Imputaron a Mayra Mendoza por presuntas irregularidades en el envío de fondos a cooperativas
La medida la tomó el fiscal federal Ramiro González tras la investigación de un portal periodístico que asegura que hubo desmanejos por unos $535 millones. Están investigados dos exfuncionarios vinculados a Obras Públicas.
El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes a la intendenta Mayra Mendoza por el presunto manejo irregular de unos $535 millones destinados desde la Municipalidad de Quilmes para fondos de cooperativas de trabajos vinculadas a dos exfuncionarios de su gestión.
El funcionario judicial también dictó una serie de medidas de pruebas para avanzar en la investigación. La orden salió luego de conocerse una investigación periodística del portal El Disenso, que asegura que el municipio tuvo manejos irregulares de dinero para "favorecer" a unas cooperativas vinculadas al ex subsecretario del municipio, Sebastián Raspa. Las cooperativas presuntamente vinculadas se llaman La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda.
Fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y exfuncionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.
Tras esta publicación, la denuncia sobre el tema la efectivizó el abogado Santiago Dupuy de Lomé. La presentación dice que Raspa había sido Subsecretario de hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia. Relató que a los nombrados se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa.
En base a la denuncia, el fiscal González le notificó al juez federal Ariel Lijo el impulso de la causa y solicitó llevar adelante una serie de medidas que incluye la compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde están registradas todas las cooperativas, informes a la entidad y los datos sobre las cooperativas denunciadas en este caso. También se pidió informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídica.
El fiscal busca saber además “toda la normativa y/o acto administrativo que dé cuenta si Sebastián Raspa, Romina Cangelosi y Martín Bordalejo se han desempeñado en el Municipio de Quilmes, y en su caso, se recaben las constancias pertinentes que indiquen los cargos que ocupan y/u ocuparon, con sus respectivos períodos de tiempo de ejercicio”.