Pantalones de fútbol, camisa camuflada, el cabello recogido con una colita, barba tipo candado. El hombre fue detenido el lunes 18 en el centro de La Plata, luego de viajar desde Neuquén hasta la capital bonaerense, luego de decir a los gritos que quería "matar a Cristina".

Estaba "armado" con un rifle de aire comprimido, más apto para practicar el tiro al blanco en una kermesse que para producir heridas letales. Fáciles para colocar etiquetas, los medios lo llamaron "el loco del rifle".

No tuvieron que conversar mucho con el sujeto los efectivos policiales para darse cuenta de que no estaba en la plenitud de sus facultades mentales y advertir que se trataba más de una cuestión del sistema de salud, que de las agencias punitivas del Estado.

Dos días más tarde, en Palermo, el jueves 21, un hombre atacó con un fierro de los que se usan en las obras en construcción a una mujer policía, a quien le provocó varias fracturas en el cráneo y le robó su arma reglamentaria.

El hombre realizó diez tiros al aire, hasta que fue detenido por compañeros de la agente atacada. Lo redujeron sin tener que disparar, a diferencia de lo ocurrido en otros casos de personas que tienen problemas de salud mental y disparan primero para preguntar después.

El detenido se llama Carlos Efraín Martínez (21) y los "zocaleros" de la TV lo apodaron "El Loco del Palo". Tiene cerca de un decena de arrestos por ataques en la calle y en febrero pasado la Justicia había ordenado su internación en el Hospital Borda durante seis meses por atacar a una mujer en Belgrano.

Los dos casos, es obvio, tienen características similares. Sus protagonistas son personas que padecen problemas de salud mental o consumos problemáticos, que los llevan a convertirse en peligrosos para ellos mismos o para terceros.

¿Todos los "locos" bajo llave? Cuando la seguridad es un tema sanitario y no del sistema penal

La primera reacción es la indignación y reclamar el encierro. Así, lo hizo, por ejemplo, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, quien dijo que “esta persona no puede caminar entre nosotros, tenemos que terminar con la puerta giratoria, que los jueces entiendan que se está poniendo en riesgo la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad liberando a personas como ésta. Siete veces fue detenido".

Claro, ponerlo tras las rejas con un candado y tirar la llave bien lejos. Y resuelto el problema, ¿no? Así se hizo durante décadas y los hospitales neuropsiquiátricos se convirtieron en depósitos humanos. Las sociedades más evolucionadas debieron haberle encontrado otra solución más humanitaria. ¿O no?

Esta clase de personas necesitan un tratamiento. No alcanza, como en el caso de Martínez, con disponer su encierro en el Borda durante seis meses si durante ese lapso no se realiza un seguimiento con profesionales de la materia para evaluar su condición.

Una fiscal de la ciudad de Buenos Aires advierte a Data Clave que casos como el de Palermo son habituales, ya sea por consumo de sustancias prohibidas o por situaciones de padecimiento psíquico.

“Cada turno es igual. Y la salida no es la guardia y preso, sino, en principio, políticas públicas de adicciones y de salud mental para prevenir estos casos, pero lamentablemente no hay”, razona con toda lógica.

La mayor presencia de casos como los mencionados, pueden ser una consecuencia de la pandemia, debido a que los servicios de salud se concentraron en atender la emergencia de los casos de covid. Pero es sólo una hipótesis.

De todos modos, hace un par de meses, Alicia Stolkiner, ex titular de la cátedra de Salud Pública y Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, y una de las asesoras del Presidente durante la pandemia, dijo en un reportaje por la AM 750 que “la demanda en salud mental ya aumentó. No todo tiene que ver con el aumento de la patología, sino por sufrimientos ligados a las condiciones de vida que se van desenvolviendo a partir de la situación de la pandemia”.

La experta explicó que “hay una parte de las políticas públicas de salud mental que tiene que ver con el sistema de salud general. Necesitamos una mayor integración. Un ejemplo, que no tiene particularmente que ver con la pospandemia, pero sí con el sistema en general: una vez me tocó trabajar con un grupo familiar con un joven de 19 años con un intento de suicidio. La obra social le respondió que tenían que llevarlo a un lugar en la Provincia de Buenos Aires, no a donde vivían. No tenían un sistema de intervención en emergencias de salud mental. Lo terminamos resolviendo por una consulta en un hospital público. La respuesta que le dio la obra social fue tomarle los signos vitales, esperaron para ver si tenía un cuadro tóxico y lo mandaron a la casa de nuevo”.

En esa línea, Vanesa Jeifetz, otra psicóloga especialista en el tratamiento de adicciones, explica a Data Clave que “en pacientes que tienen problemas de consumos problemáticos o adicciones hay problemas para acceder porque son pacientes que son rechazados en los servicios de salud en general y también en los lugares que son especializados porque en general hay pocos profesionales y no hay demasiado infraestructura. Son pacientes difíciles, muy demandantes y hay poca disponibilidad de los profesionales de la salud para atenderlos porque requieren mucho trabajo terapéutico”.

La misma profesional explica además que en los casos de problemas de salud mental, como el del hombre de Palermo, “muchas veces tienen una problemática grave, que no tienen conciencia de una enfermedad. No son conscientes de que tienen un problema y no consultan al sistema de salud. La problemática se va agravando al punto de que pueden matar a alguien y no están en tratamiento. Suelen ser pacientes crónicos, de enfermedades que no son agudas, no se terminan de un día para el otro, no se curan enseguida. Y el sistema de salud tiene poca tolerancia con aquellos que requieren muchos años de tratamiento. Las familias se agotan de sostener esa situación que suele ser difícil y angustiante y bueno quedan ahí medio solos en la vida. Y entonces pueden pasar estas cosas que terminan matando a alguien”.