La legisladora porteña Claudia Neira presentó un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informe sobre los prestadores del servicio de seguridad privada, la capacitación recibida y la existencia o no de sanciones previas.

El proyecto se funda en la creciente ola de violencia homofóbica en los boliches y bares porteños. Uno de los ejemplos utilizados, fue lo ocurrido el el pasado 31 de enero cuando en la discoteca “Rose in Río”, personal de seguridad expulsó a un joven por su orientación sexual y fue brutalmente golpeado en la vía pública al punto de quedar inconsciente.

Puntualmente, Neira solicitó que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta brinde detalles sobre si se inició una causa judicial por el hecho y, en caso que así sea, que autoridades intervienen y el estado de la misma.

Asimismo, que se informe quienes estuvieron a cargo de la seguridad del lugar ese día y si recibieron algún tipo de sanción. "¿El estado de situación de las prestadoras de servicios de seguridad privada fue evaluado en alguna reunión del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito?", se indaga en el proyecto.

"Tal como establece la Constitución de la Ciudad, uno de los espacios para elaborar políticas y abordar estas temáticas, debería ser el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, pero aún hoy se encuentra inactivo", remarcó Neira. 

No es la primera vez que Rose in Río es noticia por este tipo de situaciones, ya que cuenta con un largo historial de hechos de discriminación. En 2019, por ejemplo, Kiara Acosta, una joven trans fue discriminada en el boliche de Costanera y realizó una denuncia ante la Justicia y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Posteriormente fue clausurado y reabierto a los pocos días. 

Tweet de Kiara Acosta

En dicha oportunidad, la justicia sostuvo que "la prohibición de ingreso que afectó a A. de ningún modo se encuentra amparada por el ejercicio regular del derecho de admisión, reglado en la ley 26.370 que precisamente tienen por objeto establecer las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia del público general".

Por el contrario, entendió que "la prohibición de ingreso se asentó -ilegítimamente- en actos discriminatorios, arbitrarios y que, por consiguiente, agraviaron a las supuestas víctimas".