Los crímenes de Lucas González y Luciano Olivera se suman a una larga lista de hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. 

En este escenario, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentará este viernes el informe anual de la situación represiva nacional y la actualización del archivo de casos 2021.

En diálogo con Data Clave, María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, adelantó que el nuevo informe “ratifica” un "sostenimiento de la cantidad de casos de gatillo fácil" como consecuencia de las “las malas decisiones tomadas a nivel nacional, provincial y de la Ciudad en relación al aumento de facultades y de recursos de las fuerzas de seguridad, en el marco de la pandemia, con el argumento de hacer cumplir las medidas sanitarias”.

Verdú señaló también que esta situación generó “un efecto absolutamente brutal en materia de muertes en lugares de detención”. Al respecto advirtió que "se triplicaron los números” de fallecimientos en cárceles, comisarias e institutos de menores.

Lucas, el juvenil de Barracas Central baleado por policías de la Ciudad, y Luciano, el adolescente asesinado a manos de la policía bonaerense en la ciudad atlántica de Miramar, no son “casos aislados”. En 2020 se contabilizaron un total de 411 muertes -a razón de 1,19 muerte por día-, de los cuales 348 ocurrieron después del inicio de la cuarentena y 63 previamente.

Verdú resaltó la necesidad de “prohibir absolutamente” la portación y uso del arma reglamentaria cuando el funcionario de la fuerza de seguridad se encuentra fuera de servicio y de civil. “Con esa sola medida bajás más de la mitad los hechos”, explicó.

En cuanto a las muertes en lugares de detención, resaltó que “si se cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 'Bulacio' y se elimina todo el sistema de detenciones arbitrarias, la mitad de la gente que ha muerto en comisarías, no hubiera muerto”.

“Más de la mitad de las personas muertas en las comisarías no estaban detenidas por haber cometido un delito, porque un juez ordenó su detención o porque los agarraron infraganti, sino que eran víctimas de algunas de las distintas formas de detenciones arbitrarias”, agregó.