Motosierra llega a Tierra del Fuego con despidos, retiros voluntarios y suba de tarifas
En la provincia más austral del país se sienten con fuerza las medidas económicas del Gobierno nacional. Hay cesantías en las empresas, éxodo de profesionales y se teme por la continuidad del régimen de promoción industrial. El Ejecutivo local presenta amparos para frenar la suba del gas y la tercera ciudad del territorio se quedó sin correo
La caída de la actividad económica que registra Argentina en los últimos meses repercute por estos días crudamente en Tierra del Fuego, la provincia más austral y menos poblada del país, donde se verifica un estado de crisis energética ante el aumento de tarifas; despidos y suspensiones en los sectores industriales instalados en la isla y cierres de dependencias estatales que ponen en riesgo la conexión de sus habitantes con el resto del territorio nacional.
La provincia más joven del país, alcanzó esa condición en 1991, se ve afectada por un complicado contexto laboral. Son casi 2.000 los puestos de trabajo que se perdieron en los últimos meses. Las industrias manufactureras como Philips, BGH, Mirgor y Newsan. Son las que tomaron las decisiones más drásticas en cuanto a recortes y suspensiones.
Las firmas de producción textil están prácticamente sin capacidad de producción ante la caída de las ventas y la ausencia de recursos con los cuales adquirir insumos.
Las textiles ya están liquidadas por la caída en las ventas y las demás no tienen insumos para producir.
El grupo industrial Mirgor, propiedad de la familia del ministro de Economía, Luis Caputo, que posee cuatro plantas en la ciudad de Río Grande, la más populosa de la provincia, lanzó un programa de retiros voluntarios que apunta en principio a sus operarios con antecedentes de ausentismo.
El plan se aplica en las plantas de la empresa en las cuales se producen componentes electrónicos, computadoras, autopartes y celulares.
Además, la empresa decidió en las últimas semanas no renovar contratos y reducir planteles. Voceros sindicales señalan que estos planes de retiro podrían extenderse, en función de la aceptación que vayan teniendo entre los trabajadores.
La crisis en el sector industrial y el aumento del desempleo generan por estos días el comienzo de un éxodo de profesionales. Médicos, ingenieros, docentes y técnicos comienzan a dejar la provincia, donde el sueldo básico es de 340 mil pesos y la canasta básica supera largamente los dos millones de pesos.
La situación podría agravarse si Tierra del Fuego no encuentra instrumentos legales y políticos para mantener el régimen de promoción industrial que posee la provincia.
Se trata de un sistema vigente hasta 2038, y prorrogable por otros 15 años. Así, se generan beneficios fiscales y aduaneros para empresas con proyectos productivos.
En los debates que se dieron en el Congreso en el marco de la ley Bases, el régimen de promoción fue seriamente cuestionado por legisladores nacionales que lo calificaron incluso como “un sistema de despilfarro, sin controles, que insume un 0.36% del PBI”.
En ese contexto, el diputado nacional del bloque de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot impulsó una iniciativa en la Cámara baja que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias para así aumentar la recaudación. La iniciativa obtuvo 141 votos a favor y 81 en contra.
Días atrás, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cargó por medios oficiales contra los diputados que instaron al Gobierno Nacional a modificar el régimen de promoción industrial, al sostener que “hacen demagogia con el futuro de miles de fueguinos y fueguinas”.
“La modificación al subrégimen de promoción industrial de nuestra provincia pone en riesgo todo el aparato productivo de Tierra del Fuego y amenaza más de diez mil puestos de trabajo directo y otros tantos indirectos”, señaló Melella.
La supervivencia de ese sistema no es la única preocupación que preocupa a los fueguinos. Los recientes aumentos en los servicios de gas motivaron al poder Ejecutivo provincial a presentar amparos para frenar esos incrementos en el territorio más frío del país.
La iniciativa surge ante la multiplicación del valor de las facturas en hasta un 1000% que afecta tanto a usuarios residenciales como a la industria, pymes, comercios, clubes, asociaciones civiles y ong’s entre otros.
El Ministro de Energía de Tierra del Fuego, Alejandro Aguirre, confirmó que el Ejecutivo provincial está estudiando una presentación judicial para moderar los aumentos de la tarifa de gas a comercios.
También está en los planes replicar una cautelar para las tarifas domiciliarias, según ratificó el funcionario en declaraciones a la prensa.
El titular de la cartera energética aseguró además que, la empresa Camuzzi, proveedora del servicio en la provincia, no respetó los aumentos pactados con anterioridad en la Audiencia Pública en la cual se abordaron las subas.
“Teóricamente no eran los aumentos que se iban a dar porque en la Audiencia Pública se dijeron otro tipo de aumentos pero ha habido aumentos de más del 1000 por ciento”, remarcó el funcionario.
En medio de este crítico panorama, la empresa Correo Argentino anunció el cierre de la única sucursal que tiene en la ciudad de Tolhuin, ubicada a orillas del lago Fagnano, en el corazón de la provincia.
“Es muy posible que vaya un transporte de acá a Tolhuin o de Ushuaia a Tolhuin. Algún cartero, puede ser que sea así. La verdad que no tenemos nada claro con respecto a eso”, señaló en declaraciones a la prensa José Arriagada, delgado sindical del Correo Argentino en Tierra del Fuego.
De esta manera, los habitantes de esta ciudad, la tercera de la provincia, quedarán sin servicio postal, lo que afectará sus comunicaciones con el resto del territorio y del país.
Así, en tiempos de motosierra y licuadora, el clima social y económico en Tierra del Fuego parece complicarse día a día, en una provincia en la cual Javier Milei obtuvo un triunfo por más del 53% en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado.