El plan de Aníbal Fernández para desbaratar las bandas del crimen organizado en la provincia de Santa Fe

Con el objetivo de darle un abordaje conjunto a la problemática de la inseguridad en Santa Fe, este martes la plana mayor del gobierno nacional y el gobernador Omar Perotti, anunciaron el trazo grueso de un plan integral que contempla mucho más que el envío de fuerzas federales para patrullar el territorio.

El jefe de Gabinete Juan Manzur, los ministros Aníbal Fernández y Wado de Pedro y el mandatario santafesino explicaron en conferencia de prensa desde la Casa Rosada el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días, como así también la creación de una unidad móvil para reforzar la seguridad en la provincia.

Pero eso fue solo la carátula de una tarea mucho más integral que, claramente, no puede ser explicitada públicamente porque implica un trabajo de inteligencia criminal muy importante, donde el factor sorpresa cobra relevancia para lograr éxito y que apunta al corazón de las organizaciones criminales asentadas en Santa Fe. "La planificación incluye la participación de efectivos de Nación para efectuar tareas de prevención y patrullaje, que marquen presencia territorial, pero eso es solo la punta del iceberg", explicó una fuente que participó del diseño de la estrategia.

"Es algo muy diferente a lo que había dispuesto la anterior ministra (Sabina Frederic), que claramente no fue efectivo", detalló el funcionario consultado al hacer referencia al Comando Conjunto que "no cumplió con los objetivos trazados, tenía poca actividad y estaba mal coordinada".

Desde la cartera de Seguridad nacional dejaron trascender que “el cambio clave es que ahora habrá conducción política de las fuerzas federales: será el fin de la desidia, la inoperancia, el burocratismo y el mirar para el otro lado”. Para graficar este diagnóstico lapidario, la fuente consultada remató: "en nueve meses hicieron sólo 40 intervenciones”

Tras acordarlo con Perotti, Fernández decidió terminar con esta estructura y crear una unidad de despliegue, denominada Comando Táctico, que es operacional y está preparada para hacer allanamientos y desarrollar acciones investigativas.

"No son para hacer control vehicular, si bien pueden colaborar en seguridad preventiva, su principal objetivo es abordar frontalmente la lucha contra el crimen organizado", relató el vocero, quien además precisó que esa unidad de despliegue "va a estar lista en marzo y tendrá mil gendarmes que se quedarán de manera permanente en la ciudad de Rosario". Mientras tanto se conforma este dispositivo, el gobierno nacional dispuso el envío de las mencionados 575 Gendarmes que llegarán a Rosario en las próximas semanas y que luego se integrarán a la unidad especial, para ser utilizados en los operativos dispuestos contra las bandas criminales.

Además del titular de la cartera provincial Jorge Lagna, quien tiene un papel transcendental en este nuevo esquema es su antecesor en el cargo, Marcelo Sain, quien actualmente se desempeña al frente del organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación, que maneja la Policía Judicial. "Estamos conformando una brigada de investigaciones con efectivos de la PFA que van a trabajar en operaciones contra el delito complejo. Y también un equipo de la PSA que coordinará con el resto de las fuerzas", dijo Sain a Data Clave. La jefatura operativa será de Gendarmería y trabajará coordinadamente con la Policía Judicial del MPA y los fiscales provinciales

Los cambios de fondo

Con letra del propio Sain, el gobernador Perotti presentó el año pasado tres proyectos clave ante la legislatura provincial para reformar la policía santafesina, crear un poderoso órgano de control externo, y reformular todo el sistema de Seguridad provincial. Sin embargo, la oposición le cerró los caminos para debatir en la legislatura estas iniciativas, que siguen trabados, a la espera del quórum necesario para su tratamiento.

Con escepticismo, desde la oposición, el diputado provincial Carlos del Frade sostuvo que "para Perotti este anuncio fue una noticia importante mientras se avanza en la reconversión de la policía provincial; Manzur agregó que hay un plan muy claro para Rosario; y a mí se me ocurren plantear algunas reflexiones: Sergio Berni en 2014 trajo tres mil agentes y las violencias urbanas, consecuencia de negocios ilegales, continuaron; no hubo anuncios sobre inversión social en los barrios ni mención alguna a los puertos y el lavado de dinero. Tampoco sobre la necesidad de tener control bicameral sobre fuerzas de seguridad y ni una palabra sobre el juzgado federal en San Lorenzo que, en su momento, anunció el presidente de la Nación. No parece verse el punto final al narcotráfico".

Ponce Asahad recuperó la libertad

Parte de la disputa que viene desplegando el gobierno de Perotti contra el crimen organizado, apunta a desmantelar el aparato de colaboración con el delito complejo enquistado en el ministerio público de la acusación. Parte de esa disputa quedó plasmada en las investigaciones que se dieron en el marco del denominado "mani pulite" santafesino, donde quedó en evidencia la complicidad de algunos fiscales en organizaciones delictivas. 

Uno de ellos, Gustavo Ponce Asahad, quien desde el 31 de julio del año pasado permanecía tras las rejas  cuando fue señalado por el empresario de juego Leonardo Peiti a quien le cobró coimas durante un año para ayudarlo a esquivar investigaciones y allanamientos en su contra, fue liberado este martes.

Ponce Asahad había sido condenado a seis años de prisión. Obtuvo una rebaja de tres años por acogerse a la figura de imputado colaborador mediante la cual aportó información que resultó relevante para la investigación del juego ilegal en la provincia y sus nexos con actores institucionales

En ese momento Peiti también acusó de participar de esas maniobras al entonces fiscal regional Patricio Serjal. El escándalo terminó con ambos funcionarios judiciales destituidos y tras las rejas (a Serjal le concedieron en febrero pasado prisión domiciliaria por cuestiones de salud).

El avance de la investigación colocó a Ponce Asahad como miembro y a Serjal como uno de los jefes de una asociación ilícita que regenteaba redes de juego clandestino en distintos puntos de la provincia de Santa Fe junto con Peiti y el empresario de juego rafaelino David Perona, quien durante el proceso murió por covid.

En el marco de esta investigación, y a partir de declaraciones que Ponce Asahad decidió formular en diciembre pasado, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra han colectado elementos a partir de los cuales quieren imputar como organizador de esa red al senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri.

El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto para recibir dinero de Peiti, a cambio de transmitirle directa o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tener a Peiti como sospechoso o aquellas que él le solicite o las referidas a juego ilegal.