La aerolínea LATAM sacudió al mercado laboral el 17 de junio pasado cuando anunció formalmente que dejaba de operar en el país “por tiempo indeterminado”. La drástica medida tuvo, por supuesto, un inmediato impacto en la escena política y generó preocupación a nivel económico. En ese marco, la empresa también pidió el procedimiento preventivo de crisis (PPC). 

Desde ese día, LATAM y los sindicatos, con la intervención de las autoridades nacionales de la cartera de trabajo, empezaron a protagonizar una fuerte puja. El Gobierno intentó disfrazarse de árbitro aunque, hasta ahora, fue uno que apeló particularmente a la lógica futbolera del “siga, siga”. 

Los gremios salieron a la calle y el nuevo formato de protestas llegó al Aeroparque Jorge Newbery: a los clásicos bombos y banderas se les sumaron ahora los tapabocas y la distancia social. El reclamo en este caso tiene que ver con la continuidad de la sede argentina. Son 1712 los empleados y la cifra supera los 2000 si se tienen en cuenta a los directamente afectados. La crisis generalizada del sector, además, hace imposible planificar una reubicación del personal. 

La situación se produce mientras rige el decreto oficial para la prohibición de los despidos a nivel nacional. La norma tiene vigencia hasta el 31 de julio pero desde el ministerio le cuentan a Data Clave que se está evaluando su extensión por 60 días, es decir hasta fines de septiembre. Los sueldos deben pagarse y la indemnización de los echados, por lo tanto, debería ser doble. Un detalle para nada menor en el que los ejecutivos de LATAM no están dispuestos a ceder. De hecho, apuntan a la media indemnización que permite el PPC. En el interín, la firma ya desarmó prácticamente toda su estructura doméstica. Levantaron oficinas y hasta rescindieron contratos de alquiler. También se tercerizó al personal de mantenimiento. El gremio aeronavegantes definió esto último como “otra decisión unilateral”.

Las negociaciones parecen no encontrar un final feliz. Desde el ministerio de Trabajo aseguran a Data Clave que "todo indica que la próxima semana se va a rechazar el Proceso Preventivo de crisis". Es más, aseguran que se llamará a una audiencia la semana que viene en la que se intimaría a la empresa para que cumpla con todos los compromisos de pago pendientes con los trabajadores hasta que se llegue a una resolución. Esa decisión va en línea con el reclamo de los sindicatos que insisten en que este mecanismo tiene como objeto sanear a empresas para que sigan operando y LATAM ya está, no sólo anunciando, sino que está ejecutando su plan de salida del país. El PCC fue creado en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri a partir del conflicto de la empresa Pepsico. 

Mientras se espera la definición de Trabajo, puertas adentro los empleados toman diferentes caminos ante un panorama de incertidumbre. Algunos trabajadores aceptaron los retiros voluntarios que también ofreció la empresa. Y aunque se sostienen firmes en sus pedidos, los representantes sindicales entienden que el contexto es absolutamente particular. “El que piensa el mercado aeronáutico con la cabeza del 19 de marzo, está pensando mal”, aseguran desde uno de los sindicatos más importantes dando a entender que el acuerdo entre la empresa y los empleados no es una mala salida.

Las limitaciones para la actividad por la emergencia sanitaria en el marco del covid-19 expusieron un problema que venía de arrastre. El último año en el que el balance de la aerolínea dejó un saldo positivo en Argentina fue 2015, con u$s 9432 millones a favor. A partir de allí, las sucesión de crisis económicas y el modelo de negocios que le abrió el juego a las low cost, hundieron la rentabilidad local, según argumentan desde la empresa. Entre 2018 y 2019, la filial local de Latam perdió unos 300 millones de dólares, mientras que el rojo en 2016 y 2017 fue de 70 millones.