridad física de Florencia”, en referencia a que se encontraba un móvil policial patrullando las inmediaciones y una comisaría a 350 metros del lugar del hecho.

"Es decir, de haberse procedido conforme al mandato expreso era factible impedir el femicidio y también concretar la detención temprana del autor material del delito, evitando así la incesante búsqueda de los familiares de Florencia y la expectativa de encontrarla con vida, acotando también el tiempo con el que contó el femicida para ocultar la evidencia y perpetrar atroces actos”, añade.

La magistrada consideró que "también surge acreditada la existencia de la falta en servicio imputable al Estado por la omisión ilegítima perpetrada por la operaria del CEO”.

La familia de la joven había iniciado una demanda reclamando 300 millones de pesos por daño moral, psíquico y frustración del proyecto de vida y, si bien la condena civil fue por un monto mucho menor, superó los casi seis millones que había ofrecido el Gobierno a la familia antes de llegar al juicio.

Semanas atrás, los padres de la joven, José Romano y Cristina Mopardo, junto a sus abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, y diversas organizaciones feministas, cuestionaron al asesor legal del Gobierno provincial que les endilgó parte de la responsabilidad de los hechos en la respuesta a la demanda civil presentada.

Entre los argumentos de defensa, el asesor Ricardo Canet consideró que “los padres de la menor víctima, han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente".

Por su parte, la magistrada en su fallo consideró que "no existen elementos probatorios que permitan atribuir responsabilidad a los padres de Florencia" y mencionó que no es "razonable imputar el desenlace final a sus padres, quienes recurren a la Justicia en busca de consuelo y reparación".

Romano (14) fue asesinada en diciembre del 2020 en una vivienda ubicada en la localidad de Maipú, donde había ido a encontrarse con un hombre que la había contactado por las redes sociales.

El paradero de la joven movilizó a toda la provincia hasta que días después de ser vista por ultima vez, su cuerpo fue hallado en un canal a pocos kilómetros del lugar del crimen.

Por el femicidio que conmocionó a la sociedad mendocina, en el ámbito penal Pablo Arancibia (33) fue sentenciado a prisión perpetua en un juicio abreviado, mientras que la policía Soledad Herrera, que ignoró el llamado al 911, fue condenada a tres años de prisión en suspenso, también en un proceso abreviado.