Este miércoles se presentó durante la sesión del Colegio de Auditores Generales un informe que realizó la Auditoría General de la Nación sobre la importancia del riesgo jurídico en la emisión de títulos públicos con prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros.

El mismo fue realizado por la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública que preside el auditor general de la Nación, Dr. Francisco Javier Fernández, y su objetivo fue evaluar la gestión de las colocaciones de bonos en el mercado de Nueva York durante el período 2016-2018. 

El informe fue aprobado por unanimidad por el presidente de la AGN Juan Manuel Olmos, y los auditores generales Fernández, María Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. 

Durante el período auditado, la Argentina colocó un total de 18 nuevos bonos bajo ley extranjera. Esta emisión equivalió al 64% del total de títulos de deuda externa de la República, y por su magnitud, el impacto fue similar al del préstamo del FMI tomado en el año 2018. 

Tan sólo en el año 2016, la Argentina colocó USD 22.000 millones en el mercado neoyorquino. De ese total, USD 9.300 millones se destinaron a cancelar el juicio de los holdouts que obtuvieron el fallo favorable de Thomas Griesa.

Entre los principales hallazgos del informe se encontró que las leyes de presupuesto de los años auditados no diferenciaron entre tipos de deuda (interna o externa) a colocar, dejando la decisión al Poder Ejecutivo y contraviniendo lo establecido por el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. Además, no se establecieron objetivos claros de emisión de deuda pública de acuerdo con estándares internacionales.

Por otro lado, se observó que no existían informes previos en los expedientes que justificaran las operaciones. La Secretaría de Finanzas, responsable de la dirección y supervisión del sistema de crédito público, no promovió ni fundamentó formalmente los procesos ni instruyó a las áreas dependientes para llevar a cabo las operaciones dentro del marco del programa financiero.

El proceso careció de procedimientos o manuales formalmente aprobados, siendo las únicas normas aplicables las que definen la competencia y funciones de cada área dentro del Ministerio. Tampoco contó con todas las intervenciones de las áreas con funciones críticas.

Respecto a la selección de las entidades financieras participantes, no se evaluaron parámetros de riesgo, solvencia, fiducia o capacidad para cumplir con los compromisos derivados de la oferta. Los principales colocadores de los bonos emitidos durante el período auditado fueron Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Santander y Credit Suisse.

Finalmente, la auditoría reveló que no se realizó un análisis de vulnerabilidad de la deuda ni se evidenció un plan de endeudamiento anual conforme a estándares internacionales, que evalúe los términos y condiciones de endeudamiento externo más beneficiosos o rentables disponibles en posibles acreedores y mercados.

Basándose en estos hallazgos, el informe concluyó que Argentina se endeudó a niveles de riesgo jurídico más altos en comparación con las emisiones en el mercado local o en otras jurisdicciones, ya que en caso de incumplimiento, el riesgo jurídico aumenta debido a la posibilidad de litigios en jurisdicciones extranjeras (en este caso, Nueva York), lo que podría generar nuevos pasivos contingentes para el país.

La AGN consideró que el proceso y las decisiones tomadas durante el período auditado no fueron eficientes para la gestión de la Deuda Pública de la República Argentina. Además, señaló que a pesar de haber sido informado sobre estos hallazgos, el Ministerio de Economía -encabezado por Luis Caputo- no ha realizado modificaciones.