La Unidad Fiscal que investiga violaciones a los derechos humanos en Rosario reveló el funcionamiento de un centro de detención que funcionó en esa ciudad durante la última dictadura en base a testimonios aportados por 50 exsoldados que cumplieron el servicio militar en el Batallón de Comunicaciones 121. Estos testimonios son parte de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos contra detenidos que se encontraban a disposición de los “Consejos de Guerra” y los listados de estos exconscriptos fueron aportados por el Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas, que dependían del Ministerio de Defensa y que fueron disueltos por orden del titular de esa cartera, Luis Petri.

En base a esa información, la Unidad Fiscal solicitó las declaraciones indagatorias de 31 personas que estuvieron relacionados con los hechos denunciados en esa antigua unidad del Ejército que estuvo ubicada en la zona sur de la ciudad y que encontraba bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, comandado por Leopoldo Fortunato Galtieri.

En esta causa son investigados delitos cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de mayo de 1980, en un edificio de dos plantas en el cual funcionaba la compañía de policía militar del Batallón 121, donde funcionaba como Lugar de Reunión de Detenidos Subversivos (LRDS), en función de la jerga que utilizaba la dictadura.

En la actualidad, las instalaciones de esta antigua unidad militar se encuentran señalizadas como un sitio en el cual se cometieron violaciones a los derechos humanos.   

“Era un lugar en el cual se encontraban detenidas personas que había estado secuestradas en otros lugares y quedaban ahí, detenidos ilegalmente a disposición de los Consejos de Guerra, que no eran otra cosa que una ficción de justicia en la cual no se respetaban las más mínimas garantías del debido proceso”, señaló en declaraciones a Data Clave el fiscal federal de Rosario, Adolfo Villate.

Los Consejos de Guerra eran instancias creadas para procesar y condenar a los integrantes de las organizaciones guerrilleras en base a la ley 2840, sancionada en 1974, y por la cual tribunales compuestos por oficiales militares imponías penas y dictaban condenas sobre los militantes que tenía en cautiverio.

“En los hechos, ese lugar funcionaba con las mismas características que tenían los centros clandestinos de detención ilegal de la dictadura. En medio de la instrucción se acercó un exsoldado que había hecho el servicio militar en ese lugar y en base a ese testimonio, pedimos un listado de los exconscriptos que estuvieron en ese lugar al Ministerio de Defensa, que nos permitió recabar más información para dar cuenta de cómo funcionaba ese lugar”, agregó.

Los testimonios de los exsoldados permitieron documentar los nombres de los detenidos, entro los que había hombres y mujeres.

También se puso precisar la cantidad de personas que pasaron por ese lugar en distintos períodos y el contacto físico y verbal que mantuvieron con los soldados, a pesar que esos vínculos estaban prohibidos por la superioridad.

”Los detenidos permanecían en ese lugar hasta que en el Consejo de Guerra se decidía cuál era su destino de detención. Los jueces y defensores eran los propios militares que los tenían cautivos. Hay testimonios que habla de carceleros que oficiaban como defensores en los procesos que se propiciaban”, observó Villate.

En base a la información reunida, la Fiscalía pidió 31 indagatorias al juez federal Marcelo Martín Bailaque, quien en principio las desestimó, y ahora, tras una resolución de una Cámara federal el magistrado debe volver a analizar este pedido de los integrantes del Ministerio Público.

El trabajo de tomar estos testimonios estuvo a cargo del fiscal federal Juan Patricio Murray, quien destacó la importancia que tenían los ERyA para el esclarecimiento de esta y otras causas que son llevadas por esta Unidad.

“Lo importante de ese grupo es que trabajaba proactivamente en la resolución de las causas. A nosotros nos aportaron datos para esclarecer el funcionamiento de varias unidades del II Cuerpo de Ejército y para el caso de los secuestros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurridos en 1983. Era una unidad de investigación muy importante para el aporte de la información pública y vamos a lamentar su ausencia”, afirmó Murray a Data Clave.

De esta forma se refirió a la decisión que a fines de marzo tomó el ministro Petri de disolver los ERyA al despedir a casi todos sus empleados y determinar que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas serán las que suministren la información que les sea solicitada, algo que recibió serios cuestionamientos por parte funcionarios judiciales y organismos de Derechos Humanos.

Villate y Murray integraron un grupo de 36 fiscales con actuación en causas de lesa humanidad que le pidieron, por medio de un oficio, procurador general interino, Eduardo Casal, para que le solicite a Petri que la disolución de estos equipos sea revisada para que sigan aportando datos para la resolución de las causas de lesa humanidad que siguen abiertas.

Algo que parece difícil en función de declaraciones que realizó el titular de la cartera de Defensa, quien describió a los ERyA como “instrumentos de persecución contra las Fuerzas Armadas”.

Un concepto alineado con la política negacionista sobre los crímenes de la dictadura que sostienen el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, de aceitados vínculos con represores condenados por crímenes de lesa humanidad.