La jueza Loretta Preska autorizó el embargo de u$s210 millones de activos del Estado argentino en un caso correspondiente a los Bonos Brady que entraron en default tras la crisis de 2001 y por lo cual se inició un litigio.

Además, la jueza de Nueva York ordenó la congelación de otros u$s100 millones hasta que Attestor Master y Bainbridge Fund, dos grupos de acreedores de deuda en default, resuelvan su disputa sobre esos fondos.

"La jueza Loretta Preska aprueba el embargo de USD 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos USD 100 millones. Este embargo ocurre a pocos días de la ejecución de la garantía por USD 325 millones en el caso Cupón PBI Londres”, anticipó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, en su cuenta de X.

Esta medida se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales, según los expertos.

De esta manera, los acreedores podrán tomar posesión de los fondos depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza. La orden de la magistrada llegó luego la Corte Suprema norteamericana rechazara la apelación de los abogados que representan al país que buscaba impedir a los beneficiarios del fallo ir por activos argentinos, conocidos como bonos Brady.

Los fondos buitre hicieron juicio y obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, en la que la jueza Loretta Preska -que lleva varios reclamos contra la Argentina- obligó al país a pagar en total U$S477 millones. Esa condena fue ratificada en agosto por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ambas instancias autorizaron a los holdouts a proceder con los embargos.

Los acreedores, conocidos por su posición de holdouts desde el default de 2001, han logrado obtener fallos favorables para embargar activos de Argentina, debido a que no recibieron pagos en los procesos de reestructuración de deuda. En este caso, Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, y Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. La Corte Suprema de EEUU rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, lo que dejó en pie la orden de embargo de la jueza Preska.

El conflicto involucra los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. En 2023, Argentina culminó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. Sin embargo, la reciente disputa ha resultado en nuevos embargos, sumando más presión sobre el país