El suicidio de un financista en su departamento de Vicente López, a pocas cuadras del puerto de Olivos, tiene por detrás una trama de sospechas de lavado de dinero y estafas de la que el hombre denunció haber sido víctima ante la justicia federal.

La muerte de Diego Rivero, de 49 años, fue publicada por el colega Gabriel Di Nicola, en La Nación, y provocó el enojo de sus sus familiares y amigos, quienes argumentaron que no se trataba de una figura pública, por lo que no había un interés periodístico.

Aunque se pueda entender el dolor sus allegados, hay un interés genuino para saber que llevó al ex banquero a tomar la determinación de ahorcarse con una soga y dejar una carta en la que explica su decisión a la familia.

La muerte de Rivero se produjo el lunes 12. Su padre, Fernando, llegó hasta el departamento situado en Rosales al 2700, luego de intentar comunicarse varias veces con su hijo, sin respuesta.

Fernando le dijo a la policía que como no le respondía el celular, fue hasta la casa de Diego. Y allí lo encontró colgado de una soga. Además había una carta “de despedida”, al lado del cuerpo.

“Debía más o menos un millón de dólares. Sus amigos no pueden creer que se haya suicidado”, publicó La Nación, a partir del testimonio de personas que conocían al financista.

“Antes del trágico desenlace les envió un mensaje de WhatsApp a sus hijos; en su departamento dejó una carta en la que manifestaba que había entrado en una “vorágine” de problemas y errores que lo agobiaban al extremo”, agregó el diario.

El agobio de Diego Rivero probablemente tenía su fundamento en una serie de traspiés en los negocios en los que denunció ser víctima de una estafa, que lo llevó a presentar una denuncia a comienzos de 2020 ante la La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En el texto de su denuncia, Rivero cuenta que volvió a la Argentina en 2018, luego de haber trabajado durante varios años en los Estados Unidos, a tal punto que terminó por adoptar también la ciudadanía de ese país.

En el texto se describe en tercera persona como un “profesional con vasta experiencia en el sector financiero por haber ocupado posiciones en entidades de renombre en el exterior (Managing Director en Merrill Lynch, Managing Director en UBS Investment Bank, Senior Financial Advisor en Morgan Stanley, Managing Director en Mizuho Securities, entre otras), en el año 2018 vuelve a residir en Argentina con el propósito de desarrollar el negocio de agente bursátil a nivel local”.

En ese retorno a la Argentina, Rivero “con fecha 8 de septiembre de 2017 DR adquiere el 100%del capital social y votos de Noreste Bursátil -una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, inscripta ante la CNV como Agente de Liquidación y Compensación Propio y Agente de Negociación ("ALyC") bajo la matrícula Nro. 232, miembro de Bolsas y Mercados de Argentina S.A. ("ByMA") bajo la matrícula Nro. 90- (la "Sociedad")”.

En el desarrollo de su compañía financiera, Rivero va incorporando nuevos socios, con el fin de incrementar el capital para crecer en sus negocios. Pero las cosas se complican a mediados de 2019, cuando vende la mayor parte de sus acciones a la firma BT Capital Markets S.A., una sociedad controlada por BancTrust & Co.

Los nuevos compradores de la sociedad le piden a Rivero, dice la denuncia, que siga presentando sus servicios profesionales, por lo cual firman un contrato de trabajo de dos años de duración. Cuenta que sigue adelante con su labor sin mayores inconvenientes, hasta que comienza a advertir algunas maniobras que le empiezan a generar sospechas.

“A partir del mes de octubre de 2019 DR (Diego Rivero) comienza a advertir una serie de transacciones e instrucciones impartidas por el accionista BT y su accionista controlante (BancTrust & Co), que generan ciertas señales de alerta/alarma 7 4 #r en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, explica la denuncia.

“En particular, en el mes de octubre de 2019 DR identifica posibles "operaciones sospechosas" (según art.20 y ss. Ley 25.246) en relación con las cuentas comitentes de dos clientes de conocimiento y referenciamiento personal de Carlos Fuenmayor Quintero -accionista y funcionario de BancTrust & Co.-: (i) EMFI -agente bursátil (broker dealer) basado en Londres con el cual C. Fuenmayor Quintero realiza sus operaciones personales de inversión-; (ii) e Inversiones Zeus --entidad vinculada a I EMFI-. Tales operaciones de referidos clientes, las cuales fueron instruidas por BT, BancTrust & Co. y el Sr. Fuenmayor Quinteros, consistían en la recepción en custodia de una cartera de bonos emitidos por Ia República Bolivariana de Venezuela y por la compañía Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Ahora bien, más allá de los títulos valores en cuestión, el punto crítico era que tales bonos no provenían de una cuenta radicada en el exterior a nombre de tales clientes violándose así ciertas disposiciones”, de la Comisión de Valores, dice el texto.

Cuando Rivero comenzó a pedir explicaciones, le dijeron que debía realizar las operaciones que le indicaban sin hacer más preguntas, y además lo amenazan con que lo expulsarían de la compañía.

“De forma simultánea, Rivero advierte que comienzan a circular ciertas noticias en medios de prensa internacionales que involucran a BancTrust & Co. y a ciertos funcionarios, incluyendo al Sr. Carlos Fuenmayor Quintana y Oswaldo Armitano Labrador, en ciertas actividades de "lavado de activos y financiamiento del terrorismo" en Estados Unidos y Venezuela”, recuerda el texto.

La situación se hace insostenible y luego de sucesivas amenazas, Rivero termina por renunciar, luego de que además lo obligaron a vender un pequeño remanente de acciones que aún conservaba por menos de 200 pesos.

Tras la salida de la empresa, Rivero se presentó ante la Procelac y denunció al nombrado Carlos Ricardo Fuenmayor Quintero, venezolano, y a otro directivo, el argentino Ramiro Diego del Corazón de Jesús Blazquez. El fiscal Carlos Stornelli interviene en el expediente que inicialmente recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Hace poco menos de un año, en medio de la pandemia, ratificó la denuncia. Esta semana se suicidó.