La judicialización de la transferencia de fondos coparticipables de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires no solo no contuvo las diferencias políticas entre el gobierno porteño y el de la Nación, sino que parece haberlas acrecentado. Tras la demanda de inconstitucionalidad elevada a la Corte Suprema por Horacio Rodríguez Larreta y a la espera de la resolución del máximo tribunal, un sismo con epicentro en la villa 1-11-14 profundiza las fisuras entre las autoridades.

En la última semana hubo enfrentamientos armados con al menos tres muertos en el asentamiento situado en Bajo Flores, tristemente célebre por ser el territorio donde suelen instalarse grupos de narcotraficantes peruanos que promueven la actividad ilícita en el territorio porteño.

Vecinos del lugar revelaron a Data Clave que hay una sensación de pánico generalizado en el barrio luego de reiterados tiroteos entre bandas que terminaron con víctimas fatales a plena luz del día en la última semana. “Nadie sale de las casas”, relatan. Además, cuentan que ya hubo reclamos formales de curas villeros que alertan por el estado de situación.

Versiones extraoficiales indican que hubo cinco asesinatos y personas heridas con armas de fuego en los últimos siete días. En la Ciudad informan que hay cuatro fallecimientos confirmados luego de los enfrentamientos y Nación confirma tres.

A partir de los partes policiales y del material audiovisual a los que tuvo acceso este medio, se supo que un hombre de nacionalidad peruana, de 53 años, y otro de nacionalidad boliviana, de 47 años, murieron el jueves tras un tiroteo.

En tanto, una persona sufrió múltiples heridas en el abdomen y otra recibió siete balas en el rostro y en el cráneo y se encuentra “en estado crítico”. Además, ayer a la noche un argentino de 30 años llegó al hospital con muerte cerebral luego de recibir un tiro en la cabeza y se investigan las circunstancias de su deceso.

En la Ciudad ven con preocupación la ola de crímenes y responsabilizan a la cartera conducida por Sabina Frederic por retirar la custodia de Gendarmería de algunos barrios vulnerables para fogonear la delincuencia a través de zonas liberadas.

Creen que el corrimiento de las fuerzas federales representa un mensaje en plena disputa política por la coparticipación y que la jugada tiene la intención de generar desmadres en la zona. La lluvia de balas entre el jueves y el domingo en la 1-11-14 puede espejar, desde la retórica, un escenario que puede vivirse en la esfera dirigencial si continúan acrecentándose las tensiones en materia de seguridad.

El quid del conflicto es la división de responsabilidades en la intervención de la fuerza federal y de la policía porteña en los enfrentamientos armados. Hasta dónde llega el accionar de los gendarmes y hasta dónde el de los agentes de la fuerza local -anteriormente llamada Metropolitana- en el operativo conjunto de custodia.

“Le dieron la orden a Gendarmería de no patrullar más la villa y se está desmadrando”, cuentan fuentes de la Ciudad, pero en Nación lo desmienten. Además, señalan que se pidió una reunión para desactivar la escalada pero que no hubo respuestas por parte del ministerio de Seguridad de la Nación.

El Gobierno sostiene que no hubo ninguna cuestión técnica que haya modificado la forma de los operativos ni de intervención en territorio. Que hay 700 gendarmes realizando los patrullajes que se venían haciendo hasta el momento y que no hubo cambios en el despliegue ni en la disposición de la fuerza en el barrio.

Atribuyen la difusión de la información a una operación: “Parece que están queriendo instalar esto para discutir otra cosa: estamos debatiendo la coparticipación a través de la 1-11-14”, cuentan fuentes cercanas a Frederic que plantean que no hay alteraciones en los operativos conjuntos, pese a la autonomía de la Ciudad y pese a que “no es una jurisdicción federal”.

Respecto de los tiroteos y de las escenas de violencia y muerte que se vivieron en Bajo Flores en los últimos días, en la cartera de Seguridad creen que no se deben atribuir automáticamente a la venta ilegal de drogas: “Son bandas, grupos, hay veces que son problemas entre pibes”, señalan desde Nación.

La 1-11-14 es conocida históricamente por ser base de operaciones de narcotraficantes peruanos que encuentran en las villas un terreno fértil para desarrollar la actividad ilícita. Lo reflejan caídas de grandes dealers como Marcos Estrada Gonzáles, condenado por realizar transacciones por casi $15 millones a partir de la venta de cocaína, marihuana y pasta base en el asentamiento en 2017.

Además, ha sido escenario de masacres a raíz de enfrentamientos armados entre bandas por disputas territoriales y de negocios que se tejen en la clandestinidad. ¿Será ahora la arena de una batalla política entre dos gobiernos que pugnan por dinero y por poder?