El mapa argentino del hambre y la pobreza: el impacto social de la pandemia en las provincias

Argentina es un país que se encuentra atravesado por profundas desigualdades en distintos planos de su configuración socioeconómica. A nivel regional, históricamente ha presentado, a grandes rasgos, brechas significativas entre las zonas más desarrolladas o más abundantes en recursos naturales, principalmente el centro pampeano y la patagonia, y las zonas más rezagadas como el Noroeste y el Noreste. Estas brechas se manifiestan en un conjunto de dimensiones, que abarcan desde el nivel de actividad económica generada por las economías locales y las oportunidades de empleo, hasta la capacidad de los Estados provinciales de obtener recursos propios y las condiciones de los sistemas sanitario y de educación. En particular, en este documento haremos foco en las condiciones de vida de los hogares desde una perspectiva territorial que permita echar luz sobre la magnitud que adquiere el fenómeno de la pobreza y el hambre en las distintas provincias.

Los resultados aquí presentados expresan, por lo tanto, las desigualdades estructurales que a nivel regional atraviesan las familias que habitan el suelo argentino, producto de las cuales el hecho de residir en una u otra provincia influye en la probabilidad de alcanzar umbrales materiales de vida que aseguren una reproducción en condiciones adecuadas. En efecto, mientras la información más reciente indica que hay provincias donde al menos la mitad de la población es pobre, en otras jurisdicciones este guarismo desciende a un tercio de la población o incluso menos. Asimismo, la magnitud de la indigencia llega a quintuplicarse en las provincias más golpeadas respecto a aquellas que alcanzan niveles más bajos, tal como detallaremos más adelante.

La emergencia socioeconómica y sanitaria generada por la llegada del coronavirus, impactó sobre un cuadro social que ya se encontraba en estado crítico, a causa del acelerado proceso de pauperización experimentado desde el año 2018 y los elevados niveles de informalidad y precariedad que alcanzó el mercado de trabajo en los últimos años. 

En ese marco, el Estado puso rápidamente en marcha un paquete de medidas destinadas a contener los efectos de la crisis. Dentro de ese paquete, se incluyeron los bonos a personas jubiladas y pensionadas y a titulares de la AUH, el refuerzo de las políticas alimentarias vigentes (principalmente los montos transferidos a través de la Tarjeta Alimentar y los mayores recursos destinados a los comedores), como así también la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El IFE se constituyó así como el primer programa de transferencia de ingresos masivo de carácter incondicional, aunque transitorio, que permitió asegurar un ingreso a las personas con inserciones laborales por fuera de la formalidad, llegando a rozar los 9 millones de receptores.

Si bien estas medidas permitieron mitigar parcialmente el impacto de la emergencia económica, resultaron insuficientes para evitar el deterioro en las condiciones de vida de gran parte de los hogares. La información publicada por el INDEC, que tiene una periodicidad semestral, indicó que las tasas de pobreza e indigencia al primer semestre del año 2020 llegaron al 40,9% y 10,5% respectivamente. Dichos resultados promedian, sin embargo, dos períodos muy disímiles: la situación presente al primer trimestre del año (cuando la pandemia aún no había golpeado en profundidad) y el segundo trimestre, cuando se registraron los efectos más fuertes de la crisis. A partir de esos resultados, desde IPyPP inferimos las tasas correspondientes al 2do trimestre, de forma tal de aportar un análisis sobre la situación más reciente: así, mientras que en el primer trimestre las tasas de indigencia y pobreza fueron del 8,6% y 34,7% respectivamente, en el segundo trimestre las mismas treparon al 12,4% y 47%. Ello implica que en ese período cayeron bajo la línea de la pobreza casi 5,6 millones de personas, llegando a un total de 21,3 millones de personas pobres. Asimismo, 1,7 millones de personas cayeron bajo la línea de indigencia, sumando un total de 5,6 millones de habitantes que no logran cubrir siquiera sus mínimas necesidades alimentarias.

Sin embargo, tal como mencionamos anteriormente, tanto los niveles de pobreza e indigencia como la evolución que presentaron estos indicadores en el último período, difieren según jurisdicción. A continuación presentamos una radiografía de la situación social en las provincias argentinas al segundo trimestre del año, es decir, en el momento de mayores restricciones a la movilidad. De allí, se destacan los siguientes resultados:

Cinco provincias superan la tasa de pobreza registrada a nivel nacional (47%), encabezadas por la Provincia de Buenos Aires (53,9%), seguida por Chaco (50,8%), Salta (49,9%), Río Negro (48,4%) y Neuquén, con el 47,5%.

