Luego de la derrota en las PASO, el Gobierno puso en foco dos iniciativas para “convertir los planes sociales en trabajo”. Sin embargo, esa transición implica más que sólo una voluntad política y depende de resolver problemas estructurales.

Un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (Itega) analizó las medidas oficiales y consideró que, “en un contexto de insuficiente demanda (y con muchas restricciones para dinamizarla), este tipo de iniciativas tiene escasa efectividad”. 

En concreto, se tuvo en cuenta, en primer lugar, el proyecto de ley “Un Puente al Empleo”, que se propone transformar los planes sociales en trabajo formal de calidad. Para cumplir con dicho objetivo, propone la reducción de las contribuciones patronales para las MiPyMEs que contraten a beneficiarios y beneficiarias de dichos programas (e incrementen su nómina laboral). 

En esa línea, también se firmó un decreto similar al proyecto para “la conversión de planes en trabajo”. El beneficio/incentivo para los empleadores es que la prestación se considerará parte integrante del salario, además de que se beneficiarán de una reducción de las contribuciones patronales del 90% al 95% según el género de la persona contratada.

Por otro lado, e incluso, de resultar efectivas, el trabajo apuntó que “podrían derivar en algunos efectos perjudiciales sobre el mercado laboral”. Hay que tener en cuenta el bajo dinamismo que viene mostrando el empleo formal, que resistió mejor el impacto de la pandemia que el informal, pero que no se recuperó rápidamente.

Los últimos datos oficiales indicaron que el nivel de empleo registrado se encuentra -1,5% por debajo del nivel pre-pandemia (feb-20) y -6,1% por debajo del máximo de la serie (diciembre de 2017). En este contexto, Itega sostuvo que una política de estas características, si no se calibra adecuadamente, puede incluso generar un “efecto reemplazo” de un grupo de ocupados por otro.

El estudio apuntó que la creación de puestos de trabajo no depende de las políticas de oferta, pero esas medidas pueden privilegiar a determinado colectivo en el acceso. “No generan empleo en sí mismo, sino que ordenan la fila de las personas candidatas a ocupar un puesto, buscando situar primeros a determinados grupos (en este caso los beneficiarios de planes sociales)”, precisaron. 

Las prestaciones de asistencia que forman parte del decreto son el “Potenciar Trabajo”, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y el “Programa de Inserción Laboral”, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este universo representa más de 1 millón de personas.

Al analizar el universo del millón de personas beneficiarias del Potenciar Trabajo, Itega observó que la prestación se encuentra feminizada (64%) y concentrada en la población joven (41% tiene menos de 30 años). “Esta pirámide poblacional no coincide con la pirámide poblacional de las personas activas en el mercado laboral. En cambio, tiende a asemejarse más a la pirámide poblacional de las personas inactivas”, señalaron. 

Al mirar los datos del Indec, al segundo trimestre de este año, se desprende que el desempleo alcanzaba al 9,6% de la población total (10,4% mujeres y 9,6 varones). Hacia adentro, el desempleo en mujeres menores de 30 fue del 22,4% y de varones del mismo rango etario fue de 16,1%.

El informe de Itega coincidió en que estos son grupos poblacionales con restricciones para una inserción laboral plena. En el caso de los jóvenes, señalaron que  la finalización de estudios secundarios y la posibilidad de continuar su trayectoria educativa explica la mayor inactividad estructural, más allá de sus mayores tasas de desocupación por las dificultades de acceso al primer empleo. 

En el caso de las mujeres, además, “su preponderancia entre las personas inactivas no se debe únicamente a la falta de oportunidades en el mercado laboral, sino a su dedicación a las tareas de cuidado que realizan de manera no remunerada en los hogares”, agregaron.

Por lo tanto, el potenciar trabajo alcanza mayormente a un grupo poblacional que tiene dificultades estructurales para acceder a un empleo y no dependen de cuestiones coyunturales solamente. 

“Mientras que una estrategia de incorporación al mercado de trabajo que no tome nota de esta situación va a chocar con serias dificultades, el contexto amerita un debate sobre las políticas apropiadas para los diversos que se encuentran entre la población beneficiaria de planes y prestaciones”, concluyó Itega.