La aceleración de la inflación, sobre todo en alimentos, tuvo un efecto directo en el aumento de la indigencia del primer semestre. Se espera que con la dinámica de la segunda mitad del año crezcan también los niveles de pobreza que con muchas dificultades pudo mostrar una baja. En ese marco, se da la discusión dentro del Gobierno sobre la necesidad de un refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables, mientras que el Ministerio de Economía trabaja en una medida en ese sentido.

Mientras el Ministro de Economía, Sergio Massa, presentaba el proyecto de Presupuesto 2023 en Diputados el Indec informó que la pobreza había descendido en el primer semestre del año del 37,3% al 36,5%. Por otro lado, la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8% debido a la fuerte suba en los precios de los alimentos, ya que este indicador muestra la cantidad de personas que no pudieron cubrir con sus ingresos las necesidades alimentarias básicas.

Más tarde, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter que “está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”. Una reiteración de la mirada que mantiene su espacio político desde hace tiempo y que viene erosionando las internas del Frente de Todos.

Por otro lado, la vice consideró: “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

Lo cierto es que el equipo de Sergio Massa trabaja en un mecanismo de refuerzo de ingresos para sectores vulnerables, que será financiado con el ingreso por retenciones del Programa de Incremento Exportador por el cual se pagó un “dólar soja” de $200 al complejo oleaginoso. 

De hecho, el decreto de la medida hace mención a la creación de un fondo con parte de lo recaudado para brindar una “prestación monetaria  extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las estimaciones oficiales hablan de que ese refuerzo llegará a poco más de 2 millones de personas, ya que será para quienes no perciban ningún tipo de prestación por desempleo o programa social.

En las últimas semanas surgieron versiones de que el mecanismo elegido sería un bono por tres meses de $16.500 para el universo mencionado que podría aliviar la situación del segundo semestre, cuando la inflación alcanzó las variaciones mensuales más altas en 20 años. Ya hubo un refuerzo para jubilados de $7.000 y suba en las asignaciones familiares de trabajadores de menores ingresos, financiado con el adelanto de Ganancias para grandes empresas.

En ese marco, las previsiones privadas dan cuenta de que la pobreza podría volver a valores del 40% dependiendo de que no vuelva a darse una espiralización de aumentos de precios. Lo mismo sucederá con la indigencia de no mediar un mecanismo para reforzar ingresos y contener las subas en alimentos.