De los/as 21,3 millones de compatriotas pobres, el 44,3% (casi 9,5 millones) vive en la PBA. Por su parte, Santa Fe explica el 7,7% de las y los argentinos pobres (1,6 millones), Córdoba el 7,6% (1,6 millones), Mendoza el 4,3% (927 mil) y CABA el 3,5% (748 mil). En conjunto, estas cinco jurisdicciones concentran casi el 70% de la población pobre.

Chaco (18,4%), Buenos Aires (15,7%), Santa Fe (15,3%) y Salta (13,9%) presentan niveles de indigencia superiores a la media nacional (12,4%). De los 5,6 millones de argentinos/as que no logran acceder a una alimentación básica por medio de sus ingresos, prácticamente la mitad (2,8 millones) reside en la PBA.

Al analizar la dinámica experimentada por estos indicadores, surgen también importantes diferencias entre jurisdicciones. Ello se debe en parte al impacto diferencial que provocó la pandemia en las distintas regiones. Claramente, las zonas que registraron mayores contagios, lideradas por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a su peso demográfico y económico, fueron las más perjudicadas. En cambio, las zonas que registraron menores contagios y, por tanto, tuvieron medidas de prevención sanitaria más flexibles, se vieron menos afectadas durante el período bajo análisis, aunque con modificaciones a lo largo del mismo. En este sentido, si bien el empleo se redujo notablemente en todas las regiones, en el Gran Buenos Aires y en la región Pampeana las caídas fueron más pronunciadas: allí las tasas de empleo cayeron 10,3 puntos porcentuales y 7,7 p.p., respectivamente. En cambio, en regiones como el NEA o la Patagonia, la caída del empleo fue inferior.

Otro de los factores que puede haber incidido en la evolución de la pobreza y la indigencia por jurisdicción tiene que ver con la distribución territorial del IFE. Recordemos que la cobertura de este programa alcanzó al 19,5% de la población total del país. Sin embargo, al desagregar la cantidad de beneficios liquidados por provincia en relación a su población, surgen notables diferencias. Según información publicada por ANSES, se observa que las provincias del Noreste (23,1% a 28,9%) y Noroeste (22,1% a 28,6%) argentino son las que mayor cantidad proporcional de beneficios recibieron. Por el contrario, las provincias de la Patagonia (12,5% a 16,8%) y CABA (11,9%) recibieron una proporción relativa de beneficios sustancialmente inferior al promedio nacional. En gran medida, la distribución territorial de las transferencias otorgadas a través del IFE, se encuentra relacionada con los niveles previos de pobreza que presentaban estas jurisdicciones. A grandes rasgos, las provincias que presentaban mayores niveles de pobreza previo a la pandemia, fueron aquellas en las que el IFE tuvo una mayor incidencia en relación a su población.

Teniendo en cuenta este contexto, al analizar la evolución trimestral de la pobreza y la indigencia, se verifican los siguientes rasgos: 

La región más afectada por la pandemia entre marzo y junio fue el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De allí que, entre el primer y el segundo trimestre del 2020 la tasa de pobreza de la CABA más que se duplicó. Por su parte, en la PBA se incrementó 40,4%, por encima del incremento registrado a nivel nacional. Neuquén, por su parte, experimentó también un incremento sustantivo en la incidencia de la pobreza, que aumentó un 72,4%.

Si bien la tasa de indigencia nacional aumentó un 44,4%, hay 11 provincias que experimentaron incrementos más importantes: es el caso de Neuquén (+126%), Catamarca (+65,9%), San Luis (+62,4%) Salta (+57,8%),  Santa Fe (+52,3%), Formosa (+50,6%), CABA (+50,5%), PBA (+50,1%), Santa Cruz (+47,6%), Chubut (+47,6%) y San Juan (+47,2%). Paradójicamente, cuatro provincias argentinas muestran caídas de sus tasas de indigencia en este período: se destacan los casos de Jujuy (-54,9%) y  Entre Ríos (-26,1%).

Al comparar con igual período del año anterior, a nivel nacional la incidencia de la pobreza aumentó 10,3 p.p. (+28,1%), mientras la indigencia trepó 4,1 p.p. (+49%). En las jurisdicciones, esta dinámica se comportó de la siguiente manera:

Las provincias que mostraron evoluciones más preocupantes en la incidencia de la pobreza de fueron: Neuquén (+70,2%), Tierra del Fuego (+68,4%), CABA (+60%), San Juan (+50,8%), Río Negro (+38%) y la PBA (+36,8%).

