El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer el informe que analiza el préstamo de US$ 57.000 millones otorgado durante los últimos dos años del Gobierno de Mauricio Macri. El estudio concluyó que “el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas” y reconoció que parte de ese dinero financió la fuga de capitales.

En el trabajo hicieron mención a que los desembolsos del organismo financiaron la "fuga de capitales". “El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio”, consignó el organismo el documento de “Evaluación Ex Post (EPE) sobre el Acceso Excepcional bajo el Acuerdo Stand-By de 2018”. 

Tal como destacaron, a pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, que debilitó los ingresos reales, especialmente de los pobres. 

Ampliar contenido

“En resumen, el informe concluyó que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico. El programa salió de su curso en agosto de 2019 y la Junta Ejecutiva solo completó cuatro de las doce revisiones previstas. Las autoridades decidieron cancelar el acuerdo el 24 de julio de 2020”, puntualizaron.

Si bien la revisión extrae “una serie de lecciones importantes”, desde el Fondo señalaron que varias de ellas no son nuevas. En ese sentido, hubo un guiño a las negociaciones actuales que tiene el Gobierno argentino: “de cara al futuro, los directores enfatizaron que los hallazgos de la EPE deberían informar las discusiones en curso sobre un posible programa de seguimiento con Argentina”.

Los directores también lamentaron que el programa de 2018 “no cumpliera sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población”.

Por otro lado, el FMI reconoció que el programa planteado por el organismo, conducido en aquel momento por Christine Lagarde, no era lo “suficientemente sólido” para abordar los problemas estructurales “profundamente arraigados” en Argentina.

Entre esos puntos se encuentran incluidos “las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un sector financiero interno pequeño y una base exportadora estrecha”.

El FMI señaló que el Gobierno anterior le impuso límites, “líneas rojas”, al Fondo en dos puntos centrales: reestructuración de deuda y control de capitales. En consecuencia, el resultado fue que los fondos se usaron para pagar deuda insostenible, lo que provocó fuga de divisas.

Sin embargo, un número de directores cuestionaron la posibilidad de aplicar este tipo de medidas en un contexto en el que uno de los objetivos clave del programa era restablecer la confianza del mercado. Asimismo, reconocieron que el énfasis que tuvo la apropiación (ownership) del Gobierno también puede haber llevado a pronósticos demasiado optimistas, lo que debilitó la solidez del programa.

El staff señaló que el programa firmado con Argentina creó riesgos financieros y de reputación “sustanciales” para el Fondo, aunque hubo diferencias entre las autoridades sobre el diagnóstico. La mayoría de los directores coincidieron en que acordar con las autoridades por adelantado los planes de contingencia podría haber reducido los riesgos para el programa, pero algunos mencionaron las dificultades de manejar dichos planes en la práctica dada la sensibilidad del mercado. 

“Los directores enfatizaron que una mejor comunicación por parte de las autoridades podría haber impulsado el efecto catalizador del programa”, reconocieron. También subrayaron que una mayor distribución de la carga con otros acreedores oficiales habría proporcionado financiación adicional y un apoyo más amplio de la comunidad internacional, “lo que podría haber reforzado la confianza”.

Finalmente, los directores consideraron que los riesgos más amplios podrían haber aparecido de manera más prominente, y el Directorio podría haber estado involucrado antes y más profundamente en el proceso. 

Reclamo argentino

Desde el Gobierno, por su parte, respondieron que el programa de Macri con el FMI fue un "fracaso" porque no fue destinado a la “economía real”. En una parte del informe que presentó el organismo, quedó plasmada la visión de las autoridades argentinas con duras críticas.

“No sirvió para los fines que deben servir los préstamos del FMI. Fue un préstamo político que no cumplió con ninguno de los 4 objetivos trazados: restaurar la confianza del mercado, proteger a los más vulnerables de la sociedad, fortalecer el marco para reducir la inflación y progresivamente, disminuir las tensiones en la balanza de pagos”, afirmaron.

En ese marco, calificaron de “insuficiente” la advertencia que hizo el FMI en su informe sobre los riesgos de un ajuste fiscal en contextos recesivos. A su vez la posición de la Argentina destacó cuatro puntos sustanciales para revisiones futuras.

El primero es que exista una revisión adecuada por parte del organismo sobre el cumplimiento del artículo seis de su estatuto para saber si fue violado o no al otorgar el préstamo a nuestro país en 2018. En segundo lugar, pidió que los futuros programas deben contar con apoyo del Congreso, la sociedad civil, los sindicatos, el sector privado y “la sociedad en general”. 

Además, establecieron la necesidad de “evitar el uso político de los programas del FMI”. Finalmente, exhortaron a considerar realidades específicas de cada país, como en el caso de Argentina, en donde “el crecimiento es condición necesaria para la estabilidad y nunca al revés”.