El gobierno porteño instaló esta mañana más dudas sobre el esquema de vacunación en la Ciudad, luego de una semana de acusaciones judiciales por favorecer arbitrariedades en la aplicación de las dosis y desentenderse de la asignación de vacunas asignadas a prepagas y a obras sociales sindicales.

Las contradicciones radican en el cambio de discurso y en el giro en los argumentos que utilizó el ministro de salud porteño Fernán Quirós al referirse a la distribución de vacunas a efectores privados.

La semana pasada el funcionario dejó ver que los criterios de aplicación, luego de que la administración asignara las dosis solicitadas por grupo de riesgo, quedaban en manos de las obras sociales y las prepagas, que debían seguir los cronogramas del programa oficial. 

"Cada obra social y prepaga se tiene que hacer cargo de vacunar a todos ellos y nosotros le daremos la proporción de vacunas de acuerdo a la cantidad de vacunas que recibimos”, planteaba Quirós.

El tema se llevó a la Justicia porque se considera que la Ciudad favorece la vacunación de privilegio al dar autonomía a los privados y, también, por generar desigualdades entre quienes accederían a la inmunización a través del sistema público y quienes tenían la posibilidad de hacerlo a través de su cobertura. En ese momento, fuentes de la cartera sanitaria informaron que “hay siete efectores privados que van a poder vacunar siguiendo la estrategia de nuestra campaña”.

Las contradicciones de Quirós sobre el reparto de vacunas en la ciudad en prepagas y obras sociales

Esta mañana, el ministro dijo que “el convenio que hemos firmado con las obras sociales indica a quiénes pueden vacunar y cuál es el orden. Es por orden de solicitud. Es el mismo orden que tiene el sistema público”.

Afirmó que la Ciudad es la que define el orden y las personas a vacunar, algo que había quedado en una zona gris en la argumentación de los días anteriores.

Por las denuncias de privilegios e irregularidades en la vacunación en la Ciudad, además de las sospechas de aplicación de dosis en comités de la UCR, hubo un procedimiento judicial en el ministerio de Salud porteño.

La investigación generó ruido interno en la coalición de Juntos por el Cambio, que tomó como bandera de campaña el cuestionamiento a la vacunación VIP. El escándalo volvió a tallar por las diferencias entre el ala dura y los moderados: Patricia Bullrich cuestionó a Quirós, quien dijo que lo ocurrido en el Ministerio de Salud de la Nación y en el Hospital Posadas había sido “un error”.

En off, se supo que otros referentes de la principal fuerza opositora quisieron despegarse a partir de las sospechas de vacunaciones de privilegio en la Ciudad. Con las tensiones en aumento, Mauricio Macri salió a decir que la vacunación en Ciudad era “transparente y equitativa” y Bullrich sacó el pie del acelerador.

Hugo Moyano, su esposa y su hijo de 20 años accedieron a dosis en el sanatorio Antártida de la Obra Social Choferes de Camiones. Por el caso Moyano, la Ciudad intimó a OSCHOCA a informar el listado de personas que se vacunaron, el área que ocupa y el detalle de la dosis recibida; exponiendo la falta de controles de la vacunación al interior de las clínicas pertenecientes a los gremios.

En relación con la vacunación de privilegio de Moyano y su familia, se supo que fueron dosis que la administración de Horacio Rodríguez Larreta otorgó al sanatorio Antártida, que tenía la potestad en la asignación y que después debería informar los datos y los criterios -y no al revés.

En OSCHOCA plantearon que “no hubo nada irregular”, y que según la letra chica del acuerdo con la Ciudad no hubo restricciones a vacunar al personal administrativo de las obras sociales sindicales.

La vacunación de Hugo Moyano se habría repetido en los casos de Amadeo Genta y su hijo Emiliano, miembros de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA).

Consultado por el tema, Moyano dijo en declaraciones radiales que “estoy vacunado porque soy el presidente de las dos obras sociales. Eso fue por la provisión que nos hizo el gobierno de la ciudad al Sanatorio Antártida", argumentó Moyano al defender su inoculación, la de su esposa y la de su hijo Jerónimo, que tiene 20 años”.

En medio de las sospechas por vacunaciones irregulares y de privilegio en prepagas y obras sociales sindicales en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño alteró la estrategia discursiva. Mientras tanto, siguen las tensiones al interior del espacio y la especulación política empieza a jugar un rol trascendental en el cronograma sanitario.