Locos y psicópatas. Así trataban Juan Carlos Linares y Alberto Pablo Lauría a los enfermeros y enfermeras que querían utilizar barbijo para atender a las personas que se acercaban al, por entonces, Sanatorio San Camilo de Escobar. Esa desidia, junto con otras irregularidades, fue lo que llevó a que murieran 24 personas por COVID entre fines de abril y comienzos de mayo de 2020, cuando los números de fallecidos no superaban siquiera las dos cifras diarias.

La trampa mortal que significó el exsanatorio llevó al fiscal Sebastián Bringas a presentar un requerimiento de elevación a juicio para que tanto Linares (presidente de Salutis S.A. -firma que prestaba el servicio de salud- y principal responsable de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento) como Lauría (subdirector médico del establecimiento) vayan a debate oral.

Los delitos que se les imputaron a ambos son variados: propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia; homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales; abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte. 

La lista de irregularidades

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la fiscalía, el personal no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación del COVID-19. No había siquiera gente especializada en traslado de pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave. Tan solo existieron un mail y unos protocolos pegados en la pared de algunos consultorios. Una medida “meramente cosmética”.

“En relación con las instalaciones, no se adecuó un ingreso sectorizado de pacientes con procesos respiratorios agudos con el objetivo de proteger a las personas con mayor riesgo de resultados adversos de COVID-19 y al personal de salud, sino que todos ingresaban por la puerta principal”, se explicó. 

“La la totalidad del personal del establecimiento que prestó declaración testimonial reconoció que no le practicaban controles diarios del estado de salud, máxime teniendo en cuenta que el personal médico también prestaba funciones en otros centros de salud (situación de pluriempleo), lo que aumentaba el riesgo de contagio y propagación del virus SARS-CoV 2 (COVID-19).” Es decir, no había ningún tipo de control sobre los ingresos.

En la causa hasta se avanzó en un detalle estremecedor: "los cadáveres con COVID-19 (en ese momento ya existía la sospecha y tenían que ser tratados como tales) no eran transferidos con urgencia al depósito o morgue después del fallecimiento, sino que permanecían varias horas en el mismo ámbito que los pacientes que seguían internados, con el correspondiente riesgo de contagio que ello implicaba".

Las irregularidades dentro del lugar (que comenzaron apenas se decretó la emergencia sanitaria en el país en 2020) empeoraron a tal punto que el 20 de abril de 2020 las autoridades sanitarias provinciales y municipales cerraron la unidad de terapia intensiva y decretaron el aislamiento de una parte del personal sanitario. 

Sin embargo, la historia no terminó allí: “una vez conocida la magnitud de los contagios, tanto del personal del establecimiento como de los pacientes, y con posterioridad al cierre de la unidad de terapia intensiva producto de la cantidad de infectados, continuaron recibiendo nuevos pacientes hasta el 25 de abril que finalmente se dispuso el cierre preventivo, respecto de los cuales algunos también contrajeron el virus SARS-CoV 2 (COVID-19)”, remarcó el fiscal.

“En resumen, los testimonios de algunos pacientes, de familiares de pacientes y del personal de enfermería, sumado a los informes aportados por los diferentes organismos sanitarios, y el resto de la prueba producida, permite dar cuenta de la serie de incumplimientos de las medidas que establecían los protocolos publicados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que tenían carácter obligatorio y habrían sido desatendidas en forma deliberada por las autoridades del sanatorio, lo que habría generado el ámbito propicio para que el virus SARS-CoV 2 (COVID-19) ingresara en el establecimiento y se propagara por las diferentes áreas, causando un brote con lamentables consecuencias para pacientes y personal del nosocomio que se contagiaron y, además, a algunos de ellos les produjo la muerte”, mencionó la fiscalía. Además de pacientes, también murió una médica.