De las provincias mencionadas, Tierra del Fuego presenta la dinámica más regresiva en materia de indigencia. Mientras que a nivel nacional la tasa de indigencia creció 49,3%, en dicha provincia se quintuplicó (la tasa subió 9,2 p.p desde el 2,2% en el 2do trimestre 2019 al 11,4% del 2do trimestre 2020). Luego, las provincias de Santiago del Estero (+199,7%), Santa Fe (+193,6%), San Luis (+145,1%), Río Negro (+107,6%) y Tucumán (+105,3%) exhibieron incrementos en la indigencia que más que duplicaron los niveles presentes hace exactamente un año.

Entre los meses de junio 2019 y junio 2020, hay tres provincias que demuestran reducciones, tanto en la incidencia de la pobreza como en la indigencia. Son los casos de La Pampa (-13,7% en tasa de pobreza y -11,1% en indigencia), Entre Ríos (-10,6% en el primer caso y -39,7% en el segundo) y Misiones (con caídas de -6,3% y -53,2% respectivamente).

En suma, los resultados aquí expuestos evidencian en primer lugar que el hambre y la pobreza son fenómenos que, en mayor o menor medida, se extienden a lo largo y a lo ancho del país.

Es importante señalar aquí que la contracara de este flagelo social se encuentra en la elevada concentración de la riqueza en sectores muy reducidos de la población, que se ha intensificado producto de los crecientes niveles de desigualdad experimentados en las últimas décadas. De hecho, la información provista por el INDEC permite dar cuenta de que el 10% más rico de la población posee ingresos que en promedio son 25 veces mayores a los que percibe el 10% más pobre, brecha que se ha acrecentado en el último período.

Más aún, la brecha estimada por INDEC constituye el piso de la desigualdad que resulta posible medir a través de las estadísticas oficiales, en tanto es sabido que las encuestas a hogares en general presentan dificultades para captar los ingresos del extremo más rico de la población.

En efecto, mientras millones de argentinos y argentinas se encuentran despojados de los recursos necesarios para garantizar su reproducción en condiciones dignas, con ingresos que no llegan a cubrir siquiera la canasta básica alimentaria (que a Septiembre ronda los $6.300 para un adulto y $19.400 para una familia tipo), encontramos que en el otro extremo de la estructura social hay, según consultoras especializadas, 114 mil millonarios (con patrimonios que superan el millón de dólares) que en promedio cuentan con alrededor de U$S14,8 millones cada uno y acumulan nada menos que 1,7 billones de dólares, una riqueza que si se compara con el PBI equivale a cinco productos nacionales anuales. 

En ese marco, resulta imperiosa la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para intervenir de manera decisiva en la matriz distributiva mediante políticas que asignen recursos suficientes para erradicar el hambre y la pobreza, teniendo en cuenta la intensidad con la que se expresan estos fenómenos a nivel territorial entre las distintas jurisdicciones.

Claramente, el abordaje de estas problemáticas ya resultaba de suma urgencia con anterioridad a la pandemia, pero la irrupción de la emergencia social y sanitaria provocada por el coronavirus despejó cualquier tipo de duda acerca de la relevancia del Estado para garantizar el acceso de las familias a los bienes básicos necesarios para su subsistencia. En ese marco, el paquete de medidas de contención implementadas resultó imprescindible para evitar el derrumbe de un tejido social en estado crítico. Sin embargo, no logró ser suficiente para evitar un nuevo salto en los niveles de pobreza e indigencia.

El Presupuesto 2021 presentado en el Congreso recorta en su totalidad los recursos destinados a las políticas de contención implementadas en el marco de la pandemia, asumiendo llamativamente que la crisis epidemiológica se resolverá en lo inmediato, cuando no sólo la cantidad de contagios en promedio supera los 10.000 casos diarios hace ya tiempo, sino que restan aún varios meses para que la vacuna comience a producirse y a aplicarse en forma masiva.

Incluso aunque finalmente se logre interrumpir la propagación del virus, el deterioro de las condiciones de vida provocadas por esta crisis inédita tardará aún más tiempo en recuperarse. Ante este panorama, alertamos una vez más sobre la necesidad de fortalecer los recursos asignados a estas políticas, en la medida que el contexto socioeconómico exige más que nunca un rol activo del Estado a la hora de asegurar un piso mínimo de ingresos que permita construir un umbral de dignidad para el conjunto de los hogares de la Argentina.