El BCRA investiga a nueve fintech sospechadas de realizar intermediación financiera
Les pueden caber penas de prisión y el pago de hasta seis veces el monto implicado en las operaciones que son investigadas.
El Banco Central (BCRA) anunció hoy que inspecciona el accionar de nueve “Fintech” que se ofrecen como vínculo para financiar proyectos de inversión utilizando criptoactivos como canalizador del ahorro, para determinar si están realizando intermediación financiera no autorizada.
La inspección abarca a estas compañías que “captan depósitos que se convierten en criptoactivos, en particular criptomonedas, que luego son aplicados al financiamiento tanto de inversiones como de consumo, ofreciendo una retribución”, dijo la entidad que dirige Miguel Pesce a través de un comunicado.
Si las investigaciones determinan “indicios de intermediación financiera sin autorización”, el Banco Central realizará las denuncias penales en los términos del artículo 310 del Código Penal.
Este Artículo determina que podrán ser reprimidos con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a seis veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis años, los empleados y funcionarios que operen en el mercado de valores que, insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, obtengan un beneficio o causen un perjuicio, para sí o para terceros.
La ley de Entidades Financieras delega en el Banco Central la potestad de requerir información cuando existe la sospecha de que una persona o empresa está realizando tareas de intermediación financiera y, de corresponder, disponer el cese inmediato y definitivo de la actividad y aplicar sanciones.
El Banco Central viene investigando los movimientos con criptomonedas en Argentina, un activo que no está regulado, y que gana cada vez mayos aceptación, en especial entre los jóvenes.
En mayo, la autoridad monetaria y la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre el riesgo de operar este tipo de activos.
Entre los riesgos que destacaron aparecen: que no son dinero de curso legal, que tienen elevada volatilidad, que pueden sufrir ciberataques, que no tienen "salvaguardas" y que existe riesgo de lavado de activos.