El trigo transgénico -denominado HB4- fue aprobado hace un año por el gobierno nacional, convirtiéndose en el primer aval mundial para eventos de tolerancia a sequía. Movimientos ambientalistas, científicos e incluso agrícolas manifestaron sus reparos para su eventual siembra, cosecha y comercialización.

Cabe recordar que este organismo genéticamente modificado recibió la aprobación regulatoria por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en octubre de 2020. La autoridad informó que los resultados de los estudios científicos "no difieren significativamente de los riesgos inherentes al cultivo convencional"; mientras que el SENASA concluyó que "es inocuo para la alimentación humana y animal".

Se trata de una innovación desarrollada por un grupo de biólogos moleculares e investigadores argentinos, liderado por Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL, CONICET-UNL), en alianza con la firma Bioceres.

La tecnología, según explicaron, “permite obtener semillas más tolerantes a la sequía, minimizando las pérdidas de producción, mejorar la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés hídrico y dar mayor previsibilidad a los rindes por hectárea”. En pocas palabras, el desarrollo nació a partir del descubrimiento del gen que le otorga al girasol su capacidad de tolerar la sequía.

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Semillas (Inase), ya se sembraron 52.755 hectáreas de trigo HB4, la mitad aproximadamente en la provincia de Buenos Aires. “El trigo tiene más de 50 mil genes. Cada uno de esos genes codifica una proteína, vos con esto le agregas una proteína más o un gen más en este caso, que es un gen de girasol, esta planta que venimos comiendo hace décadas o siglos”, explicó la investigadora Chan.

Del campo a la mesa: crecen las dudas sobre la siembra y comercialización del trigo transgénico

Semanas atrás, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil aprobó la comercialización de la harina de trigo transgénico, pero no de los granos ni semillas. La noticia fue celebrada por los funcionarios del gobierno nacional.

Este paso era una condición fundamental por parte de la cartera a cargo de Julián Domínguez, para avanzar con la comercialización en el país, ya que Brasil es el principal comprador del cereal, lo que representa el 40% de las exportaciones argentinas.

Sin embargo, la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) señaló que “la liberación en Brasil involucra numerosas preguntas y estudios de evaluación que aún son insuficientes sobre los impactos del trigo modificado genéticamente en la salud humana, los animales y la biodiversidad, además de sus impactos socioeconómicos”.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), por su parte, también expresaron su preocupación por los posibles perjuicios económicos como consecuencia de la pérdida de mercados internacionales de exportación de granos, al considerar que el resto de los destinos de la producción “directamente no aceptan trigos genéticamente modificados”.

Desde el sector también advierten que el “mercado argentino no tiene experiencia en consumir trigo transgénico, y ya existen pedidos de parte de empresas alimenticias nacionales e internacionales que operan en nuestro país, de comprar únicamente harina o trigo no transgénico”.

El mercado mundial del trigo supera los 175 millones de toneladas anuales y el de harinas a los 18 millones, ambos en su totalidad no transgénico. Asimismo, las exportaciones del complejo triguero totalizaron 1.807 millones de dólares durante el primer semestre de 2021, según datos del INDEC. Argentina fue el séptimo proveedor mundial con el 5% de las ventas totales en 2020.

El lado ambiental

Las organizaciones ecologistas también alertan sobre las posibles consecuencias en la salud y el ambiente. Sostienen, entre otras cuestiones, que el glufosinato de amonio, que se utiliza en este trigo, es un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato. Esta sustancia es calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “moderadamente peligrosa”.

Recientemente, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, a cargo del juez Santiago Carrillo, falló a favor de la participación ciudadana y, además, dispuso la publicación de los ensayos e información científica sobre inocuidad alimentaria y seguridad ambiental en las que se fundó la autorización estatal.

Se trata de una causa en la que se cuestionó la aprobación del nuevo evento transgénico “sin haberse realizado previamente estudios de impacto ambiental, ni audiencias públicas que garanticen la participación ciudadana en cuestiones de interés público relevante, directamente vinculadas con la vida, salud pública, ambiente, economía, comercio y relaciones internacionales”.

A esta presentación judicial se suma otra causa radicada en el Juzgado de Responsabilidad Juvenil 2 de Mar del Plata, a cargo de Néstor Adrián Salas, en la que se ordenó a la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) que elabore un informe sobre los posibles riesgos y daños por la liberación de organismos genéticamente modificados en el territorio bonaerense.