En cualquier país del mundo, cada vez que el gobierno toma alguna medida hay personas que están de acuerdo, mientras que hay otras que se oponen. Cualquier medida que tome el gobierno de turno será criticada por un sector y bendecida por otro. Sin embargo, en nuestro país sucedió algo inédito: Nadie está de acuerdo con la política de cerrar las exportaciones de carne por 30 días que se anunció hace unos días el gobierno.

Es lógico que hasta los economistas más afines al gobierno critiquen la medida, dado que no es la primera vez que cometemos ese error. En 2006, Néstor Kirchner había implementado la misma política con consecuencias desastrosas para todo el país. Lo que al principio fue un cierre de las exportaciones por 6 meses “para cuidar al mesa de los argentinos” se terminó prolongando por 9 años. El resultado fue el cierre de frigoríficos, con la consecuente pérdida de empleo, y una reducción de más de 10 millones de cabeza de ganado. Los que apoyan esta medida son los productores de Uruguay y Paraguay ya que van a poder exportar más carne y así beneficiarse ellos mismos y también a todos los trabajadores de la industria de su país.

Además, según el discurso de ambos lados de la grieta política, existe un amplio consenso (de los pocos que existen) de que la salida del estancamiento económico que sufrimos desde el 2011 es vía exportaciones. Las declaraciones voluntaristas de que hay que incrementar las exportaciones chocan con casi todas las medidas que adoptó la gestión de Alberto Fernández. Si no fuera por la suba extraordinaria del precio de los commodities, solo existirían desincentivos para exportar. Las retenciones, declaraciones juradas y prohibiciones para exportar no son medidas que impulsen las exportaciones claramente. No hay que ser economista para darse cuenta de ello.

La excusa del gobierno para tan desastrosa medida es que los precios de la carne no paran de subir. El tema es que no es solo la carne la que no para de subir, sino que están todos los precios subiendo. Un ejemplo es el rubro indumentaria que subió 79,1% en los últimos 12 meses, más de 30 puntos porcentuales por encima del nivel general y no es un rubro que se caracterice por ser exportador ni mucho menos.

En este sentido, el gobierno no entiende (o no quiere entender) el problema inflacionario. El Presidente Fernández señaló hace poco en una entrevista que la inflación es un problema inexplicable. Si entendiera el problema de la inflación sabría que la responsabilidad es del estado, y no de los productores o de los empresarios. Si el problema fuesen los empresarios, ¿Cómo se explica que todo el mundo tenga una inflación anual de menos del 10%? ¿Será que en esos países los empresarios son buenos y acá son malos? Mientras que el Tesoro tenga un déficit crónico financiado en gran medida a través del BCRA, naturalmente va a haber una perdida de poder adquisitivo del dinero que se traduce en mayores precios en todos los bienes y servicios. Además, se suma que los argentinos ya sabemos que el desmanejo monetario seguirá en el tiempo por lo que cada vez demandamos menos pesos, lo que profundiza la pérdida del valor del peso.

Los países exitosos en la baja de la inflación no hicieron controles de precios, ni prohibieron exportaciones, ni mucho menos acomodaron de una determinada forma los productos en las góndolas. Lo que hicieron fue tomar el toro por las astas y cerrar las cuentas fiscales para que sea creíble a los ojos de sus ciudadanos que no le iban a pedir al Banco Central que imprima más dinero para cerrar la caja. En este sentido, la independencia del BCRA es fundamental ya que obliga a los funcionarios a pensar en una forma sustentable de financiar dichos gastos y a replantearse gastos superfluos.

Cerrar las exportaciones como medida antiinflacionaria es una locura. Ya con leerlo uno se da cuenta que es un disparate. El único sentido a la medida es electoralista. El gobierno viene demostrando día a día que lo único que le importa es ganar las elecciones, a costa de mayor pobreza y desempleo futuros. Por eso, cerrando las exportaciones de carne, en el cortísimo plazo, la oferta de carne que antes se dedicaba a la exportación, se dirige al mercado local haciendo posible una baja de los precios. Esto es lo que impulsa al gobierno a tomar estas medidas, lo cual no necesariamente vaya a pasar. Lo que si es seguro que vaya a pasar es que, en unos meses, los productores van a dejar de ofrecer carne por la inexistencia de ganancias en la operación, por lo que los precios tendrán un incremento mayor al que hubiese ocurrido sin esta medida.

De esta manera, queda claro que la economía esta sometida a la política. Las consecuencias son medidas cortoplacistas, los famosos parches para llegar a una determinada elección. Este año son las legislativas, en 2023 la presidencial y así sucesivamente la política sigue postergando las reformas estructurales que necesita la economía para dejar este sendero de decadencia que sufrimos desde hace muchos años.