Como si la inflación y la falta de dólares no fueran suficiente, este jueves el Gobierno deberá enfrentar la difusión de los índices de Pobreza e Indigencia del segundo semestre del año pasado, un período signado por la aceleración de la inflación.

En medio de las pujas internas, en ese caso fue las denuncias cruzadas por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, y la crisis desatada por la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, hubo dos meses, julio y agosto, con inflación del 7%, los dos siguientes por encima del 6%, y una breve “tregua” del 5% para noviembre y diciembre, en especial por la estabilidad en el precio de la carne, y porque se postergaron varios aumentos para comienzos de este año.

Esto incide en el Índice de Pobreza, y el de Indigencia, ya que se calcula por el costo de una canasta de bienes y servicios contra los ingresos.

Por el lado del gasto, la Canasta Básica Total, que fija el umbral por debajo se cae en la línea de la pobreza, duplicó su precio en 12 meses y llegó a $ 1255.515 en diciembre, para una familia integrada por una pareja con dos niños de 6 y 8 años.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria /CBA) que fija el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia, aumentó 103,8% para llegar a los $ 67.187 solo para que ese mismo grupo familiar pueda alimentarse.

Pero por contrapartida los ingresos no fueron a la par y de aquí surgen las dudas. Por ejemplo, los trabajadores informales, que son un tercio de los empleados, perdieron casi 30 puntos contra la inflación

Durante el año pasado la inflación alcanzó al 94,8% y los empleados no registrados tuvieron subas del 65,4% en sus sueldos.

En cambio, los sectores “registrados” tuvieron una a variación más cercana a la inflación, y así los salarios privados registrados aumentaron 93,8 % en el 2022, y los de los empleados públicos 99,4%

Este desfase entre ingresos y gastos es lo que pone en dudas si el Índice de Pobreza del segundo semestre se mantendrá cerca del 36,5% del primer semestre del año pasado, o estará incluso por encima del 37,3 % con el que cerró el 2021, un año en que la actividad económica “rebotó” 10%, tras una caída similar en el 2020, signado por la cuarentena para combatir el Covid 19.

Pero más allá del nivel de aumento de los precios y de los salarios, también surgió en los últimos años un fenómeno que es el del “trabajador-pobre” es decir, una persona que tiene un empleo, que puede ser formal, pero cuyos ingresos no le alcanzan para comprar los bienes y servicios mínimos para mantenerse.

Ya hacia fines del año pasado, un informe realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA- Autónoma dio cuenta que la mitad de los asalariados formales percibieron un ingreso menor a los $130.000, es decir, por debajo de la línea de pobreza.

“El dato más impactante en materia salarial es la mediana. Los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado fueron inferiores a $129.288 de bolsillo en noviembre. En el mismo mes la canasta básica total para un hogar de cuatro personas fue de $ 145.948″, destacó el informe.

En tanto, desde el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) un tercio de las personas que tiene empleo, ya sea registrado o no, es pobre.

El ciclo de estancamiento económico iniciado en 2011 “provocó un incremento de la pobreza de ocupados, que llegó a 18,1%. A partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de covid-19, la pobreza de trabajadores se ha instalado en un nuevo nivel estructural: 29,8% en 2022”, destacó el informe.

En medio de ese panorama, el ministro de Economía, Sergio Massa, propuso a comienzos de año que los aumentos de salarios no superen una pauta del 60% anual, como una forma de contener la inflación, cuando ya superó el 13% en el primer bimestre.

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, explicó que una suba de salarios de hasta el 60% "sería converger hacia el nivel pautado de inflación, más algún punto de recuperación”.

El aumento de salarios, sumado “a que también habrá una reducción de la inflación, (todo eso) implica una mejora de la capacidad adquisitiva", dijo Olmos en declaraciones a la radio AM 750.

Para los especialistas los primeros datos de este año no son los más alentadores. Para el economista de la Universidad Torcuato di Tella, Martín González Rozada “las perspectivas para el 2023 no son mejores” a las del final de 2022.

“El Gobierno no logra controlar la inflación, y la canasta básica en el primer bimestre de 2023 está creciendo a un ritmo que ya supera largamente el 100% interanual”, dijo Rozada.

Además, “la actividad económica ingresó en una fase de desaceleración en septiembre del año pasado que muy probablemente se transforme en recesión durante el primer trimestre del corriente año y los ingresos totales familiares no acompañan el crecimiento en la canasta básica”.

“En estas condiciones las primeras estimaciones de la incidencia de la pobreza en el primer trimestre del año sugieren un valor cercano al 43%. Este valor es muy probable que sea el piso de la tasa de pobreza del primer semestre del año”, estimó González Rozada.