El viernes último la Secretaría de Agricultura defendió la propuesta formulada en el proyecto de Ley "Bases” para que la Argentina adhiera a la Convención Internacional UPOV-91, que protege la propiedad intelectual de los desarrollos, lo que "permitirá que el productor acceda a la mejor tecnología genética del mundo".

Para la Secretaría “es clave” hacerlo “para incrementar la productividad y nutrición de los cultivos, los saldos exportables y la resiliencia de los mismos frente a la creciente volatilidad climática".

El comunicado de la cartera que dirige Fernando Vilella salió así al cruce de las críticas realizadas de manera conjunta por la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), tres de las cuatro entidades que conforman La Mesa de Enlace, y de la que no participó Coninagro.

Según explicó la cartera agropecuaria. "el Acta 1991 (UPOV-91) crea el uso propio por parte de los agricultores; excepción que no existe en el Acta 1978 (UPOV-78)” a la cual se encuentra adherida actualmente la Argentina.

Desde FAA, CRA y SRA consideraron que el Gobierno debería apuntar a "una actualización integral de la Ley de Semillas, escuchando y dando participación a todos los sectores", y no solo a los desarrolladores.

Si bien Argentina adhirió al convenio alcanzado en 1978, el Gobierno nacional incluyó para su discusión en el Artículo 241 de la “Ley Bases”, la adhesión al acta que fue reformulada en 1991, -de allí su nombre- y que estableció mayores limitaciones al uso de propio de la semilla.

Para la SRA, CRA y FAA, la adhesión a UPOV91 “implica entre otras cosas, la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores, ha generado un debate centrado en los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación".

Ahora, y con la ratificación hecha desde el propio Poder Ejecutivo, serán los Diputados y Senadores quienes tendrán la última palabra en este conflicto.