Esta semana se dio a conocer un polémico proyecto presentado ante el Concejo Deliberante de Córdoba para exigir una rinoscopía para los candidatos que se presenten a las elecciones municipales. El texto, impulsado el concejal Diego Casado (Hacemos por Córdoba), generó fuertes repercusiones y desde el Ejecutivo local propusieron una serie de cambios, entre ellos que sea una modificación en el Código de Ética y no en el Electoral.

Casado presentó una modificación del artículo 50 bis, del Código Electoral Municipal (10.073), para establecer que será “responsabilidad de los precandidatos, precandidatas, candidatos titulares y suplentes a cualquier cargo electivo municipal a acreditar el cumplimiento estricto de la presente normativa a través de la presentación (...) de un certificado de exámenes complementarios de diagnóstico con resultado negativo de la presencia de metabolitos de sustancias estupefacientes, expedido por instituciones de salud pública”.

Frente a las críticas se pidió que se introduzca una modificación al Código de Ética, no así a la norma electoral municipal, previo a un debate en comisión con especialistas de la salud vinculados con el tema. Así la obligatoriedad de presentar un certificado negativo recaería en los candidatos electos: intendente, viceintendente, concejales y tribunos, y no así en precandidatos o postulantes no elegidos.

Tierra del Fuego y Tucumán ya tienen normativas similares. También el Concejo Deliberante de la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez aprobó una ordenanza que obliga a los empleados municipales a realizarse el estudio.

Años atrás, el hoy ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que "ameritaba" debatir la idea, aunque reconoció que el procedimiento roza "un tema personal y avanza sobre la intimidad de las personas".

En 2012, el diputado provincial de Chubut Gustavo Muñiz propuso que se exija un examen toxicológico a los “candidatos a cargos electivos” y funcionarios en actividad de los tres Poderes del Estado. Otro proyecto similar fue impulsado en 2018 por legisladores del Frente para la Victoria para funcionarios públicos de primera línea de Río Negro.